El "caso SEDESOL": del audio filtrado a la mayor investigación por desvío de fondos sociales en la administración de Xiomara Castro
- 9 feb
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Uno de los elementos centrales del esquema fue el control indirecto de los recursos. Según el requerimiento fiscal, los cheques nunca permanecieron en poder de los beneficiarios. Una vez emitidos, eran recogidos por asistentes cercanas a la diputada Cuéllar, quienes coordinaban el traslado de las personas a sucursales del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) en San Pedro Sula, Copán y Lempira. Tras el cobro, el dinero era entregado nuevamente a las imputadas. La Fiscalía también documentó la existencia de liquidaciones falsas, con facturas y cotizaciones idénticas en materiales, valores y proveedores, que solo variaban en el nombre del beneficiario.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La captura de varias personas vinculadas al denominado "caso SEDESOL" marca un punto de inflexión en uno de los escándalos de corrupción más significativos del actual ciclo político e institucional en Honduras. Lo que inicialmente emergió como la filtración de un audio comprometedor —bautizado popularmente como "Checazo" o "Chequesol"— terminó revelando un mecanismo sistemático de desvío de fondos públicos con fines políticos, que hoy se encuentra bajo investigación formal del Ministerio Público (MP) y en proceso de judicialización.
En horas de la madrugada, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) trasladaron a sus instalaciones a varias personas detenidas en el marco de los operativos activados tras el requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía. El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, confirmó la captura de cuatro individuos presuntamente vinculados al uso irregular de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Entre los arrestos confirmados figuran Casandra Gáleas Arias, detenida el lunes, y Fabricio Solórzano, capturado horas después. A estas detenciones se sumaron, el martes, las de Ilse Baquedano y Paola Pérez. Según Galindo, las investigaciones continúan en curso y no se descarta la ampliación del número de personas imputadas conforme avancen las diligencias.
La Fiscalía también confirmó la existencia de órdenes de captura contra el exministro de SEDESOL, José Carlos Cardona Erazo, y la diputada reelecta del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Isis Carolina Cuéllar Erazo, por su presunta implicación en al menos 67 delitos de fraude vinculados al desvío de fondos públicos para actividades proselitistas.
La difusión del audio que detonó el caso expuso una conversación entre Cuéllar y Cardona que sugería el manejo discrecional de recursos estatales. Sin embargo, lejos de limitarse a ese episodio, la investigación desarrollada por las unidades de investigación de La Prensa y El Heraldo permitió reconstruir, con base en documentación oficial, expedientes administrativos, listados de beneficiarios y verificaciones en campo, un esquema mucho más amplio y estructurado.
Meses después, el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público no solo confirmó gran parte de los hallazgos periodísticos, sino que amplió el alcance del caso. Según la acusación, al menos 67 cheques emitidos por SEDESOL, por un monto superior a seis millones de lempiras, fueron asignados a personas del departamento de Copán bajo las categorías de "emprendimiento" y "reparación de vivienda".
Las investigaciones determinaron que ninguno de los supuestos beneficiarios cumplía con el requisito fundamental de vulnerabilidad social. Entre quienes recibieron los fondos figuraban empleados públicos activos, comerciantes establecidos, jubilados, propietarios de empresas, personas receptoras de remesas e incluso aspirantes a cargos de elección popular, como alcaldes y regidores.
De acuerdo con la Fiscalía, la selección de estas personas no respondió a evaluaciones técnicas ni sociales, sino a criterios de cercanía política y afinidad personal con la diputada Isis Cuéllar. Esta conclusión coincide con lo documentado previamente por los equipos periodísticos, que evidenciaron un patrón sistemático de asignaciones arbitrarias.
El control de los cheques y la ruta del dinero
Uno de los elementos centrales del esquema fue que los cheques nunca permanecieron bajo el control efectivo de los supuestos beneficiarios. Según el requerimiento fiscal, una vez emitidos por Sedesol, los documentos eran recogidos por Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno, colaboradoras cercanas a la diputada.
Posteriormente, estas personas coordinaban el traslado de los beneficiarios a distintas agencias del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) en San Pedro Sula, La Entrada de Copán y Gracias, Lempira. Tras el cobro, el dinero en efectivo era entregado nuevamente a las imputadas, asegurando que los recursos regresaran al control del grupo que operaba el fraude.
La investigación también documentó la falsificación de firmas y la emisión de cheques a nombre de personas que desconocían haber sido incluidas como beneficiarias de programas sociales.
Las visitas de campo realizadas por los medios revelaron que, en numerosas comunidades donde se reportaban reparaciones de vivienda, no existían evidencias de obras ejecutadas. En otros casos, las viviendas no presentaban condiciones de precariedad, contradiciendo la justificación de las ayudas.
