Costa Rica frente al espejo: del mito de la excepcionalidad al vértigo de la "mano dura"
- 20 ene
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Para el oficialismo, la imagen de Nayib Bukele valida su narrativa de orden y eficacia. Para la oposición, simboliza una deriva peligrosa hacia el autoritarismo y una institucionalidad cada vez más débil. El fenómeno trasciende la coyuntura: expresa la atracción de amplios sectores por soluciones de fuerza, en una región marcada por democracias erosionadas y liderazgos personalistas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
El martes 13 de enero de 2026, la llegada de Nayib Bukele a Costa Rica para inspeccionar el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO) no fue solo la visita técnica de un presidente a una obra penitenciaria. Fue un acto con carga simbólica que se inserta en una historia larga y contradictoria: la de un país que dejó de sentirse con invulnerable excepcionalidad democrática y ahora debate hasta qué punto la seguridad puede justificar la transformación de su entramado institucional.
Esa tensión tiene raíces visibles y remotas: desde la escena humillante de octubre de 2004 en el aeropuerto Juan Santamaría —cuando el entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y expresidente Miguel Ángel Rodríguez, fue recibido escoltado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)— hasta la rutina actual en que la política costarricense se organiza alrededor de narrativas de "mano dura", populismo y desconfianza estructural.
La visita de Bukele llega en un país que, según los datos más recientes citados por observadores y encuestas, convive con cifras de homicidios que rondan las 900 muertes al año y una percepción ciudadana que ha perdido parte de su fe en la democracia: del 75 % de satisfacción en 2004 a una cifra 14 puntos menor en 2024, según Latinobarómetro.
La imagen de Rodríguez, cabizbajo, bajando por el puente de abordaje rodeado de agentes y cámaras, condensó un momento de ruptura en la narrativa nacional. Un expresidente que abandona un alto cargo internacional para volver y responder ante la justicia fue —para unos— síntoma de la madurez institucional; para otros, el detonante de una percepción nueva: la política ya no era la "fiesta" de antaño, sino un campo minado de acusaciones y desencanto.
Rodríguez, hoy octogenario, recuerda ese día como la constatación de que "algo había pasado" en el país centroamericano. Su voz, la de uno que gobernó en los años en que Costa Rica se abrió aceleradamente al mercado global, forma parte de un relato complejo: el del tránsito de una democracia de partidos sólidos a un escenario fragmentado donde los actores emergentes capitalizan el hastío.
De la centralidad de dos banderas al derrumbe del bipartidismo
Durante buena parte del siglo XX, la vida política costarricense giró entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC): una alternancia que se asumía como garantía de estabilidad. Ese molde empezó a agrietarse con cambios estructurales: la crisis de los años 80, las políticas neoliberales asociadas al consenso de Washington y la llegada de inversiones extranjeras (la planta de Intel, en 1997, es ejemplo reiterado del nuevo modelo exportador). Esos procesos —crecimiento económico focalizado, desigualdades crecientes, y desconfianza ante el Estado burocrático— erosionaron certezas y semillas de representación.
Las elecciones de 1998, con un salto de la abstención del 20 % al 30 %, marcaron una fractura. En la primera década del siglo XXI emergieron actores que canalizaron la indignación: Ottón Solís fundó el Partido Acción Ciudadana (PAC) con un discurso anticorrupción que conquistó circunstancias inéditas —balotajes y victorias inesperadas— y reconfiguró el mapa electoral. El "por primera vez" se convirtió en un estribillo: primera mujer presidenta en 2010 (Laura Chinchilla), primeras rondas electorales con resultados tan ajustados, y la fragmentación de las lealtades tradicionales.
No obstante, según analistas y abogados consultados por COYUNTURA, el abstencionismo este 2026 podría llegar al 50 %, la cifra más alta registrada en la historia contemporánea.
El término que hoy usa Rodrigo Chaves —el de "refundar" el país frente a una casta que habría protegido privilegios— no nació de la nada. Hay continuidad entre la narrativa de campañas anticorrupción y la oferta política que promete soluciones inmediatas a problemas complejos. Chaves, llegado a la escena pública desde posiciones tecnocráticas y con una narrativa de ruptura, supo capitalizar la decepción ciudadana: el resultado fue un desplazamiento del eje político hacia propuestas que priorizan la eficacia sobre las formas institucionales.
Ese giro tiene un correlato generacional, institucional y social: una población que vio crecer desigualdades mientras algunas élites se enriquecían, una juventud que nunca conoció la "época dorada" del bipartidismo y un electorado expuesto a la sensación de que las instituciones no responden con rapidez a sus problemas cotidianos.
En ese vacío, líderes que prometen mano dura, certezas y resultados instantáneos cosechan apoyos sustanciales.
