El "caso SEDESOL": del audio filtrado a la mayor investigación por desvío de fondos sociales en la administración de Xiomara Castro
- Jairo Videa
- 2 hours ago
- 7 min read
Uno de los elementos centrales del esquema fue el control indirecto de los recursos. Según el requerimiento fiscal, los cheques nunca permanecieron en poder de los beneficiarios. Una vez emitidos, eran recogidos por asistentes cercanas a la diputada Cuéllar, quienes coordinaban el traslado de las personas a sucursales del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) en San Pedro Sula, Copán y Lempira. Tras el cobro, el dinero era entregado nuevamente a las imputadas. La Fiscalía también documentó la existencia de liquidaciones falsas, con facturas y cotizaciones idénticas en materiales, valores y proveedores, que solo variaban en el nombre del beneficiario.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La captura de varias personas vinculadas al denominado "caso SEDESOL" marca un punto de inflexión en uno de los escándalos de corrupción más significativos del actual ciclo político e institucional en Honduras. Lo que inicialmente emergió como la filtración de un audio comprometedor —bautizado popularmente como "Checazo" o "Chequesol"— terminó revelando un mecanismo sistemático de desvío de fondos públicos con fines políticos, que hoy se encuentra bajo investigación formal del Ministerio Público (MP) y en proceso de judicialización.
En horas de la madrugada, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) trasladaron a sus instalaciones a varias personas detenidas en el marco de los operativos activados tras el requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía. El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, confirmó la captura de cuatro individuos presuntamente vinculados al uso irregular de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Entre los arrestos confirmados figuran Casandra Gáleas Arias, detenida el lunes, y Fabricio Solórzano, capturado horas después. A estas detenciones se sumaron, el martes, las de Ilse Baquedano y Paola Pérez. Según Galindo, las investigaciones continúan en curso y no se descarta la ampliación del número de personas imputadas conforme avancen las diligencias.
La Fiscalía también confirmó la existencia de órdenes de captura contra el exministro de SEDESOL, José Carlos Cardona Erazo, y la diputada reelecta del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Isis Carolina Cuéllar Erazo, por su presunta implicación en al menos 67 delitos de fraude vinculados al desvío de fondos públicos para actividades proselitistas.
La difusión del audio que detonó el caso expuso una conversación entre Cuéllar y Cardona que sugería el manejo discrecional de recursos estatales. Sin embargo, lejos de limitarse a ese episodio, la investigación desarrollada por las unidades de investigación de La Prensa y El Heraldo permitió reconstruir, con base en documentación oficial, expedientes administrativos, listados de beneficiarios y verificaciones en campo, un esquema mucho más amplio y estructurado.
Meses después, el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público no solo confirmó gran parte de los hallazgos periodísticos, sino que amplió el alcance del caso. Según la acusación, al menos 67 cheques emitidos por SEDESOL, por un monto superior a seis millones de lempiras, fueron asignados a personas del departamento de Copán bajo las categorías de "emprendimiento" y "reparación de vivienda".
Las investigaciones determinaron que ninguno de los supuestos beneficiarios cumplía con el requisito fundamental de vulnerabilidad social. Entre quienes recibieron los fondos figuraban empleados públicos activos, comerciantes establecidos, jubilados, propietarios de empresas, personas receptoras de remesas e incluso aspirantes a cargos de elección popular, como alcaldes y regidores.
De acuerdo con la Fiscalía, la selección de estas personas no respondió a evaluaciones técnicas ni sociales, sino a criterios de cercanía política y afinidad personal con la diputada Isis Cuéllar. Esta conclusión coincide con lo documentado previamente por los equipos periodísticos, que evidenciaron un patrón sistemático de asignaciones arbitrarias.
