Denuncias penales, acusaciones de fraude y alta tensión política sacuden al CNE a cuatro meses de las elecciones en Honduras. "Nos quieren restar independencia", advierten consejeras
- Jairo Videa
- 8 jul
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Dos candidatos presidenciales acudieron personalmente a una conferencia de prensa para respaldar a Cossette López y Ana Paola Hall. Nasry Asfura y Jorge Ávila defendieron el proceso de verificación legal de actas mediante el sistema TREP y condenaron los actos de coacción contra las representantes electorales. "Aquí no es un tema de caprichos políticos, la ley manda. Respetarla es la única vía para un proceso democrático serio", afirmó el nacionalista .
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
El proceso hondureño rumbo a las elecciones generales del domingo 30 de noviembre de 2025 atraviesa una de sus mayores crisis institucionales, tras el estallido de un nuevo conflicto interno en el Consejo Nacional Electoral (CNE). A cuatro meses de los comicios, el consejero Marlon Ochoa —representante del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE)— presentó este lunes 07 de julio de 2025 dos denuncias penales ante el Ministerio Público (MP) contra sus compañeras de pleno, Cossette López (Partido Nacional) y Ana Paola Hall (Partido Liberal), por presuntos delitos electorales, prevaricato administrativo y usurpación de funciones.
La raíz del pleito más reciente es una disputa sobre el proceso de licitación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), considerado fundamental para garantizar la transparencia y la rapidez en la divulgación de los resultados. Ochoa acusa a sus colegas de extender de manera unilateral el plazo para la recepción de ofertas de empresas interesadas en proveer el TREP, sin haberlo aprobado en el pleno. Según el consejero, dicha ampliación viola la ley y abre la puerta a una intervención humana en el conteo preliminar de actas, algo que califica como ilegal y parte de una "estrategia del bipartidismo" para repetir presuntos fraudes como los de 2013 y 2017.
Desde su posición como presidenta del CNE, Cossette López ha defendido la ampliación del plazo como una medida legítima y necesaria para garantizar pluralidad en la licitación. Asegura que fue adoptada dentro del marco legal, en cumplimiento del cronograma electoral y del Artículo 283 de la Ley Electoral, que faculta al CNE a "analizar, verificar y sumar los datos".
"El CNE no eligió data centers, eligió analizar los resultados. La ley no dice que el conteo debe hacerse exclusivamente por computadoras. El proceso debe ser humano, como lo es el CNE mismo", sostuvo López ayer, al tiempo que acusó a Ochoa de intentar imponer sus criterios mediante "coacción y amenazas".
Ana Paola Hall, también aludida en las denuncias, respaldó la decisión, argumentando que fue adoptada por mayoría del órgano colegiado, tal como lo permite la ley. "Las mejores decisiones son por unanimidad, pero cuando no hay consenso, la ley habilita a decidir por mayoría. No es delito aplicar el marco normativo", explicó.
Ambas consejeras denunciaron públicamente amedrentamientos por parte de colectivos afines a LIBRE que impidieron el ingreso de oferentes al edificio del CNE en Tegucigalpa el mismo día que se recibirían las propuestas técnicas del TREP. Según López, la acción fue un "atentado contra el proceso electoral" que cruzó "el límite de la desesperación". Pero la Fiscalía, al cierre de este texto, no ha confirmado la investigación de estos hechos. Varios de los "protestantes", según verificación de COYUNTURA, llegaron a las instalaciones del órgano electoral este lunes sin un objetivo específico y menos civil. "Nos convocaron. Solo eso", dijo una joven que se identificó como "activista de las bases de la refundación".
La crisis interna del CNE ya escaló al Poder Legislativo. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a los tres consejeros a comparecer hoy, martes 08 de julio, ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, por la tarde. La audiencia busca "esclarecer los hechos" y garantizar que el proceso electoral no quede atrapado en disputas internas o manipulaciones partidarias. Sin embargo, Redondo no ha realizado un llamado contundente o mínimo dirigido a su ente político para que detenga una evidente estrategia contra el proceso mismo, el cronograma electoral y las tareas indispensables. Las fuerzas de choque de Libertad y Refundación decidían quien ingresaba o no al Consejo Nacional Electoral todo el lunes, en flagrante delito.
