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Calibre Mining renuncia a cuatro concesiones en Nicaragua mientras su nueva dueña, Equinox Gold, enfrenta una ofensiva fiscal millonaria

La renuncia se produce en un contexto de expansión minera por parte de empresas extranjeras, principalmente chinas. Solo en los últimos dos años, el ahora Órgano Ejecutivo nicaragüense ha otorgado más de 800,000 hectáreas a compañías chinas, incluyendo áreas dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, un ecosistema protegido de alta biodiversidad. Hasta finales de 2023, Nicaragua había concedido 299 licencias mineras, de las cuales 172 eran para minería metálica y 127 para minería no metálica.


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Managua, Nicaragua
Minero artesanal comienza su jornada laboral en la Costa Caribe de Nicaragua | Fotografía de COYUNTURA por Jairo Videa
Minero artesanal comienza su jornada laboral en la Costa Caribe de Nicaragua | Fotografía de COYUNTURA por Jairo Videa

En medio de un creciente clima de hostigamiento fiscal y el avance acelerado de concesiones mineras a empresas chinas, la canadiense Calibre Mining —ahora absorbida por Equinox Gold— renunció a cuatro concesiones de exploración a cielo abierto en el Caribe nicaragüense, sumando 178,893.76 hectáreas, según consta en La Gaceta - Diario Oficial, en sus ediciones de los días jueves 30 y viernes 31 de octubre de 2025.


La decisión, justificada oficialmente por "falta de potencial de interés", se produce mientras la nueva matriz de Calibre, Equinox Gold, enfrenta una disputa con la Dirección General de Ingresos (DGI) por un reclamo de 36.6 millones de dólares en impuestos, intereses y multas, en lo que constituye uno de los más agresivos embates fiscales del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo contra una empresa extranjera del sector extractivo.


Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Calibre Mining —subsidiaria en Nicaragua de la canadiense Calibre Mining Corp., presente en el país desde 2009— desistió de continuar sus labores en los lotes Azurita, Tamagás, Kisauri y Geranio, ubicados en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur.


Los documentos publicados en La Gaceta - Diario Oficial detallan que las áreas liberadas son:


  • Azurita, con 49,677.46 hectáreas en Puerto Cabezas y Prinzapolka (Caribe Norte).

  • Tamagás, con 37,863.99 hectáreas en Prinzapolka (Caribe Norte) y La Cruz de Río Grande (Caribe Sur).

  • Kisauri, con 43,457.09 hectáreas en Prinzapolka.

  • Geranio, con 47,895.22 hectáreas entre Prinzapolka y La Cruz de Río Grande.


El MEM explicó que la empresa "no encontró potencial de interés a corto y mediano plazo" y que las áreas renunciadas quedarán libres de derechos 30 días después de su publicación, permitiendo al Estado otorgarlas nuevamente a otras compañías.


La renuncia se inscribe en un contexto en el que el régimen Ortega-Murillo ha acelerado la entrega de permisos mineros a empresas chinas, superando las 800,000 hectáreas concedidas en apenas dos años, algunas dentro de áreas protegidas como la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.


De Calibre a Equinox: una fusión y un conflicto


En enero de 2025, Calibre Mining anunció su fusión con Equinox Gold, otra firma canadiense con operaciones en América del Norte y del Sur, convirtiéndose así en la segunda minera más grande de Canadá y en la mayor operadora de oro en Nicaragua.


Equinox heredó las operaciones locales de Calibre, entre ellas Tritón Minera (Mina El Limón) y Desarrollo Minero de Nicaragua S.A. (Desminic) (Mina La Libertad), así como sus compromisos laborales, fiscales y medioambientales.


Sin embargo, pocos meses después, Equinox reportó en su informe financiero trimestral una disputa fiscal con la DGI por 36.6 millones de dólares, derivados de un desacuerdo sobre la deducibilidad de los impuestos mineros.


"Las subsidiarias nicaragüenses de la compañía han ejercido su derecho legal a acreditar los impuestos mineros anuales pagados contra el Impuesto sobre la Renta (IR). Sin embargo, la autoridad tributaria ha informado que no aplicará esos pagos entre 2019 y 2024", señala el documento presentado por Equinox a sus accionistas.


