El cálculo electoral se impone al debate jurídico: la Asamblea de Costa Rica frena el desafuero de Rodrigo Chaves y congela la investigación por beligerancia política
- Redacción Central
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En términos de bloques, el respaldo al levantamiento de la inmunidad provino mayoritariamente del Partido Liberación Nacional (PLN), que aportó 16 votos. El Frente Amplio votó de forma unánime a favor del desafuero, mientras que una minoría del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con cuatro votos, se sumó a la iniciativa. A ellos se agregaron seis legisladores independientes, los dos diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) y un voto del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), emitido por Luz Mary Alpízar. En contraste, los 21 votos que terminaron salvando al presidente Chaves del levantamiento de su inmunidad provinieron de los ocho legisladores chavistas del PPSD, liderados por Cisneros; de cinco diputados del PUSC; de los seis integrantes de Nueva República; así como del independiente Gilberth Jiménez y de la liberacionista Carolina Delgado.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
La votación celebrada este martes 16 de diciembre de 2025 en la Asamblea Legislativa costarricense dejó al descubierto una constante que atravesó el debate de principio a fin: la lectura electoral de sus consecuencias. Más allá de los argumentos jurídicos sobre la procedencia o no del levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, el pulso político estuvo marcado por el temor —o la conveniencia— de alterar el tablero a pocas semanas de las elecciones nacionales.
El resultado fue contundente en su simbolismo, aunque estrecho en números. El Congreso no alcanzó la mayoría calificada necesaria para desaforar al mandatario y permitir que continuara la investigación por 15 denuncias de presunta beligerancia política. La iniciativa obtuvo 35 votos a favor, tres menos de los 38 requeridos por la Constitución, y quedó bloqueada por una coalición diversa de intereses que, en los hechos, terminó salvando al presidente de enfrentar el proceso mientras permanezca en el cargo.
La influencia del calendario electoral no fue un elemento tácito ni marginal. Por el contrario, varios diputados reconocieron abiertamente que el impacto político de la decisión pesó tanto o más que la valoración jurídica del caso. Así lo confirmó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, quien sostuvo que la Asamblea cumplió con la obligación institucional de tramitar la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero admitió que, entre la pluralidad de criterios, algunos legisladores priorizaron consideraciones electorales.
Ese razonamiento se expresó con particular crudeza desde las propias filas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). El diputado Leslye Bojorges advirtió que, de haberse alcanzado los 38 votos para levantar la inmunidad, el resultado habría sido un impulso directo para el oficialismo. Según afirmó, una eventual aprobación del desafuero habría allanado el camino para una victoria en primera ronda de Laura Fernández, candidata presidencial del chavismo. Su intervención, lejos de un tono moderado, derivó en un discurso frontal contra la oposición, a la que calificó como políticamente errática y condenada al fracaso.
No todos en su partido compartieron esa lectura. La también socialcristiana Daniela Rojas, quien sí votó a favor del levantamiento de la inmunidad, cuestionó con dureza el momento elegido para llevar el tema al plenario. Reconoció haber intentado frenar la votación, convencida de que discutir el desafuero a mes y medio de las elecciones constituía un error estratégico que, en su criterio, no aportaba nada positivo al proceso democrático en curso.
El fracaso del desafuero y el mapa de alianzas
El resultado final reflejó una Asamblea fragmentada y atravesada por lealtades cruzadas. A favor del levantamiento de la inmunidad se pronunciaron 16 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), los seis legisladores del Frente Amplio (FA), cuatro del PUSC, seis independientes, los dos representantes del Partido Liberal Progresista (PLP) y una diputada del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar.
En el bloque contrario —el que terminó siendo decisivo— se alinearon los ocho diputados chavistas del PPSD, liderados por Pilar Cisneros; cinco socialcristianos; los seis integrantes del Partido Nueva República (PNR); el diputado independiente Gilberth Jiménez y la liberacionista Carolina Delgado.
