Daniel Ortega califica de "payasada" operativo de EE.UU. contra bote venezolano en el Mar Caribe, mientras la vigilancia y represión en Nicaragua alcanzan niveles récord
- Redacción Central
- 3 sept
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En el mismo acto de este martes en Managua, el general sandinista Julio César Avilés, jefe del Ejército, reforzó la retórica oficialista de lealtad absoluta al régimen Ortega-Murillo y reafirmó la subordinación de la institución a la Jefatura Suprema. Avilés calificó a los opositores como "traidores, vendepatrias y lacras", y enfatizó que la defensa de la soberanía y la autodeterminación nicaragüense es responsabilidad de todas las Fuerzas Armadas. Durante su intervención, también destacó la promoción de 262 miembros de la institución, incluyendo 36 mujeres, y ensalzó la participación femenina en altos cargos como un motivo de orgullo institucional.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En el marco del acto conmemorativo por el 46 aniversario del Ejército de Nicaragua, el copresidente sandinista José Daniel Ortega Saavedra rechazó este martes 02 de septiembre de 2025 el operativo naval estadounidense en aguas internacionales que, según la Casa Blanca, terminó con la muerte de once personas a bordo de una embarcación procedente de Venezuela. El líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) calificó la acción como un montaje político y puso en tela de juicio las evidencias presentadas por Washington, mientras el instituto castrense del país centroamericano y la cúpula del poder patrimonializaron la ceremonia para consolidar lealtades internas y evitar referencias a recientes crímenes contra las mujeres ocurridos en espacios militares.
Horas después de que el presidente de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Donald Trump, anunciara desde Washington la operación —en la que la Armada estadounidense dijo haber abatido a integrantes, supuestamente del grupo criminal Tren de Aragua, en un barco que transportaría drogas— Ortega, extrañamente bien informado sobre los acontecimientos, desestimó públicamente la acción militar. "Le metieron un par de cohetazos a una lanchita, la destruyeron y mataron a once personas. ¿Cómo demuestran ellos que eran narcotraficantes y que llevaban droga para los Estados Unidos?", preguntó el mandatario centroamericano durante su discurso.
El dictador sandinista vinculó el despliegue a una maniobra intimidatoria contra gobiernos latinoamericanos soberanos y a una puesta en escena destinada, a su juicio, a justificar presiones contra regímenes afines a Venezuela y a otros aliados. "La payasada del barco.... ...en Venezuela todo es un teatro, un teatro para tratar de desviar la atención", afirmó Ortega, y pidió a Washington que "empiece por casa" y controle sus propios puertos, pasos terrestres y aeropuertos en la lucha contra el narcotráfico.
"Lo que han hecho los Estados Unidos, de tender barcos de guerra que transportan aviones, helicópteros, que cargan cohetes, eso no va para ningún lado", señaló Ortega Saavedra.
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, anunció hace un mes una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del dictador chavista Nicolás Maduro; según recordatorios oficiales citados en el acto, la imputación estadounidense a Maduro por narcotráfico y terrorismo data de 2020 y en enero pasado la recompensa había sido fijada en 25 millones, cifra que ahora, según Estados Unidos, se habría duplicado.
Ejército, lealtad y un discurso contra la “traición”
El jefe del Ejército nicaragüense, general Julio César Avilés, reforzó la retórica oficialista: calificó a los opositores como "agresores, vendepatrias y entreguistas", proclamó su subordinación a la Jefatura Suprema —en alusión directa a Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo— y defendió la "dignificación" interna de la institución, controlada desde la Secretaría del FSLN en El Carmen. Avilés informó, además, sobre ascensos militares: 262 promovidos, entre ellos 36 mujeres, un dato que el régimen exhibió como muestra de inclusión femenina dentro de las filas castrenses.
En su alocución, el general enfatizó que la defensa de la soberanía exige identificar y castigar a quienes, según la línea oficial, atenten "contra la paz y la independencia". Esa narrativa secundó el llamado presidencial de "redoblar la vigilancia revolucionaria" en barrios y centros de trabajo, instrucción que el ahora Órgano Ejecutivo viene promoviendo como herramienta de control político, institucional, social y militar.