El reclamo de la DGI, que incluye multas e intereses, surge tras la reforma tributaria de 2019, impulsada por Ortega y Murillo, que eliminó la posibilidad de deducir las regalías pagadas al Estado por la extracción de oro.


El artículo 72 reformado de la Ley de Concertación Tributaria estableció explícitamente que "el pago del derecho de extracción o regalía no será deducible para fines del cálculo del Impuesto sobre la Renta".


No obstante, las compañías bajo el régimen general aún conservan derecho a deducciones y exoneraciones por gastos específicos y pueden beneficiarse de incentivos fiscales relacionados con la importación de maquinaria, insumos o combustibles.


Equinox Gold: "el proceso sigue su cauce legal"


Consultada por La Prensa, la oficina de Equinox Gold en Managua confirmó la disputa, subrayando que el caso se encuentra "en proceso ante las autoridades competentes". "La situación se está ventilando dentro del marco legal. Equinox Gold mantiene una postura transparente y respetuosa frente a sus obligaciones fiscales", expresó la empresa.


En su reporte corporativo, la compañía agregó que no ha reconocido contablemente el reclamo del régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) porque no considera probable una salida de efectivo derivada de la controversia, y que interpuso un recurso administrativo tributario mientras mantiene "conversaciones activas" con la autoridad fiscal.


A pesar de las tensiones, Equinox Gold proyecta para 2025 una producción de entre 200,000 y 250,000 onzas de oro en Nicaragua, lo que representa una parte significativa de su meta global de 785,000 a 915,000 onzas.


La minera planeaba además incrementar su capital en el país entre 60 y 70 millones de dólares, la segunda inversión más alta dentro de su portafolio continental.


Actualmente, Equinox asegura mantener una inversión de 20 millones de dólares en exploración en distintas zonas y haber solicitado nuevas concesiones como parte de su estrategia de renovación de reservas y expansión sostenible. "La devolución de concesiones es una práctica común en la industria minera, resultado de una evaluación continua de los activos. Equinox reafirma su compromiso con una minería responsable, segura y sostenible en Nicaragua", afirmó la compañía.


Según sus cifras, las operaciones mineras de Equinox generan más de 4,500 empleos directos e indirectos, contribuyendo a las economías locales donde opera.


Un entorno cada vez más restrictivo


El conflicto fiscal con Equinox no es un hecho aislado. En los últimos meses, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha desplegado una ofensiva tributaria contra empresas nacionales y extranjeras.

Entre ellas destacan:


  • Un cobro judicial de 79 millones de dólares a la Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN), filial de la Cervecería Nacional (CCN).

  • Un reparo fiscal de 394.5 millones de córdobas contra Agricorp, empresa agroindustrial nicaragüense que se ha visto obligada a reducir operaciones.


Estas medidas coinciden con la expansión acelerada de empresas mineras chinas en el país. Según un recuento de La Prensa, al 21 de octubre de 2025, 11 compañías chinas controlaban 56 concesiones equivalentes a 831,057 hectáreas, es decir, el 6.38 % del territorio nacional, un área casi equivalente al tamaño del departamento de Río San Juan.


En 2024, las exportaciones mineras nicaragüenses ascendieron a 1,391.6 millones de dólares, un incremento del 20.1 % respecto a 2023, según el Banco Central de Nicaragua (BCN). El oro consolidó su posición como principal producto de exportación, por encima del café, la carne y el azúcar.


Calibre —ahora Equinox— fue la mayor exportadora del país, consolidando su peso en una industria que genera más de 3,500 empleos directos y miles de indirectos, pero que también ha sido objeto de creciente presión política y económica.


En un contexto de autoritarismo, opacidad y concentración de poder económico en manos del Ejecutivo, las recientes medidas fiscales y la reconfiguración del mapa minero —con protagonismo chino y debilitamiento de las compañías occidentales— apuntan a una estrategia de control estatal y realineamiento geopolítico dentro del sector más lucrativo del país centroamericano.


Mientras tanto, la salida parcial de Calibre Mining y la incertidumbre que enfrenta Equinox Gold marcan un nuevo capítulo en la relación entre el régimen Ortega-Murillo y las corporaciones mineras extranjeras, una relación donde el oro, la política y la renta fiscal se entrelazan bajo la sombra del autoritarismo.



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