Cinco casos que revelan el fracaso del "régimen de convivencia familiar" y el inexistente "perdón presidencial" en Nicaragua

El perdón a las penas por crímenes graves, y las liberaciones realizadas bajo una figura ilegal e inexistente como el "perdón presidencial" para presos comunes no rehabilitados, ha dejado luto en varias familias del país centroamericano, siendo el último caso registrado en el mes de enero.

Por Voces En Libertad | @VocesNi

Política, violencia, seguridad y ciudadanía

Managua, Nicaragua

Fotografía de Coyuntura

Al menos seis personas han sido víctimas de criminales condenados o detenidos con antelación, a quienes Daniel Ortega ha concedido libertad utilizando el concepto del "perdón presidencial", una figura inventada por su administración, que ha permitido la salida de más de 10 mil hombres y mujeres de las cárceles en los últimos años, muchos de los cuales no han cumplido totalmente con sus condenas ni han demostrado arrepentimiento o rehabilitación adecuada para reintegrarse a la sociedad, según afirma una defensora de los derechos humanos cuya identidad se mantiene protegida por su seguridad. "El perdón presidencial no tiene base legal en Nicaragua", señala una abogada vinculada a una organización feminista. "Es un invento, al igual que la liberación de decenas de personas privadas de libertad que no están preparadas para reinsertarse en la sociedad y que, como hemos visto, reinciden en la delincuencia", añade. La jurista también destaca que las leyes del país solo contemplan el indulto, un privilegio que únicamente puede otorgar la Asamblea Nacional mediante un proceso establecido en la Constitución Política del país, y que aunque puede ser iniciado por el Ejecutivo, debe ser sometido a votación como cualquier otra ley.

Otra forma de liberación es la medida de Convivencia Familiar, que se otorga por orden judicial cuando existe la certeza de una próxima libertad definitiva. Sin embargo, en los numerosos casos de liberación llevados a cabo por el régimen, y publicitados en los medios oficiales sin detalles sobre los delitos cometidos o el estado de las penas de los liberados, ninguna de las figuras legales se ha aplicado correctamente.

"El resultado ha sido desastroso y ha habido víctimas. El régimen, al liberar irresponsablemente a los perpetradores, es cómplice indirecto de lo que ha ocurrido", afirma la abogada, mencionando casos de feminicidio en actos de reincidencia.

Desde que la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo comenzó a liberar a reos comunes sin seguir los procedimientos legales adecuados, ha habido casos de mujeres asesinadas por hombres que salieron de la cárcel bajo el concepto del "perdón presidencial", según denuncian organizaciones feministas del país.

"Estos agresores fueron liberados sin haberse sometido a evaluaciones psicológicas ni demostrar rehabilitación. Muchos ni siquiera habían cumplido la mitad de su condena. El resultado: más crímenes", acusa la experta.

La última víctima de los indultos del régimen Ortega-Murillo fue el joven Dereck José Gómez Tijerino, de 22 años de edad, quien trabajaba en el área administrativa de la Empresa Portuaria Nacional (EPN). Dereck José, reportado como desaparecido desde el cuatro de enero, fue encontrado tres días después, el domingo siete de enero, sin vida en un terreno baldío cercano a la Catedral de Managua. Su cuerpo presentaba cuatro heridas de arma blanca en distintas partes, incluyendo el cuello y el tórax, según el dictamen de Medicina Legal.

El jueves 11 de enero de 2024, cuatro días después del hallazgo, la Policía presentó a Kevin José González Matamoros, responsable de la muerte del joven. Según la investigación, el móvil fue el robo. González Matamoros había sido liberado casi dos años antes bajo el concepto del "perdón presidencial", cumpliendo una condena por dos robos con intimidación, según detalló la misma Policía.

