Crisis por caso "Koriun Inversiones" escala con protestas en Tegucigalpa y nuevas acusaciones de lavado de activos
- Redacción Central
- 31 jul
- 5 Min. de lectura
Los afectados por el cierre y confiscación de la financiera Koriun Inversiones realizan protestas frente a la Casa Presidencial de Honduras, en exigencia de una pronta respuesta por parte del gobierno ante la falta de devolución de sus ahorros. "No nos vamos hasta que respondan", señaló uno de los afectados. Esperan la llegada de más manifestantes en las próximas horas. Xiomara Castro sigue guardando silencio. "Devuélvannos nuestro dinero", exigen.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
El escándalo por el caso de la clausurada Koriun Inversiones ha escalado en intensidad durante las últimas horas, luego de que el Ministerio Público (MP) presentara un nuevo requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos contra dos de los administradores de las sucursales de la empresa fachada. En paralelo, las inmediaciones de Casa Presidencial de Tegucigalpa son al cierre de este texto epicentro de protestas multitudinarias, mientras miles de personas exigen la devolución de sus ahorros, asegurando que el Estado es responsable de la incautación de los fondos.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) formalizó este nuevo requerimiento contra Elder Jehovany Gómez Guevara y Juan Carlos García Ríos, quienes fungieron como administradores de las sucursales de Koriun Inversiones en Copán y Santa Bárbara, respectivamente. Ambos ya enfrentaban cargos por asociación para delinquir, pero ahora también deberán responder por lavado de activos, tras detectarse una incongruencia entre sus ingresos reportados y sus transacciones financieras.
Según el análisis financiero patrimonial realizado por el MP, Gómez Guevara no ha podido justificar más de 7.3 millones de lempiras (L. 7,386,875.37), mientras que García Ríos no ha acreditado el origen legal de más de 1.5 millones de lempiras (L. 1,580,463.33).
Esta acción se suma a la ampliación de cargos presentada el pasado 27 de junio contra otros miembros de la estructura de Koriun, incluyendo al gerente Iván Abad Velásquez, su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, y Marco Abel Villeda Galdámez, todos inicialmente acusados de lavado de activos y ahora también de asociación ilícita.
Protestas frente a Casa Presidencial
Desde la tarde del miércoles, miles de afectados por la estafa de Koriun Inversiones iniciaron un plantón frente a Casa Presidencial, bloqueando accesos clave como el bulevar Juan Pablo II y las vías hacia el Centro Cívico Gubernamental. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó los cierres y desvíos, justificándolos como una medida para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público.
Portando pancartas con mensajes como "¡Devuélvannos nuestro dinero!" y "¡Exigimos justicia, señor Manuel Zelaya!", los manifestantes denuncian que el gobierno no ha cumplido con las promesas de devolución de fondos. Algunos aseguran que se han trasladado desde distintos puntos del país, como Choluteca, Olancho, Copán y Cortés, y advierten que más de 15 mil personas están en camino para reforzar las protestas.
"Somos 34 mil personas las que fuimos estafadas. No nos iremos hasta que el gobierno responda", expresó uno de los líderes del movimiento durante la concentración de hoy, jueves 31 de julio, al ser consultado por el equipo de COYUNTURA. Según declaraciones recogidas, algunos protestantes aseguran que el dinero fue decomisado por el gobierno y no por la financiera, por lo que exigen una solución estatal.
Durante la jornada, se registraron momentos de tensión cuando las fuerzas policiales colocaron vallas metálicas y bloquearon el paso hacia los portones de la sede presidencial, generando forcejeos con los manifestantes. Una comitiva fue enviada con la esperanza de ser recibida por autoridades gubernamentales, pero hasta ahora no se ha confirmado ninguna reunión formal.
Tensión política y señalamientos internacionales
Mientras se intensifican las demandas ciudadanas, el panorama político nacional también se ha visto sacudido por nuevas controversias. La congresista estadounidense María Elvira Salazar lanzó esta semana severas críticas contra la administración socialista hondureña, acusándola de intentar manipular el proceso electoral a través de una intervención en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
"El gobierno comunista de Manuel Zelaya está utilizando a la ATIC para intimidar al CNE y manipular el proceso democrático", denunció Salazar desde su cuenta oficial en la red X (antes Twitter). A su juicio, lo que ocurre en Honduras constituye un "ataque directo contra la voluntad del pueblo", en referencia al ingreso de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) al CNE este miércoles por la mañana, para el secuestro de documentos bajo investigación por presuntas conspiraciones y extorsión.
La acción fue ordenada por el fiscal general Johel Zelaya, quien la justificó como un paso necesario para proteger la integridad del proceso electoral previsto para el próximo domingo 30 de noviembre. Sin embargo, organizaciones nacionales como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han criticado duramente lo que consideran una violación a la independencia del órgano electoral.
"Es inadmisible que el fiscal actúe con juicios anticipados y a favor del discurso oficialista", manifestó la directora del CNA, Gabriela Castellanos, mientras que el COHEP advirtió que una judicialización del proceso comprometería la legitimidad democrática del país centroamericano. La presidenta del CNE, Cossette López, por su parte, afirmó que no teme a las presiones institucionales y calificó como "ilegales e innecesarias" las amenazas del MP. Mientras tanto, opositores como Tomás Zambrano, jefe de la bancada en el Legislativo del Partido Nacional, acusan al gobierno de buscar la parálisis del CNE para facilitar una prórroga en el poder.
Con el caso Koriun desbordando en las calles y las tensiones políticas alcanzando nuevas alturas institucionales, Honduras enfrenta una coyuntura crítica. El descontento social, la desconfianza en las instituciones y las denuncias de injerencia en el sistema electoral configuran un escenario de alta volatilidad a pocos meses de las elecciones generales.
Hasta el momento, Casa Presidencial no ha emitido ninguna postura oficial frente a la protesta ni se ha confirmado un diálogo con los inversionistas afectados. La incertidumbre crece entre las y los manifestantes, que insisten en mantener la presión hasta obtener respuestas concretas de la mandataria Xiomara Castro.
Mientras tanto, las autoridades de tránsito no descartan que las restricciones viales continúen o incluso se intensifiquen en los próximos días, ante la posibilidad de un aumento en el número de manifestantes y cuerpos policiales, y en la magnitud de las protestas.
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