Choque en Guatemala entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público desata más amenazas legales

La tensión política en Guatemala alcanzó un nuevo pico el lunes 29 de enero de 2024, como lo predijo la Redacción de COYUNTURA hace siete días, cuando el presidente Bernardo Arévalo anunció que se están considerando "acciones legales contra la fiscal general Consuelo Porras". Este episodio se desencadenó después de que la jefa del Ministerio Público (MP) se retirara de una reunión de Gabinete convocada por Arévalo, alegando que su presencia en la misma era inconstitucional, luego de asistir solamente para tomarse tres fotografías en el salón de la convocatoria. Este enfrentamiento profundiza la crisis institucional en el país centroamericano, generando preocupación sobre el respeto a la autonomía de la fiscalía y la separación de poderes. Mientras tanto, el Poder Legislativo analiza reforzar la Ley Orgánica del MP.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Política, corrupción y ciudadanía

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Una de tres fotografías publicadas por el Ministerio Público de Guatemala el lunes 29 de enero de 2024, luego de que la fiscal Consuelo Porras hiciera acto de presencia en reunión con el Gabinete de Gobierno y Bernardo Arévalo | Fotografía cortesía

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció esta semana que está considerando emprender "acciones legales" contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras. La discordia entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía del país centroamericano empeora una vez más, en esta ocasión después de una frustrada reunión de Gabinete a la que la fiscal fue invitada, asistió, pero se retiró argumentando que su presencia en ese marco no era "legal". "Se lo hice saber al señor presidente", dijo Porras al salir de la convocatoria de este lunes 29 de enero de 2024. Pocos minutos después de su inicio, y tras haberse tomado tres fotografías que fueron publicadas por el MP en sus redes sociales digitales, la fiscal abandonó la reunión, alegando que ésta se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de ministros, un escenario que, según la legislación, le está vedado. Porras fundamentó su decisión en la necesidad de respetar la autonomía del Ministerio Público y la prohibición constitucional de participar en reuniones deliberativas del Organismo Ejecutivo. "No puedo estar ahí", dijo.

Arévalo, en una conferencia de prensa posterior, explicó que la invitación tenía como objetivo establecer una coordinación interinstitucional sobre aspectos de interés para el Gobierno, sin intenciones de discutir casos específicos. Argumentó que se buscaba obtener información sobre las políticas del MP para ajustarlas a las del Gobierno, citando de ejemplo las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El presidente sostuvo que Porras estaba plenamente informada sobre el propósito de la reunión, según oficios enviados por el MP el 19 y 24 de enero de este año. Afirmó que la fiscal, al retirarse, incumplió con su obligación legal establecida en la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual establece que el presidente puede invitar al fiscal general a participar en juntas de ministros con voz, pero sin voto. Arévalo, molesto, afirmó el lunes que los argumentos de Porras eran "no aplicables" y evidenciaban una falta de voluntad para cumplir con la ley. Anunció que el Gobierno estaría examinando acciones legales que procedan ante esta situación. Las declaraciones del presidente dejan entrever una escalada en el conflicto, ya que se plantea la posibilidad de recurrir a instancias judiciales para resolver la discrepancia. El tono cada vez se eleva más.

El MP respondió a través de un video en redes sociales, donde el secretario general del ente investigador, Ángel Pineda, explicó que la reunión se llevó a cabo como un consejo de ministros, no como una junta de Gabinete, lo cual no estaba conforme a las normativas legales. Aseguró que Porras se retiró para evitar irregularidades legales y destacó que Arévalo decidió cerrar la sesión del consejo de ministros e iniciar una sesión de Gabinete, pero esta no cumplía con las condiciones legales.

La amenaza de acciones legales por parte del Gobierno plantea un escenario incierto para la estabilidad institucional en Guatemala, dicen analistas consultados por el equipo de COYUNTURA. La relación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público está en un punto crítico, y las consecuencias de este conflicto podrían tener un impacto significativo en el funcionamiento del país, y en las acusaciones penales al respecto.

El martes 30 de enero de 2024, la Junta Directiva del Congreso Legislativo remitió a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional la iniciativa de ley que busca reformar la Ley Orgánica del MP, para modificar las justificaciones con las que el presidente de la República podría destituir a quien este en el cargo de fiscal general. El expresidente del parlamento, Allan Rodríguez del partido VAMOS, pidió a la Junta Directiva, ahora a cargo del diputado Nery Ramos y Ramos, que dicha iniciativa también reciba dictamen de las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, Finanzas Públicas y Reformas al Sector Justicia.

La crisis entre el presidente Arévalo y la fiscal Porras no solo expone la tensión política en Guatemala, sino que también pone de manifiesto la lucha por la autonomía y el respeto a las funciones de las instituciones, con fuertes acusaciones de corrupción contra el Ministerio Público y su jerarquía. El desenlace de este enfrentamiento podría tener implicaciones profundas en la estabilidad democrática del país, destacando la importancia de encontrar soluciones que respeten el marco legal y preserven la integridad de las instituciones guatemaltecas.

Suscríbase aquí a El Boletín de COYUNTURA y reciba las noticias de la actualidad de Nicaragua, Centroamérica y el mundo.