Estas conclusiones coinciden con lo establecido por la Fiscalía, que durante inspecciones efectuadas entre cinco y once meses después de la supuesta entrega de los beneficios encontró apenas uno o dos sacos de cemento en algunas viviendas, colocados únicamente para justificar el gasto. Varios propietarios declararon no haber recibido ningún tipo de apoyo, pese a figurar en los registros oficiales.
Otro hallazgo relevante fue el uso de liquidaciones falsas. Los expedientes contenían cotizaciones y facturas prácticamente idénticas —mismos materiales, cantidades, fechas y proveedores— variando únicamente el nombre del beneficiario. El Ministerio Público confirmó este patrón y añadió la detección de cambios de proyectos y modificaciones de beneficiarios sin respaldo documental.
Luego de hacerse público el audio que originó el escándalo, las investigaciones documentaron una operación orientada a simular legalidad. Según testigos citados en el requerimiento fiscal, Baquedano Mejía contactó a varios beneficiarios para tranquilizarlos y asegurarles que "todo iba a salir bien", solicitándoles respaldar públicamente a la diputada y afirmar que sí habían recibido las ayudas.
Con ese objetivo, se entregaron cantidades mínimas de materiales —cemento, sillas plásticas, carpas y mobiliario básico— con el fin de aparentar el uso correcto de los recursos y anticiparse a posibles inspecciones de los entes de control.
En el caso de los supuestos emprendimientos, tanto la investigación periodística como la fiscal coincidieron en que la mayoría de los beneficiarios declaraba realizar las mismas actividades económicas, como alquiler de sillas y carpas o pequeños negocios de serigrafía, sin estar registrados formalmente ni contar con evidencia de operaciones reales.
El alcance financiero y la ampliación del foco
Con base en la evidencia recopilada, el Ministerio Público concluyó que el fraude alcanzó los 6,032,654.07 lempiras, recursos destinados al desarrollo social y económico del departamento de Copán.
No obstante, el caso trascendió a SEDESOL. A partir de documentos divulgados por el entonces presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, con el objetivo de desmentir las denuncias, los medios ampliaron la investigación hacia el manejo de fondos legislativos. El análisis reveló que entre 2023 y 2024 los diputados gestionaron más de 1,500 millones de lempiras para obras sociales, canalizados a través de diversas instituciones estatales, además de un faltante de al menos 29 millones de lempiras sin respaldo documental claro.
La revisión también evidenció que en 2023 el diputado Carlos Zelaya fue quien más fondos gestionó, seguido por Isis Cuéllar, quien acumuló cerca de 38 millones de lempiras en dos años.
La investigación periodística identificó además una red de organizaciones no gubernamentales vinculadas al partido Libre, utilizadas como vehículos para la ejecución de fondos públicos con escasos controles. Entre ellas destacan la Asociación Manos a la Obra (AMO) y Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE), que recibieron más de 150 millones de lempiras entre 2023 y 2025.
Ambas organizaciones ejecutaron proyectos pese a no contar con experiencia comprobada ni auditorías técnicas visibles. Las visitas de campo constataron obras inconclusas, de baja calidad o apenas iniciadas. También se documentaron vínculos directos entre estas oenegés y figuras del izquierdista LIBRE.
Tras conocerse las órdenes de captura, el expresidente Manuel Zelaya Rosales exigió el "respeto" al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos constitucionales de Cuéllar y Cardona. Calificó de desproporcionada la medida de captura y anunció que la Secretaría Legal del partido Libre acompañará la defensa de ambos.
Por su parte, el fiscal general Johel Zelaya afirmó que el caso envía un mensaje claro sobre la imposibilidad de utilizar fondos públicos para fines políticos y confirmó que existen al menos dos líneas adicionales de investigación abiertas.
El exministro José Carlos Cardona rechazó las acusaciones, aseguró estar dispuesto a enfrentar la justicia y afirmó que desde hace meses solicitó rendir declaración ante el Ministerio Público sin obtener respuesta. En su defensa, señaló que la creación del Fondo de Administración Solidaria fue una decisión política de la administración de Xiomara Castro y que SEDESOL enfrentó presiones para ejecutar recursos que, según él, no correspondían a su naturaleza técnica. Cardona negó haber manipulado expedientes o conocer a los beneficiarios y pidió la eliminación definitiva de este tipo de fondos administrados con intervención de diputados.
Así, lo que comenzó como la filtración de un audio terminó exponiendo un modelo más amplio de uso discrecional de recursos públicos, con conexiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y una red de organizaciones afines. Hoy, mientras la justicia avanza en la judicialización del caso, el expediente confirma el papel central del periodismo de investigación en la documentación de un esquema que, durante años, operó bajo la apariencia de ayuda social.
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