Seguridad vs. controles democráticos: el CACCO como emblema
El CACCO, un complejo para 5,100 reclusos y una inversión de 35 millones de dólares, aparece hoy como una respuesta técnica a la escalada de violencia. Para el gobierno de extrema derecha y sus aliados, es la prueba de que medidas duras pueden detener la criminalidad; para críticos, la réplica de modelos regionales que han sacrificado libertades y garantías en nombre del orden. La llegada de Bukele —autor que ha tejido su propia legitimidad política con la promesa de eficacia y control absoluto del crimen— convierte la obra en un símbolo electoral: no solo un proyecto penitenciario, sino un aval social y una puesta en escena.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al resolver la controversia sobre la presencia del presidente salvadoreño (resolución número 0287-E1-2026), dejó una advertencia formal: la convención diplomática prohíbe la injerencia en asuntos internos, y cualquier manifestación partidaria de actores foráneos sería inaceptable. El pronunciamiento, con tono diplomático, reconoció el derecho de ingreso pero subrayó los límites legales. "Es una señal de que las reglas formales aún funcionan, aunque la política se debata en otras arenas, las emocionales, las mediáticas, las del espectáculo", señaló Sofía C., abogada constitucionalista y docente universitaria.
El fenómeno costarricense no es aislado. La "mano dura" que caracteriza a gobiernos regionales —el caso salvadoreño como exponente— está acompañada por una coyuntura internacional que normaliza liderazgos personalistas y estrategias de crisis manejadas con un fuerte componente de espectáculo. La convergencia de referentes internacionales (de Donald Trump, pasando por Javier Milei hasta Bukele) alimenta narrativas que relativizan controles tradicionales y priorizan resultados visibles.
Internamente, esa dinámica se mezcla con escándalos que muestran la penetración de las estructuras criminales en instancias del Estado: la captura y proceso de figuras como el exmagistrado Celso Gamboa —vinculado a procesos de extradición por presunta relación con narcotráfico— ilustran cómo esa tensión entre seguridad y legalidad se vuelve tangible. Las reformas de 2025, que permitieron procesos de extradición, responden a una demanda de herramientas más duras contra la violencia; al mismo tiempo, abren debates sobre límites y garantías.
Opinión pública fragmentada: pedir fuerza y mantener libertades
Las encuestas reflejan una paradoja: crece el apoyo a medidas duras y, en paralelo, persisten altos niveles de aprecio por libertades como la expresión. Los costarricenses —según estudios citados— valoran la democracia entendida como conjunto de libertades, pero al mismo tiempo exhiben una disposición a sacrificar parte de esas garantías en nombre de la seguridad. Esa ambivalencia es el terreno fértil donde florecen discursos autoritarios con apariencia contractual: "a cambio de seguridad, podrá haber menos libertades".
Es también la explicación política de por qué figuras como Chaves o candidaturas que abrazan el "efecto Bukele" obtienen tracción: ofrecen una respuesta directa a un problema que hiere a la cotidianidad. Pero esa respuesta viene acompañada de preguntas que el país no ha resuelto: ¿quién vigila a quien detiene? ¿qué límites se respetan cuando se prioriza la eficacia? ¿la pérdida de pesos y contrapesos presupone rendimientos permanentes en seguridad?
Más allá de cifras y políticas, la discusión se vuelve cultural. "Pura vida" —esa marca exportable de convivencia y bonhomía— se interroga sobre su propio sentido: ¿puede un país que renuncia a protecciones ambientales o sociales seguir reclamando ese adjetivo? ¿es Pura Vida recortar derechos para garantizar orden? La pregunta no es retórica: es el verdadero dilema que enfrentan votantes convencidos de que la política debe resolver desigualdades, pero reacios a confiar en partidos e instituciones que creen corruptas o ineficaces.
Las elecciones de febrero de 2026, marcadas por la presencia simbólica y práctica de figuras foráneas y por una polarización interna creciente, no son solo una contienda por el poder. Son una votación sobre el pacto social: la manera en que Costa Rica definirá prioridades entre derechos y seguridad, entre control y transparencia, entre la defensa del Estado de derecho y la tentación de salidas más contundentes.
La escena del expresidente que desciende escoltado en 2004 y la imagen del visitante presidencial que inspecciona una cárcel modelo en 2026 son dos caras de una misma transformación. En medio están los gobiernos que buscaron reformas económicas, los partidos que sufrieron fracturas, las nuevas fuerzas que prometieron limpieza y los ciudadanos que, agotados, se cuestionan el valor de las instituciones.
La historia reciente sugiere que las soluciones fáciles a problemas complejos tienen costos. A la hora de votar, la memoria —la que recoge los días de crisis y las tardes de normalidad— importará tanto como el miedo. Y el desafío, para Costa Rica, será definir si prefiere la reparación institucional que fortalezca controles y redistribución, o si opta por atajos que prometen orden pero ponen en entredicho garantías básicas. Ambas opciones transforman la idea de quiénes somos y qué entendemos por "pura vida".
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