Nicaragua endurece el control interno tras la captura de Nicolás Maduro: patrullaje militar, activación de estructuras partidarias y cacería digital
- Redacción Central
- 1 day ago
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En la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el representante sandinista, Jaime Hermida, reclamó respeto a la Carta de la ONU, la autodeterminación y la "no injerencia". En la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el canciller Valdrack Jaentschke pidió defender la "soberanía" de Venezuela, pese a que el propio dictador chavista se sostuvo en el poder tras un proceso ampliamente cuestionado en 2024. Analistas en relaciones internacionales describen esta postura como "apología del derecho internacional": los Estados autoritarios apelan a normas que suelen desestimar cuando les resultan incómodas, pero invocan con énfasis cuando se sienten amenazados
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
El régimen izquierdista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha activado un dispositivo de seguridad excepcional en el territorio nicaragüense que combina presencia militar en zonas urbanas, reforzamiento de la vigilancia costera y aérea, y una intensa campaña de control político e institucional sobre trabajadores estatales y estructuras partidarias.
Las medidas se producen tras la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su posterior traslado a Estados Unidos, acontecimiento que ha alterado los cálculos y las dinámicas de los gobiernos aliados al chavismo en la región.
Fuentes vinculadas a cuerpos de seguridad confirman que, desde la noche del domingo 04 de enero y durante el lunes 05 de enero y el martes 06 de enero de 2026, se implementaron orientaciones procedentes de El Carmen para activar de emergencia los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) y la Unidad de Victorias Electorales (UVE).
La instrucción incluye presencia permanente en barrios, instituciones públicas y comunidades rurales, bajo una lógica de vigilancia, reporte y control social.
Patrullajes militares en ciudades: un retorno al esquema de 2018
Uno de los elementos más significativos de este despliegue es el retorno de patrullajes conjuntos entre el Ejército y la Policía Nacional en áreas urbanas, una imagen que no se observaba con esta magnitud desde 2018 y 2021. Efectivos del Ejército de Nicaragua, vestidos con uniforme de campaña, han sido vistos en Managua y otras ciudades, como Masaya, León y Matagalpa, en contraste con el patrón histórico en el que los militares se concentraban en zonas rurales bajo planes de "protección al productor" y lucha contra el narcotráfico.
En paralelo, se ha fortalecido el patrullaje de la Fuerza Naval en ambas costas —Pacífico y Caribe— y se han desplegado unidades de radar de la Fuerza Aérea en puntos estratégicos del país. De acuerdo con las fuentes consultadas, también operan equipos de inteligencia y contrainteligencia del Ejército vestidos de civil, mientras algunos efectivos militares han recibido uniformes policiales para reforzar los recorridos conjuntos con la Policía.
El movimiento interno no se limita a las fuerzas armadas. Estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) muestran una actividad inusual: entradas y salidas constantes en sedes zonales, municipales y departamentales del partido, así como reuniones intensivas de secretarios políticos y operadores territoriales.
La activación incluye redes comunitarias de espionaje y mecanismos de presión directa sobre la ciudadanía. "Las y los legisladores también han comenzado el año con más movimiento laboral que el usual", explica una agente de seguridad de la Asamblea Legislativa en Managua.
Secuestros y persecución digital
En el mismo periodo se han reportado detenciones de personas que realizaron publicaciones en redes sociales digitales relacionadas con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. La represión digital se orienta, según los testimonios recogidos por este medio, a silenciar mensajes de celebración, apoyo simbólico, o incluso comentarios irónicos vinculados al caso venezolano.
La campaña de control ideológico se ha trasladado también a los grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram, donde participan trabajadores públicos, empleados municipales y personal de instituciones estatales, así como jóvenes universitarios. A través de estos canales se ha ordenado publicar mensajes de respaldo al dictador suramericano y de rechazo a su captura. Docentes de escuelas rurales y personal administrativo se han visto obligados a replicar imágenes y consignas difundidas por cuentas oficialistas.