El desenlace estuvo condicionado también por factores de última hora. Aunque inicialmente se había anunciado la presencia del presidente Chaves en el plenario, finalmente no acudió. La vocera oficialista, Pilar Cisneros, argumentó que no estaban claras las reglas del debate, una afirmación que fue posteriormente desmentida por la propia Asamblea, que aseguró haber remitido dichas reglas con antelación.
En paralelo, la diputada liberacionista Sonia Rojas se ausentó por motivos médicos, mientras que la frenteamplista Sofía Guillén acudió a votar pese a encontrarse en licencia de maternidad.
Incluso el independiente Luis Diego Vargas, cuyo voto no siempre es predecible, permaneció en el recinto hasta el momento de la votación, aunque su respaldo resultó insuficiente para inclinar la balanza.
El papel del TSE y la suspensión del proceso
Tras la decisión legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones se pronunció para aclarar el alcance y las consecuencias del rechazo al desafuero. En un comunicado oficial, el órgano electoral confirmó que el proceso sancionador por presunta beligerancia política contra el presidente quedará suspendido de manera temporal y se reactivará únicamente cuando Chaves pierda la inmunidad que le confiere el cargo, es decir, una vez concluido su mandato el 8 de mayo de 2026.
En términos prácticos, esto implica que mientras el mandatario continúe en funciones, la investigación no avanzará. No obstante, el TSE subrayó que la votación parlamentaria no pone en duda su competencia para investigar y sancionar este tipo de conductas.
Por el contrario, destacó que tanto la admisión del caso en la comisión especial legislativa, como el informe de mayoría, el criterio de Servicios Técnicos y el propio debate en el plenario, ratificaron la autoridad del Tribunal para actuar en materia de beligerancia política y para solicitar, cuando corresponde, el levantamiento de inmunidades.
El organismo electoral fue enfático al diferenciar los planos de análisis. Mientras los jueces electorales se rigen por criterios técnico-jurídicos, el Poder Legislativo —señaló el Tribunal— puede incorporar consideraciones de coyuntura y conveniencia política en sus decisiones. Aun así, el TSE dejó claro que respeta la resolución adoptada por el Congreso.
Qué está en juego: la beligerancia política
El caso que permanece en suspenso se origina en la admisión de 15 denuncias contra Rodrigo Chaves por supuesta beligerancia política, una figura que no constituye un delito penal, pero sí un ilícito electoral. La beligerancia se configura cuando funcionarios públicos incumplen el deber constitucional de imparcialidad político-partidaria y, mediante declaraciones o acciones, favorecen explícita o implícitamente a una candidatura.
De comprobarse, las sanciones previstas son severas: destitución del cargo e inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de entre dos y cuatro años. Precisamente por la gravedad de esas consecuencias, y por tratarse de un funcionario con fuero de protección, el TSE solicitó a la Asamblea el levantamiento de la inmunidad para continuar con la investigación de fondo.
El rechazo al desafuero no solo congela un proceso específico; también deja al descubierto las tensiones estructurales entre legalidad, oportunidad política y cálculo electoral. La votación mostró cómo, en un contexto preelectoral, el Congreso optó por una lectura estratégica de los costos y beneficios inmediatos, incluso a riesgo de posponer el esclarecimiento de denuncias que tocan el corazón de la imparcialidad democrática.
La investigación contra Rodrigo Chaves no ha sido archivada ni desestimada: simplemente ha quedado en pausa. El expediente seguirá esperando, al menos hasta mayo de 2026, cuando la inmunidad presidencial decaiga y el Tribunal Supremo de Elecciones retome el trámite. Hasta entonces, la discusión sobre los límites entre política y legalidad, y sobre el papel de la Asamblea como contrapeso institucional, seguirá abierta, marcada por una pregunta incómoda: ¿qué pesa más en momentos decisivos, el principio jurídico o el cálculo electoral?
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