Xiomara Castro acepta acatar la declaración del Consejo Electoral de Honduras y aboga por un traspaso "pacífico" pese a la controversia electoral que excavó hasta hoy
- Dec 18, 2025
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La presidenta izquierdista intenta cerrar la confrontación política y, durante el cambio de mando de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) hondureñas, se compromete —"aún en difíciles circunstancias" y un día después de decir que "Rixi se queda"—, a una transición con el Consejo Nacional Electoral (CNE) como principal arbitro constitucional. La mandataria también aludió este jueves a la existencia de "26 audios" que, según sostuvo, advertían sobre un posible "golpe electoral" y que, a su juicio, "se han ido cumpliendo matemáticamente". En el mismo discurso, reiteró sus denuncias sobre amenazas de intervención extranjera, señalando de manera explícita a Estados Unidos. "Terminaré pacíficamente mi mandato como la primera mujer presidenta de la República", dijo.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este jueves 18 de diciembre de 2025 que respetará y reconocerá al ganador de las elecciones generales del domingo 30 de noviembre que sea oficialmente proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y aseguró que facilitará un traspaso de mando "pacífico". La decisión se produce en medio de tensiones políticas e institucionales por pedidos oficialistas y liberales de un recuento integral de actas, la intervención de la cúpula militar en las labores de custodia del proceso y denuncias públicas de falta de transparencia.
"Aun en estas difíciles circunstancias, he sido respetuosa de la ley y de la Constitución de la República, y para mantener la paz en nuestro país… respetaré al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral", expresó Castro durante una ceremonia militar en Tegucigalpa, en la que también marcó su respaldo a la labor del órgano electoral dentro del marco legal.
Choque entre solicitudes de recuento y el marco jurídico del CNE
Los llamados al recuento "voto por voto" —impulsados por el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), cuya candidata Rixi Ramona Moncada figura en la tercera posición con el 19,29 % de los votos, y por Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PLH), ubicado en segundo lugar con el 39,19 %— chocan con la interpretación legal del propio CNE.
En un comunicado el miércoles 17 de diciembre de 2025, el órgano electoral negó la posibilidad de un recuento generalizado a nivel presidencial: "la Ley Electoral de Honduras no reconoce ni admite la figura del 'voto por voto' total a nivel nacional sin causa", argumentó, y advirtió que aceptar un procedimiento de ese tipo podría desencadenar solicitudes equivalentes en otros niveles de elección y "desnaturalizar" el sistema de escrutinio establecido por la ley.
Los datos provisionales con los que trabaja el CNE —basados en el 99,80 % de las actas escrutadas— sitúan a Nasry "Tito" Asfura, candidato del conservador Partido Nacional (PNH), al frente de la votación con el 40,54 % de los sufragios. Frente a esa cifra, las demandas de un recuento total se mantienen como el principal punto de fricción entre fuerzas políticas y representantes partidarios.
Plazos, transición y seguridad: fechas clave
Castro recordó que el plazo legal para que el CNE emita la declaratoria oficial vence el miércoles 30 de diciembre, y adelantó que su mandato concluirá "pacíficamente" el martes 27 de enero, fecha en la que, dijo, pondrá fin a su gestión como la primera mujer presidenta de Honduras. En ese marco, la presidenta izquierdista subrayó que su gobierno colaborará con una transición ordenada una vez que el órgano electoral emita la proclamación.
En paralelo, el papel de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) adquirió protagonismo. Castro pidió al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio, y a la nueva cúpula castrense que respalden al CNE en la "custodia y seguridad" del proceso electoral para que los escrutinios especiales previstos se completen antes del 30 de diciembre.
Sociedad civil y mensaje al alto mando militar
La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) se sumó al debate con un llamado público al nuevo alto mando militar para que actúe sin presiones políticas, en un contexto en que las FF.AA. atienden requerimientos del CNE. En su pronunciamiento la CCIT pidió hoy que las actuaciones se realicen "sin imposiciones políticas, sin presiones externas y sin responder a intereses particulares", y recalcó que la legitimidad castrense emana de su neutralidad y no participación política. El gremio empresarial sostuvo que el cumplimiento estricto de las atribuciones constitucionales por parte de las fuerzas armadas es "clave para preservar la paz social y la credibilidad del sistema democrático".
Denuncias de falta de transparencia y otras denuncias públicas
Castro volvió a lamentar lo que definió como un proceso "seriamente cuestionado por la falta de transparencia, la participación de organizaciones armadas y pandillas", y aseguró que "los 26 audios que advertían sobre un posible golpe electoral 'se han ido cumpliendo matemáticamente'", sin detallar en la intervención los contenidos de dichos audios ni aportar evidencia adicional en el acto.
La mandataria también reiteró denuncias sobre "amenazas al pueblo hondureño con la intervención extranjera de Estados Unidos".
En este punto, la mezcla de denuncias internas —audios, acusaciones sobre actores armados o pandillas— y señales externas elevan la percepción de riesgo político e institucional, según la interpretación oficial de la presidenta, aunque el CNE mantiene su postura sobre los límites legales del recuento.
La sombra de la influencia extranjera y el factor Trump
El proceso electoral estuvo marcado por comentarios de actores internacionales: tres días antes de los comicios, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Donald Trump, instó a los hondureños a votar por Asfura y calificó a Moncada de "comunista".
Castro interpretó esas intervenciones como presiones externas que, junto a otros elementos, complicaron, por menos, la normalización del proceso electoral.
Presencia de la familia Hernández y el relevo militar
La ceremonia militar en Campo Parada Marte, que arrancó a las 10:00 a.m. y tuvo como eje el traspaso de mando y el retiro de oficiales de la XXVIII Promoción de las Fuerzas Armadas, también contó con la presencia inédita de Daniela e Isabela Hernández, hijas del expresidente Juan Orlando Hernández (2014–2022). Las jóvenes afirmaron que están "respaldando a un grupo de militares que hoy se retira" y manifestaron agradecimiento "por su servicio cuando el país más lo ha necesitado".
Sobre la situación de su padre —condenado en 2022 a 45 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico— las hijas dijeron que está "muy bien, feliz de tener su libertad" tras ser liberado en Estados Unidos mediante un indulto otorgado por Donald Trump, y que, por ahora, no planea regresar a Honduras.
En días previos el exmandatario había negado cualquier intención de volver al país centroamericano o de afectar el orden constitucional, calificando como "completamente falsa" la acusación de Castro acerca de un supuesto golpe de Estado orquestado por el nacionalista, que tiene orden de captura en territorio hondureño.
Balance y desafíos: institucionalidad y confianza pública
Los hechos reunidos en las últimas semanas —reclamos por un recuento total, la negativa del CNE basada en la Ley Electoral, denuncias públicas por audios y presuntas coacciones, el llamado de la CCIT a la neutralidad militar y la presencia pública de la familia del exmandatario narcotraficante perdonado por el derechista Trump— configuran un escenario de alta politización institucional en el que la credibilidad del proceso electoral y la percepción de imparcialidad de las Fuerzas Armadas aparecen como los ejes decisivos para la estabilidad política inmediata.
La presidenta Castro apostó públicamente por respetar la proclamación del CNE y por una transición pacífica, pero al mismo tiempo subrayó los elementos que, desde su mirada, han puesto en duda la limpieza del proceso. El reto inmediato para las instituciones hondureñas será cumplir los plazos legales —la declaratoria del CNE antes del 30 de diciembre— y mostrar, a través de actos y comunicaciones, que las garantías de imparcialidad y seguridad se mantienen intactas para evitar que las tensiones políticas deriven en una mayor inestabilidad.
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