Condena inédita que sacude al Estado: el Supremo de España inhabilita al fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos
- Jairo Videa
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Durante la vista pública celebrada en el Supremo entre el lunes 03 y el jueves 13 de noviembre de 2025, declararon 40 testigos: altos cargos de la Comunidad de Madrid, responsables de Moncloa, periodistas y el propio González Amador. Varios periodistas aseguraron ante el tribunal que tuvieron acceso al correo antes de que lo recibiera el fiscal general y negaron que éste se lo hubiera enviado, aunque se ampararon en el secreto profesional para no desvelar sus fuentes; aportaron, no obstante, mensajes que documentaban conversaciones previas sobre la negociación de la conformidad del empresario.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Madrid, España
La justicia española ingresó este jueves 20 de noviembre de 2025 en un territorio sin precedentes, realmente pantanoso. El Tribunal Supremo del país europeo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, una multa de 7,200 euros y el pago de 10,000 euros de indemnización por un delito de revelación de secretos vinculado al caso de Alberto González Amador, empresario investigado por fraude fiscal y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El fallo, adoptado por cinco votos frente a dos, es la primera condena penal en democracia contra un fiscal general en ejercicio, un hecho que tensiona el equilibrio entre instituciones y abre un capítulo inédito en la historia jurídica española.
Un veredicto adelantado y una fractura en el Supremo
La resolución se difundió sin que la sentencia estuviera redactada, un paso excepcional que el alto tribunal solo adopta en contadas ocasiones. La ausencia de fundamentos escritos impide conocer de inmediato los argumentos con los que los magistrados sostienen la condena o si sitúan de manera explícita a García Ortiz como responsable directo de la filtración del correo electrónico que desató la causa. Lo único confirmado es el veredicto: condena por revelación de información reservada y absolución del resto de delitos planteados por algunas acusaciones populares, entre ellos prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos.
La división interna del tribunal añade otra capa de complejidad. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo —esta última, ponente original del caso— redactarán votos particulares. Polo había defendido la absolución y sostenía que no existían bases indiciarias suficientes para llevar a juicio al fiscal general, aliado del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez; una posición que anticipa una confrontación jurídica de gran calado cuando se publique el texto íntegro.
El origen: un correo, una filtración y una batalla política
La causa se remonta a marzo de 2024, cuando comenzó a circular entre periodistas un correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía. En él, el letrado ofrecía un pacto de conformidad y reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. La difusión del mensaje se produjo después de que el diario español El Mundo publicara un relato en el que se sugería que la Fiscalía presionaba al empresario para alcanzar un acuerdo.
La filtración del correo, que contradecía esa versión, dinamizó lo que hasta entonces era un asunto tributario y lo transformó en un enfrentamiento político directo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
Un juicio con 40 testigos y sin pruebas directas
Entre el lunes 03 y el jueves 13 de noviembre, el Supremo escuchó a cuarenta testigos, un elenco que incluyó altos cargos autonómicos, miembros de Moncloa, periodistas y al propio González Amador. Varios comunicadores explicaron que habían tenido acceso al correo antes de que llegara al despacho del fiscal general. Añadieron que García Ortiz nunca les envió ese documento y entregaron capturas que reflejaban conversaciones previas sobre las negociaciones de conformidad del empresario. Aun así, se acogieron al secreto profesional para no revelar la identidad de sus fuentes.
Pese a la ausencia de un rastro documental que conectara a García Ortiz con la filtración, el tribunal consideró que existían indicios suficientes para condenarlo por revelación de información reservada en su condición de autoridad pública. Ahí el problema.
Durante el juicio, el propio fiscal general defendió su inocencia. "La verdad no se filtra, la verdad se defiende", declaró frente a los magistrados. Tanto él como su equipo negaron haber difundido el correo, y la fiscal del caso, María Ángeles Sánchez Conde, apoyó su absolución.
La pena finalmente impuesta —dos años de inhabilitación— se sitúa en el punto medio del artículo 417.1 del Código Penal, que prevé entre uno y tres años. El castigo queda muy lejos de las solicitudes de algunas acusaciones populares, que reclamaban hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación.
Un terremoto político en plena tensión institucional
La condena ha desencadenado un vendaval político. Para el Partido Popular (PP), el fallo confirma sus denuncias sobre la supuesta instrumentalización de la Fiscalía por parte del Gobierno. Dirigentes como Cuca Gamarra, Carmen Fúnez y Cayetana Álvarez de Toledo celebraron la sentencia calificándola de "histórica" y reclamaron disculpas al presidente Pedro Sánchez, que previamente había expresado su respaldo público a García Ortiz, afirmando que era "inocente".
Gamarra endureció el tono. "Quien tiene que perseguir los delitos, los ha cometido. La degeneración sanchista es total, pero la ley es igual para todos", escribió en la red social X.
En el entorno de Ayuso, la reacción fue inmediata. La presidenta madrileña sostuvo que "hoy el mundo sabe lo que está pasando en España", y criticó la utilización de recursos estatales con fines políticos. Subrayó que la prensa internacional recogió la noticia y acusó al Ejecutivo de haberse servido del aparato institucional para "delinquir".
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, compareció desde Génova para remarcar que la condena "marca un antes y un después" y que tendrá consecuencias políticas. En su lectura, el fiscal general "quebrantó la legalidad que debía garantizar" y actuó como "peón en la estrategia política del Ejecutivo". Para Feijóo, la responsabilidad última recae en el izquierdista Sánchez.
Un vacío al frente del Ministerio Público
La condena deja en situación delicada a la Fiscalía General del Estado español, institución clave para la persecución del delito y la protección de los derechos ciudadanos. La salida de García Ortiz deberá formalizarse una vez se notifique la sentencia completa, lo que desencadena un proceso de relevo en un momento de fricción institucional y polarización política.
Mientras tanto, el procedimiento penal contra González Amador continúa. El empresario afronta un juicio por defraudar presuntamente 350,000 euros a Hacienda durante la pandemia de Covid-19. La causa avanza de manera independiente a la resolución contra el fiscal general.
Una sentencia sin precedentes en un sistema lleno de filtraciones
Más allá del impacto político, la decisión del Supremo abre interrogantes jurídicas profundas. España registra centenares de filtraciones de expedientes judiciales y fiscales cada año, pero nunca antes un juez o fiscal había sido procesado por ello, mucho menos condenado. El propio proceso que ha desembocado en la inhabilitación del fiscal general también es excepcional: el Supremo nunca se había dividido para decidir siquiera si procedía celebrar un juicio. En esta ocasión hubo un voto particular demoledor que sostenía que no existía "la más mínima base indiciaria" para sentar a García Ortiz en el banquillo.
Cuando se publique la sentencia íntegra, acompañada de los votos discrepantes, se revelarán los pilares jurídicos que sostienen un fallo que, sin duda, será al menos estudiado durante años.
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