Este proyecto, que aún está en fase de planificación, se enmarca en el contexto de la creciente preocupación por la inseguridad y el auge de las estructuras criminales en el país centroamericano. No obstante, las críticas continúan, tanto por su coste económico como por la ubicación y el posible impacto ambiental en una región que ya enfrenta múltiples desafíos sociales y ambientales. El oficialismo está empecinado en volver este "sueño" una realidad.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
El anuncio de la construcción de una cárcel para más de 20,000 reclusos en el remoto sector de Mocorón, departamento de Gracias a Dios, ha generado intensos debates en el panorama político, institucional y social hondureño. La obra, presentada como un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) para albergar a internos de alta peligrosidad, ha sido criticada por sectores que consideran que su viabilidad económica y logística resulta cuestionable, algunos meses después de que fracasara la edificación de una estructura con el mismo fin en Islas del Cisne, también conocidas como las Islas Santanilla-, situadas a más de 250 kilómetros de tierra firme.
En ese sentido, el exministro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa de Honduras, Arístides Mejía, expresó su rechazo categórico al proyecto, calificándolo como "faraónico" debido a los elevados costos que implica su ejecución en una región desolada y de difícil acceso. Mejía subrayó las complicaciones logísticas de abastecer el lugar con alimentos, materiales de construcción y gestionar el traslado de internos. Además, destacó el impacto que tendrá para los familiares de los reclusos, quienes enfrentarán enormes dificultades para realizar visitas. "Es un gasto insostenible para un país como Honduras, que enfrenta problemas apremiantes en educación, salud y seguridad," señaló Mejía, haciendo un llamado a priorizar inversiones en áreas estratégicas para el desarrollo.
Por su parte, la presidenta Xiomara Castro reconoció la preocupación ambiental que rodea este tipo de iniciativas, especialmente en un área como La Mosquitia, conocida por su biodiversidad. En un discurso televisado, la mandataria enfatizó los efectos negativos del "capitalismo salvaje" sobre el medio ambiente, relacionándolo con el cambio climático, que ya está afectando gravemente la agricultura hondureña y causando fenómenos meteorológicos extremos.
Sin embargo, Castro no indicó que el proyecto sería reconsiderado, limitándose a subrayar la importancia de preservar los recursos naturales en el proceso de construcción.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, también destacó la intención de mitigar los impactos ambientales del CRE mediante el uso de sistemas residuales para el tratamiento de plantas, una medida que se implementará una vez que el centro esté operativo. Por su parte, la actual ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien lidera el proyecto y además es precandidata presidencial por el oficialista partido Libertad y Refundación (LIBRE), informó que se espera concluir la construcción del centro en un plazo de nueve meses a un año. Según Moncada, el CRE se destinará exclusivamente a reos vinculados a estructuras criminales, como parte de la estrategia del oficialismo para combatir la criminalidad organizada.
"El gobierno avanza con determinación en la implementación de medidas relacionadas con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado", declaró Moncada esta semana durante una inspección en el lugar donde se edificará la prisión junto a altos mandos militares y representantes de instituciones penitenciarias.
El proyecto pone de manifiesto la compleja relación entre la lucha contra la criminalidad y las prioridades de desarrollo en un país con limitados recursos económicos, y varias problemáticas de gran relevancia. Mientras algunos defienden la necesidad de medidas contundentes para combatir el crimen, otros advierten que la construcción de megacárceles no aborda las raíces estructurales de la violencia ni los problemas de exclusión social que la alimentan.
En un contexto de tensiones políticas y climáticas, el futuro de este proyecto será un termómetro de las prioridades y capacidades del gobierno para responder a los múltiples desafíos que enfrenta Honduras. La discusión sigue abierta, con sectores divididos entre quienes ven en el CRE una solución inmediata a la inseguridad y quienes lo consideran una estrategia insostenible y desconectada de las necesidades urgentes del país centroamericano, contra pronósticos y problemas igual de graves.
El proyecto carcelario costará 2,700 millones de lempiras, aproximadamente. En diciembre de 2024 comienzan las obras.
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