Por otro lado, el 06 de octubre de 2023, Cristina Cálix López falleció en el hospital "Antonio Lenin Fonseca" a causa de las graves lesiones sufridas a manos de su hijo Dimas Antonio Cálix Palma, quien la agredió con un hacha después de una acalorada discusión en su hogar en el municipio de San Lucas, departamento de Madriz. Cálix Palma, quien estaba cumpliendo una condena por intento de parricidio contra la misma víctima y robo con intimidación en 2017, fue liberado por el régimen el 14 de febrero de 2019, sin siquiera haber cumplido la mitad de su condena, denunciaron sus propios familiares. El agresor también tenía una acusación pendiente por lesiones graves contra su cuñado, pero todo fue perdonado por Ortega y su régimen, y volvió a delinquir, esta vez con consecuencias mortales para su propia madre.

Asimismo, el 31 de diciembre de 2022, Ivette Blanco, de 40 años, fue asesinada a puñaladas por su propio hermano, Jesús Antonio Blanco, quien había salido de la cárcel el 23 de diciembre del mismo año bajo el régimen de convivencia familiar establecido por los jueces del gobierno de Daniel Ortega. Vecinos informaron que Jesús Antonio Blanco, conocido como "El Chino", llegó a la casa de su hermana y la atacó después de una discusión sobre la herencia familiar. El agresor volvió a prisión con una condena de 17 años por el crimen contra su hermana, cumpliendo así su amenaza de venganza.

Mientras tanto, Raquel de los Ángeles Salinas Barahona, de 35 años, se convirtió en otra víctima del perdón presidencial. La noche del 31 de mayo de 2021, fue estrangulada por su esposo, Óscar Manuel García, de 42 años. Familiares de la víctima relataron que el femicida fue condenado en 2019 por violencia intrafamiliar, tras una denuncia de Salinas Barahona por maltrato físico y psicológico. A pesar de ello, fue liberado por el "perdón presidencial" el 13 de mayo de 2020 y las agresiones continuaron hasta culminar en el asesinato de Raquel. El 18 de abril de 2023, Óscar Manuel fue condenado nuevamente, esta vez a cadena perpetua.

El "régimen de convivencia familiar" otorgado por Ortega y Murillo resultó ser una desgracia para una familia en el barrio Tierra Prometida, en el municipio de Tipitapa. La noche del 18 de diciembre de 2020, William Antonio Avendaño Jarquín, de 25 años, asesinó a tiros a su excompañera, Dina Vanessa Balmaceda Silva, de 29 años.

La mujer dejó a tres niños en la orfandad. William Antonio Avendaño tenía "múltiples antecedentes" por robo con intimidación, según informó la Policía, aunque no explicó cómo logró obtener la libertad. El delincuente fue detenido días después del crimen.

"En ninguno de los casos se ha tenido en cuenta la realización de exámenes psicométricos que evidencien si estas personas realmente pueden regresar a la sociedad. Es inconcebible que el gobierno libere a personas con condenas por agresiones contra otras personas, y estos son los resultados cuando un sistema judicial es deficiente, como el de Nicaragua", criticó la defensora de los derechos de las mujeres consultada para este reporte.

Aparte, la madrugada del domingo 13 de marzo de 2022, Óscar Antonio Rocha asesinó a balazos a Moisés Antonio Aráuz. Testigos relataron que Rocha, quien había salido en un indulto presidencial tras ser condenado por robos con intimidación, se acercó a su víctima mientras conversaba con unos amigos en una calle del municipio de La Dalia, en Matagalpa. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, Moisés fue trasladado por sus amigos a un hospital local, donde falleció en el camino. Horas más tarde, la Policía capturó al agresor, a quien le encontraron un revólver y varias porciones de droga, según informó la Policía en una conferencia de prensa. Óscar fue enjuiciado y volvió a prisión con otra condena a varios años.

Estos casos ilustran -individualmente y de forma masiva- la necesidad urgente de revisar y corregir los procedimientos de liberación de presos en Nicaragua, así como de fortalecer el sistema judicial y penitenciario para garantizar la seguridad de la sociedad.

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