Analistas sostienen que Daniel Ortega y Rosario Murillo envían un mensaje peligroso para infundir miedo con los movimientos abruptos en el Poder Judicial de Nicaragua. Afirman que la represión continuará hasta que el régimen sandinista se debilite por completo, ya que incluso sus partidarios consideran la situación nacional insostenible.
Por Voces En Libertad | @VocesNi
Managua, Nicaragua
El régimen del sandinista Daniel Ortega no logra superar su actual crisis interna y, en cambio, se agudiza desde el Poder Judicial de Nicaragua. A pesar de que, según analistas consultados, el oficialismo puede controlar la rebelión institucional debido a su control de las fuerzas armadas, no podrá evitar que las fisuras se agranden, originadas por el levantamiento social de abril del año 2018, y profundizadas tras los comicios presidenciales del año 2021, cuando Ortega y su sistema acabaron con la oposición política y extremaron la violencia estatal. Dentro del tridente represivo del sandinismo, compuesto por el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), este último el más delicado de los tres órganos, ya que legaliza hasta la fecha los abusos cometidos por el cuerpo armado y los grupos paramilitares contra los ciudadanos nicaragüenses que no apoyan a Ortega y a su esposa Rosario Murillo, en el poder desde el año 2007.
En los pasillos del edificio central de la CSJ, desde el viernes 27 de octubre de 2023, reina un silencio sepulcral. Un funcionario describe el ambiente como opresivo, con "caras largas y atemorizadas". Nadie se atreve a hablar. Todos son conscientes de que cualquiera, culpable o no, puede ser llevado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, conocidas como "El Chipote", y sufrir lo mismo que otros disidentes han experimentado.
Muchos conocen a la doctora Alba Luz Ramos, la ahora exmagistrada presidenta de la CSJ, aunque nadie olvida a Roberto Larios, quien solía ser un poderoso partidario de Ortega y fue encarcelado y luego desterrado a los Estados Unidos de América (EE.UU.) después de defender al mandatario nicaragüense y leer comunicados que respaldaban la represión contra las y los opositores.
Se rompe la confianza de los leales
Carlos Murillo Zamora, un analista político que enseña en la Universidad de Costa Rica (UCR), opina que la represión en la CSJ revela que el régimen orteguista ya no confía en ciertos colaboradores que antes le juraron lealtad. "La confianza se ha quebrado", afirma el especialista.
Murillo Zamora cree que Ortega y Murillo han perdido la confianza en estos colaboradores y están anticipando una posible implosión dentro del Poder Judicial que podría extenderse a todas las instituciones estatales, como fue el caso de la Policía Nacional y el Ejército en semanas anteriores. "Está claro que Daniel Ortega y Rosario Murillo pueden perder la confianza de su propio círculo en cualquier momento y eliminarán a quienes consideren una amenaza. Este régimen es sultánico, y cualquier cuestionamiento, ya sea basado en criterios técnicos o legales, se percibe como una amenaza a la pareja presidencial", explicó el especialista a esta Redacción.
El catedrático, que sigue de cerca la situación de los derechos humanos en Nicaragua, coincide con otros analistas al señalar que la CSJ no será la última institución estatal en crisis. "Donde haya amenazas, habrá represión, incluso en el Ejército. Si el régimen encuentra a otros leales, como el comandante general Julio César Avilés, jefe de la institución armada, quien juró lealtad a principios de septiembre, reprimirá", comentó Zamora.
"Esto se extenderá no solo en el órgano judicial, sino también a otras instancias, incluyendo a los militares y la Policía. Ortega y Murillo cerrarán cada vez más su círculo, alimentados por la paranoia que les hace ver a todos como potenciales conspiradores", agregó el docente.
Avanza el Estado totalitario
Según el político Luis Fley, quien lidera en el exilio a la opositora Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), las acciones del régimen en la CSJ demuestran su falta de respeto por la separación e independencia de Poderes establecida en la Constitución Política. "Es grave, ya que la Constitución es clara al respecto. En Nicaragua, el Estado totalitario avanza", afirma Zamora al respecto.
En noviembre de 2022, en las elecciones municipales a nivel nacional, el régimen sandinista también ultimó su control sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE) mediante militantes leales. Como resultado, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se adueñó de las 153 alcaldías de igual número de municipios, dejando a los partidos colaboracionistas sin ninguna localidad. Además, se han destituido alcaldes sin seguir los parámetros de la Ley Electoral que regulan el poder local, sin explicar las razones de estos despidos.
Incluso la Policía Nacional, el brazo armado que ahora jura lealtad al Poder Ejecutivo de Nicaragua, en manos de Ortega por cuarto período consecutivo, no ha escapado a las purgas. Ortega y Murillo han destituido a varios comisionados, quienes han liderado la represión desde el año 2018, en medio de una crisis que ha dejado a más de 350 personas asesinadas por el Estado del país centroamericano, incluyendo niños y adolescentes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta última entidad internacional acusa al régimen Ortega-Murillo de cometer crímenes contra la humanidad.