Pese al discurso sobre orden y seguridad, ni Ortega ni Avilés se refirieron al femicidio ocurrido el jueves 21 de agosto de 2025, cuando el mayor Enmanuel Flores asesinó a la teniente Teresa Vega Treminio dentro del Estado Mayor; tampoco hicieron mención del homicidio del jueves 22 de agosto de 2024 en la capilla del Hospital Militar, donde Giovanni Fonseca Mendieta mató a su expareja. Ambos crímenes —ocurridos en recintos bajo control castrense— permanecen, según reportes de medios locales, sin pronunciamientos oficiales detallados por parte del Ejército o la Policía, una omisión que no fue abordada en la ceremonia.
Expansión paramilitar y vigilancia
El discurso estatal de control político se produce en un contexto de alta percepción de vigilancia ciudadana. El informe de realidad política, económica y social del organismo Hagamos Democracia, realizado entre el viernes 18 y el miércoles 23 de julio de 2025, indica que el 92,25 % de las y los nicaragüenses consultados aseguran haber sufrido algún tipo de vigilancia en su entorno. El sondeo se aplicó en un momento en que el régimen intensificó detenciones —33 personas arrestadas y consideradas en situación de desaparición forzada, según el reporte— y señaló a diversas estructuras como protagonistas del control social.
Según la consulta, los principales perpetradores de la vigilancia son, por orden de mención: los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS) con 52,56 %, la Policía Nacional con 30,19 % y grupos paramilitares con 16,98 %. En menor medida, la ciudadanía señaló la participación de trabajadores de instituciones públicas, la llamada Policía Voluntaria, secretarios políticos e incluso compañeros de trabajo como elementos activos en la red de control.
El informe advierte que la normalización de la denuncia como práctica de control, combinada con la cooptación de estructuras comunitarias —como los Consejos del Poder Ciudadano (CPC)— ha convertido supuestos espacios participativos en mecanismos de vigilancia; desde agosto de 2023, detalla el documento, la administración promovió "encuentros de seguridad ciudadana y humana" que, en la práctica, funcionaron como puntos de contacto permanentes entre la Policía y las bases partidarias.
El diagnóstico de Hagamos Democracia también documenta la militarización informal de la sociedad: durante el primer trimestre de 2025, el régimen juramentó a unos 80,800 paramilitares encapuchados, una cifra que, según la investigación, reforzó el ambiente de temor en los barrios. Al interior del Estado, el informe registra purgas internas impulsadas por Rosario Murillo en ministerios y dependencias estatales, una práctica que, para la mayoría de los consultados, es coherente con la consolidación de un proyecto de poder familiar.
El sondeo revela que el 98 % de los encuestados percibe que la administración Ortega-Murillo se prepara para una sucesión dinástica; dentro de ese grupo, 52,64 % identifica a Laureano Ortega Murillo como el principal posible heredero, mientras que 46,10 % apunta a Rosario Murillo. Estos porcentajes subrayan la prevalencia de la hipótesis pública sobre continuidad familiar del poder y la consolidación de reformas legales que, según los analistas citados en el estudio, facilitan esa prospectiva.
En su discurso Ortega defendió lazos con naciones que, dijo, ofrecen cooperación "sin condiciones políticas": mencionó explícitamente a Venezuela y a la República Popular China como socios clave frente a bloqueos y sanciones. Reiteró su rechazo a políticas externas que, a su juicio, buscan "destruir" organizaciones regionales de izquierda o derrocar administraciones "revolucionarios".
Lo ocurrido este martes pone de relieve dos frentes simultáneos en la narrativa oficial: la confrontación hacia actores externos —en este caso, Estados Unidos— como recurso para legitimar la defensa de la soberanía; y la movilización de símbolos internos —el Ejército, los ascensos, las alusiones a la participación femenina— para reforzar la cohesión política en el núcleo del poder. Al mismo tiempo, los datos sobre vigilancia, la juramentación masiva de paramilitares y el silencio ante femicidios en espacios militares señalan una tensión entre el discurso de "protección de la paz" y prácticas que amplían el control social y reducen espacios de rendición de cuentas.
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