Redondo recordó que el CNE ya recibió un presupuesto de 1,737,500 lempiras para el montaje del proceso, aprobado con 105 votos —a pesar de que originalmente no contaba con el quórum de 65 diputados—. Ahora, el directorio del Congreso exige rendición de cuentas y certeza institucional, apegado siempre a la narrativa de LIBRE.
También el sector empresarial hondureño reaccionó ante la convulsión. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) condenaron el bloqueo a la sede del CNE y calificaron los hechos como una amenaza a la institucionalidad democrática. Las organizaciones coincidieron en que la participación de oferentes en el proceso del TREP es un derecho, y obstaculizarla puede constituir un delito electoral. "El TREP debe contar con garantías de transparencia, auditoría y contratación técnica, sin interferencias partidarias. No podemos permitir que las disputas políticas generen inestabilidad", expresó el COHEP en un comunicado conjunto.
En medio de las tensiones, Nasry Asfura, presidente del Partido Nacional (PNH) y candidato presidencial, se presentó en una conferencia de prensa junto a líderes del Partido Liberal (PLH), el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), y Democracia Cristiana (DC) para expresar su respaldo explícito a López y Hall.
"Esto no depende del gusto de ningún político. Aquí lo que manda es la ley. Y la ley se está cumpliendo. Intimidar a las consejeras no es el camino. Hoy se ha golpeado la democracia al impedir que los oferentes del TREP se hicieran presentes", sentenció Asfura, desmarcándose del señalamiento de "bipartidismo" y posicionándose como defensor del orden institucional.
La polémica ocurre en un contexto electoral enrarecido. Las elecciones primarias del domingo 09 de marzo de 2025 estuvieron marcadas por retrasos, fallas técnicas y denuncias de fraude que aún están bajo investigación. El TREP, herramienta que debe aportar certeza, ha estado históricamente bajo sospecha. En los comicios de 2013 y 2017, fue gestionado bajo estructuras que ahora son usadas como argumento para alertar sobre un posible fraude, sin pruebas, solo con gritos y acusaciones.
Ahora, cualquier decisión sobre su funcionamiento y adjudicación está bajo un escrutinio implacable: desde los partidos, los empresarios, el Congreso y la ciudadanía, hasta organismos de observación internacional. Y mientras el país se acerca al domingo 30 de noviembre, la legitimidad del proceso se encuentra amenazada por las fracturas visibles en el propio órgano electoral.
La Fiscalía General tiene en sus manos dos denuncias que no solo implican responsabilidades legales, sino que podrían alterar el curso de la planificación electoral, sí deciden intervenir. La forma en que se resuelva este conflicto marcará un punto de inflexión para la credibilidad democrática del país centroamericano.
La pugna interna en el Consejo Nacional Electoral no es un episodio aislado, sino otro síntoma de la fragilidad institucional en torno a un proceso electoral históricamente cargado de tensiones. La judicialización del debate técnico sobre el TREP, el uso de manifestaciones para presionar decisiones internas, y el involucramiento directo de figuras presidenciales evidencian una batalla política e ideológica de fondo que trasciende los aspectos operativos del sistema.
La transparencia, la legalidad y la confianza pública —pilares indispensables de toda elección democrática— hoy están en juego en Honduras.
"Ya tenemos funcionarios perseguidos desde las elecciones primarias. Mi solidaridad con ellos. En este momento, el ambiente dentro de la Unidad de Compras y Contrataciones es difícil. Hay dos funcionarios que están totalmente atemorizados, y son los funcionarios sobre los cuales recae una cantidad de responsabilidad en esas compras y contrataciones. No puede ser que cada vez que no estemos de acuerdo la salida sea el Ministerio Público. Creo que eso nos quiere restar independencia a nosotros y también a la otra institución de la cual yo provengo, y creo que también debería defender de la misma manera su autonomía, y espero que no caigan esta vez en esta trampa. Judicializar los procesos electorales es atentar contra la democracia. Eso (los hechos del lunes) atento contra la democracia cuando se impidió el acto público que el CNE convocó para poder cumplir la ley que dice que cuatro meses antes hay que adjudicar el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales. Solo estamos cumpliendo la ley", concluyó la consejera Hall.
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