Quienes no lo hagan, advierten los mensajes internos, serán catalogados como "traidores". Frases como "el silencio en redes sociales es uno de los síntomas del traidor" o "dudar es traición" circulan entre militantes y funcionarios, desde Caracas hasta Managua, acompañadas de llamados a la lealtad partidaria incondicional y a la vigilancia permanente.
A esta presión se suma una ofensiva propagandística desde medios oficialistas y cuentas afines a la administración del FSLN que exhiben programas sociales como presunta prueba de "fidelidad" debida al régimen. Las publicaciones recuerdan a los críticos que —según el discurso oficial— se benefician de becas, bonos o programas financiados con fondos públicos, para cuestionar su derecho a expresar rechazo o exigir cambios.
Reacción oficial y retórica de "hermandad" con Venezuela
En su alocución del lunes 05 de enero, Rosario Murillo expresó respaldo explícito a Maduro y a su mujer, calificando la captura como "secuestro" y declarando una "hermandad" entre ambos pueblos. El representante del régimen ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jaime Hermida Castillo, también defendió a Caracas con un discurso centrado en la soberanía, la no injerencia y el respeto al derecho internacional.
En la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el canciller Valdrack Jaentschke repitió la misma línea argumental, exigiendo respeto a la soberanía venezolana. Las apelaciones contrastan con los cuestionamientos internacionales sobre la permanencia de Maduro en el poder pese a denuncias de fraude electoral y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Paranoia interna y cálculo político
Analistas coinciden en que este despliegue evidencia una creciente
sensación de amenaza dentro del régimen nicaragüense. La ofensiva no se dirige únicamente a opositores externos: también apunta a la detección de posibles "deslealtades" dentro de sus propias filas.
Aquí es necesario resaltar que en 2024 y 2025 fueron despedidos casi 5,000 empleados públicos, incluyendo jueces y docentes, y varios representantes históricos fueron apresados o investigados por la Fiscalía sandinista, por orden directa de la Copresidencia.
"El control sobre redes, la movilización de estructuras partidarias y el aumento de presencia militar buscan impedir cualquier tipo de protesta espontánea o articulada que pudiese amplificarse en el contexto regional", explica una activista juvenil nicaragüense exiliada en Miami.
El temor a un "efecto contagio" tras el colapso del chavismo y la captura de Maduro opera como telón de fondo. La circulación de imágenes generadas por Inteligencia Artificial (IA) que sugieren una hipotética captura futura de Daniel Ortega ha intensificado el clima de sospecha y ha servido de argumento para reforzar la campaña oficialista de desinformación y contraataque narrativo.
Apelaciones selectivas al derecho internacional
Las reacciones de Cuba, Nicaragua, Honduras, Colombia, Brasil, México, Irán, Rusia y China —aliados de Caracas— han coincidido en la invocación del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Especialistas en relaciones internacionales señalan que se trata de una estrategia recurrente: apelar con fuerza a la legalidad internacional cuando el bloque se percibe amenazado, pese a sus propios historiales de transgresiones a ese mismo orden jurídico.
Los pronunciamientos actuales reflejan tanto la solidaridad política entre regímenes aliados como una lectura compartida del riesgo potencial. No obstante, abogados y periodistas consultados por COYUNTURA esta semana consideran improbable que estos posicionamientos "deriven automáticamente" en sanciones estadounidenses adicionales, aunque sí muestran un tono más contenido y defensivo que en ocasiones anteriores.
Un aniversario bajo tensión
Todo esto ocurre en vísperas de la marcha programada por el orteguismo para el sábado 10 de enero de 2026, con motivo de los 19 trágicos años de permanencia de Ortega en el Ejecutivo.
La movilización oficialista se realizará en un contexto de máxima vigilancia, patrullajes combinados, activación partidaria y hostigamiento contra voces críticas en el espacio digital y territorial.
El país centroamericano entra así en una nueva fase de endurecimiento del control interno donde confluyen tres vectores: militarización parcial de las ciudades, represión preventiva de la disidencia y utilización del aparato estatal para imponer adhesiones públicas.
El mensaje implícito del FSLN es claro: ningún gesto, silencio o publicación en redes queda fuera del radar del poder monárquico.
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