Congelamiento de contrataciones y emergencia sanitaria: el Ejecutivo de "Papi" redefine prioridades y centraliza el control del gasto público en Honduras
- 9 feb
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Desde el Legislativo, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió el modelo de compras a través del sistema financiero como un mecanismo para cerrar espacios a la corrupción, particularmente en la adquisición de medicamentos e insumos médicos. Zambrano sostuvo que la alianza con bancos con experiencia en compras farmacéuticas permitirá eliminar prácticas asociadas a compras directas irregulares, comisiones indebidas o procesos opacos que caracterizaron a administraciones anteriores.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
El gobierno nacionalista de Honduras activó, en menos de 48 horas, dos decisiones de alto impacto administrativo y social que reordenan el funcionamiento del Estado y colocan a la salud pública en el centro de la agenda política. Por un lado, el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión inmediata de toda contratación de personal en sus instituciones; por otro, respaldó y celebró la aprobación legislativa de un decreto de emergencia sanitaria que regirá hasta inicios de 2027 y que promete atacar de forma estructural la mora quirúrgica, el desabastecimiento de medicamentos y el deterioro del equipamiento hospitalario.
Un freno general a la contratación en el Ejecutivo
La primera medida quedó formalizada mediante la Circular C-001-DSPP-2026, emitida el lunes 02 de febrero de 2026 por el Despacho del Secretario Privado de la Presidencia, en cumplimiento de instrucciones directas del presidente Nasry Juan Asfura Zablah. El documento ordena el congelamiento inmediato de cualquier acción relacionada con recursos humanos dentro del Poder Ejecutivo.
La prohibición es amplia y explícita: no se podrán realizar nuevas contrataciones, nombramientos, ascensos, reubicaciones, renovaciones de contratos —bajo ninguna modalidad—, contrataciones por servicios profesionales, consultorías, contratos temporales ni la concesión de licencias, ya sean remuneradas o no. El alcance de la disposición abarca a secretarías y subsecretarías de Estado, así como a las presidencias, gerencias y direcciones generales de entidades centralizadas, descentralizadas y desconcentradas.
La circular introduce una única excepción: cualquier movimiento de personal solo podrá concretarse con autorización previa y expresa del presidente de la República o, en su defecto, del Despacho del Coordinador General de Gabinete de Gobierno y Secretario Privado de la Presidencia. La instrucción fue suscrita por Luis Alonso Castro Cáceres, quien fundamentó la decisión en principios de legalidad, austeridad, eficiencia administrativa, control del gasto público y responsabilidad en la gestión de los recursos estatales.
El texto advierte, además, que el cumplimiento es obligatorio para todas las unidades administrativas del Ejecutivo, estableciendo un marco de control centralizado que, en la práctica, congela el crecimiento de la planilla estatal y limita la discrecionalidad de las autoridades sectoriales.
Emergencia sanitaria con horizonte de un año
Un día después, el martes 03 de febrero de 2026, el presidente Asfura agradeció públicamente al Congreso Nacional de Honduras la aprobación del decreto que declara en emergencia el sistema de salud pública hasta febrero de 2027. El pronunciamiento se dio durante su llegada a la Basílica de Suyapa, en el marco de la conmemoración de los 279 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa.
La normativa, denominada Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población, busca responder a una crisis estructural que se expresa, entre otros factores, en una mora quirúrgica que supera las 13 mil personas en espera de una intervención. El decreto habilita mecanismos extraordinarios de gestión financiera y operativa para enfrentar el problema.
Fideicomisos, compras y red de atención
Uno de los ejes centrales de la ley es la creación y utilización de fideicomisos orientados al abastecimiento de medicamentos, el cumplimiento de obligaciones financieras del sector y la modernización del equipamiento hospitalario. Según explicó el mandatario, el modelo retoma la experiencia previa de un banco que administró durante más de tres años un fideicomiso de medicamentos, período en el que —afirmó— se logró mantener disponibilidad de insumos.
La novedad, indicó, es que el fideicomiso no solo cubrirá la compra de fármacos, sino también el equipamiento de hospitales que hoy carecen de tecnología adecuada, así como el aseguramiento, mantenimiento y reposición de equipos cuando estos se dañen. "No tiene sentido adquirir aparatos nuevos si no se garantiza su mantenimiento", sostuvo el Presidente, al justificar el esquema.
En materia quirúrgica, el decreto contempla la estandarización de precios de operaciones a nivel nacional y la garantía de pago a los hospitales que realicen los procedimientos, sin preferencias regionales o institucionales. El objetivo es acelerar la atención de pacientes en lista de espera, utilizando tanto la red pública como convenios con centros privados que se integren al sistema.
La distribución de medicamentos, según lo anunciado, se realizará a través de una red nacional de farmacias, evitando concentrar el suministro en cadenas específicas y permitiendo que los pacientes retiren sus tratamientos sin desplazarse largas distancias desde sus municipios de origen.
Compras bajo intermediación bancaria y discurso anticorrupción
Desde el Legislativo, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la alianza oficialista con el sistema financiero como un mecanismo para erradicar prácticas irregulares asociadas a compras directas en administraciones anteriores. A su juicio, la intermediación bancaria en la adquisición de insumos y medicamentos aporta experiencia técnica, trazabilidad y controles que reducen el riesgo de coimas o sobrevaloraciones.
Zambrano señaló que el procedimiento será similar al fideicomiso de medicamentos ya implementado, pero fortalecido tras años de operación, con la expectativa de lograr un abastecimiento sostenido que permita fortalecer quirófanos, disminuir la mora quirúrgica y ampliar la capacidad de atención mediante acuerdos con hospitales privados integrados a la red.
El recién estrenado titular del Congreso en Tegucigalpa también enfatizó la obligación de las y los diputados de actuar con transparencia y rendir cuentas, al tiempo que transmitió un mensaje de respaldo político al Ejecutivo y de confianza en la conducción presidencial del proceso.
Liderazgo presidencial y supervisión directa
Asfura fue más allá al anunciar que asumirá personalmente la responsabilidad de la gestión del sector salud durante la vigencia de la emergencia. Aseguró que supervisará de manera permanente las decisiones administrativas y financieras, con el compromiso explícito de no defraudar a la ciudadanía.
El Presidente subrayó que la aprobación del decreto evidenció un grado de unidad política poco común, destacando que incluso fuerzas que no votaron a favor optaron por no oponerse abiertamente cuando el tema fue la salud pública. Esa convergencia, dijo, es indispensable para enfrentar la magnitud de la crisis.
En cuanto a la transparencia, afirmó que la implementación del decreto estará bajo la vigilancia de entes contralores y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de demostrar que es posible administrar recursos públicos de manera abierta y sin ocultamientos.
Medidas transitorias en un contexto de reforma estructural
El Ejecutivo ha insistido a la Redacción de este medio en que la declaratoria de emergencia es una solución temporal mientras se completa la construcción de ocho nuevos hospitales y se fortalece la red asistencial existente. En ese sentido, el decreto busca ganar tiempo y capacidad operativa para “atacar de frente” los problemas más urgentes del sistema sanitario, sin sustituir las reformas de fondo que requieren mayor plazo.
En conjunto, el congelamiento de contrataciones y la activación de mecanismos excepcionales en salud revelan una estrategia dual: contención estricta del gasto corriente y centralización de decisiones administrativas, combinadas con flexibilidad financiera y operativa en un sector considerado prioritario.
El impacto real de ambas decisiones dependerá de su ejecución, de los controles efectivos que se implementen y de la capacidad del Estado para traducir las promesas de eficiencia y transparencia en mejoras tangibles para la población.
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