"Lo que estamos viendo es un Estado totalitario que está destruyendo el país", advierte Fley. Según la ley, para destituir al presidente de la Corte Suprema de Justicia se necesitan la mayoría de votos de la Asamblea Nacional -órgano legislativo controlado por el FSLN-, siendo esta una tarea que el presidente de la República no puede tomar de forma directa. "En otro país, esto sería grave, pero en Nicaragua, el régimen normaliza lo ilegal. Basta con una orden y la Policía rodea al funcionario", explica Murillo Zamora.
La fuente, que ha analizado la crisis institucional en Nicaragua, plantea que el régimen cambia constantemente a sus funcionarios porque las lealtades de antaño se han erosionado en las actuales circunstancias del país. "Cada día, Ortega y Murillo necesitan aumentar su autoridad y reiterar que ellos toman las decisiones, y que cualquier oposición tendrá consecuencias. En realidad, ya no hay nadie fiel a la pareja Ortega-Murillo; desconfían de todos", argumenta. "Estas acciones represivas continuarán, y Ortega y Murillo seguirán estrechando su círculo de confianza", advierte.
Una advertencia peligrosa a largo plazo
En cuanto a la represión contra Alba Luz Ramos, quien fungió como magistrada en la CSJ durante 35 años, Luis Fley sostiene que Ortega envía una advertencia peligrosa al resto de sus simpatizantes en el Estado. Les plantea la elección de alinearse con él o enfrentar las consecuencias. Quienes estén con Ortega deben seguir sus órdenes o sufrirán represalias, concluye el opositor.
Según el abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, la "limpieza" en curso en la CSJ podría extenderse a los complejos judiciales de los departamentos. Afectaría a todas las oficinas administrativas que participaron de alguna manera en actos de corrupción o represión contra los opositores, incluso planificando actividades paramilitares en 2018.
Por otro lado, el sociólogo Oscar René Vargas ha advertido sobre una implosión en el régimen sandinista, que lo debilitará hasta su caída. Según él, a pesar de la negación de la cúpula orteguista, estas acciones, como las ocurridas en la Policía y ahora en la CSJ, son parte de este fenómeno político.
"Ortega ensaya un golpe de Estado"
Las acciones del régimen contra la CSJ, donde policías y civiles armados ocuparon la sede del Poder Judicial y sacaron de sus cargos -sin orden judicial ni justificación legal- a la presidenta de dicho órgano estatal y a otra magistrada, según Morazán, constituyen un ensayo de golpe de Estado. "Remover a dos magistradas y alterar sus estructuras equivale, desde una perspectiva legal, a un golpe de Estado. Esto implica la intervención o toma de un Poder del Estado por parte de otro, con la toma del control por la fuerza, de manera repentina e ilegal", explica Morazán, exfuncionario de ese Poder del Estado.
El exfuncionario señala que no existe base legal para que tanto la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, como Yadira Centeno, otra magistrada, hayan sido expulsadas de sus oficinas y enviadas a sus casas o a otro lugar. "Lo más preocupante es que agentes policiales, portando armas de guerra, han ocupado la sede central de un Poder del Estado, lo que representa una grave violación de la Constitución Política del país", advierte.
Examen de equipos informáticos y registros de llamadas
Según una jueza consultada para este reportaje, desde la toma policial de la CSJ el martes 24 de octubre, los agentes se han centrado en investigar las áreas de servicios informáticos de la institución y han inspeccionado cuidadosamente cada servidor y equipo de trabajo en esa área. "La Policía ha concentrado sus esfuerzos en el departamento de informática, pero lo que resulta inusual es que después de la toma, han aparecido individuos con acento extranjero que están revisando todos los equipos en esa área. No sabemos si esto está relacionado con una posible acusación de ciberdelitos", informa la funcionaria bajo condición de anonimato.
También se están revisando los registros de llamadas de cada una de las líneas telefónicas asignadas a las y los empleados, particularmente las conexiones de la red local, según explica la fuente.
Este lunes 30 de octubre, las y los trabajadores del Poder Judicial regresaron a sus labores bajo estrés y con temor a que los agentes de la Policía Nacional, controlada por el FSLN, ingresen a sus oficinas, les pidan los teléfonos celulares y las computadoras, y los envíen a sus hogares. "Es evidente que nadie aquí se siente seguro, ni siquiera los jueces que han dictado condenas a las y los presos políticos, o los que están a cargo de los casos de las estudiantes detenidas en relación con la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) -en agosto de este año-, a quienes ahora se acusa de posesión de drogas", comparte la funcionaria.
"La situación actual tiene a todos los trabajadores en vilo, ya sean militantes leales o no", afirma otro empleado judicial.
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