El asesinato del nicaragüense Roberto Samcam sacude a la comunidad exiliada en Costa Rica, pero Centroamérica sigue callando
- Redacción Central
- 23 jun
- 7 Min. de lectura
La mecánica de los ataques recientes, el perfil de las víctimas y el contexto en el que ocurren refuerzan la hipótesis de una política extraterritorial de represión por parte del régimen Ortega-Murillo. Un grupo de 30 expresidentes iberoamericanos —miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA)— condenó el asesinato del exmilitar y exigió una investigación imparcial. Advirtieron que este crimen es parte de una cadena de persecuciones sistemáticas contra nicaragüenses desplazados, que incluye la revocatoria arbitraria de nacionalidades, el espionaje, el secuestro y el asesinato. "La dictadura sandinista ha exportado su desprecio por los derechos humanos", denunció el grupo.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
La mañana del jueves 19 de junio de 2025 se convirtió en una fecha luctuosa para la comunidad nicaragüense, dentro y fuera de su territorio. A las 07:45 a.m., en el residencial Naples, ubicado en San Vicente de Moravia, San José, el cuerpo del militar retirado y disidente político Roberto Samcam fue acribillado con ocho disparos dentro de su propia vivienda. El homicida, que ingresó sin ocultar su rostro y sin mostrar señales de apremio, ejecutó un crimen quirúrgico: no robó nada, no agredió a otras personas presentes en el edificio y salió del lugar donde ya lo esperaba un vehículo de fuga.
Este crimen, lejos de ser un episodio aislado, ha detonado un cúmulo de denuncias, temores y reclamos prolongados por parte de la comunidad nicaragüense exiliada en Costa Rica. Samcam, quien había llegado en 2018 huyendo de la represión política e institucional de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, había denunciado durante años la supuesta infiltración de células del régimen sandinista en territorio costarricense, y el involucramiento del Ejército en operaciones represivas ordenadas por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Su asesinato no solo marca una profunda herida en el tejido del exilio nicaragüense, sino que plantea preguntas inquietantes sobre la seguridad, la soberanía y la respuesta del Estado costarricense ante amenazas transnacionales.
Hasta la mañana del lunes 23 de junio de 2025, la Presidencia de Costa Rica no se ha pronunciado sobre los sangrientos hechos. La Fiscalía no descarta que se trate de una operación de "alto perfil" con posibles motivaciones políticas. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves aún no ha ofrecido declaraciones al respecto.
La ejecución de Samcam tiene características inusuales que han inquietado a expertos en seguridad, defensores de derechos humanos y a la misma población costarricense. El crimen ocurrió sin testigos incómodos, en un contexto controlado, y con información que el asesino parecía conocer con precisión. Según Gustavo Mata Vega, exministro de Seguridad de Costa Rica, el atentado refleja patrones de operación que implican "labores de inteligencia foránea". No se trató de un asalto. No fue un crimen común.
De acuerdo con declaraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el homicida se hizo pasar por residente del condominio, saludó a los obreros que reparaban el portón de entrada —que por esa razón no estaba cerrado— y accedió al apartamento sin despertar sospechas. Lo que siguió fue una ejecución directa y sin resistencia.
Ni robo, ni forcejeo, ni testigos muertos. Solo Roberto Samcam abatido a tiros, en su propio hogar.
El silencio del Poder Ejecutivo costarricense ha resultado ensordecedor. Mientras organizaciones regionales, expresidentes iberoamericanos, periodistas y defensores de derechos humanos claman justicia y protección, junto a la familia, ni el presidente Rodrigo Chaves ni la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) han emitido declaraciones oficiales. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, se excusó al señalar que el caso está en manos del OIJ. Entonces, la ausencia de una respuesta política clara ha generado dudas sobre la capacidad del Estado para proteger a quienes buscan asilo político y sobre si las advertencias sobre espionaje y operaciones extranjeras en suelo costarricense fueron atendidas.
Durante una misa previa al entierro de Samcam, celebrada en San José la mañana del domingo 22 de junio de 2025, la familia del fallecido instó al Estado costarricense a aceptar el apoyo ofrecido por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. "Confiamos en la justicia costarricense", dijo uno de los hijos de Samcam.
Lamentablemente Roberto no fue el primero. Su muerte se suma a una serie de atentados y agresiones documentadas por organizaciones como el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) y la Concertación Democrática Nicaragüense. Al menos cinco opositores nicaragüenses han sido atacados en Costa Rica en los últimos años. Uno de los casos más recientes es el de Jaime Luis Ortega Chavarría, líder campesino y antiguo combatiente de la "contra", asesinado el lunes 28 de octubre de 2024 en Upala, luego de resistirse a un aparente intento de secuestro frente a su casa.
La comunidad de El Quebradón en Upala, un cantón fronterizo con Nicaragua y hogar de una extensa población de refugiados nicaragüenses, vive desde entonces un clima de creciente inseguridad. La zona alberga a miles de nicaragüenses que, como el asesinado, huyeron de la represión y violencia política en su país.
También figuran los atentados contra el activista Joao Maldonado, sobreviviente de dos intentos de asesinato —uno en Escazú en 2021 y otro en Montes de Oca en 2024— y Edwin Jiménez Mairena, herido por arma de fuego en julio de 2024 tras bajarse de un autobús.
Las advertencias han sido múltiples y sistemáticas. El abogado y defensor de derechos humanos Álvaro Leiva, exiliado en Costa Rica hasta noviembre de 2024, notificó oficialmente al gobierno de Chaves sobre la infiltración de agentes de la dictadura Ortega-Murillo en el país. En una carta enviada en ese mes, Leiva denunció que dichas células operaban con impunidad, incluso bajo la apariencia de refugiados políticos. Según su testimonio, estos agentes estarían involucrados no solo en espionaje, sino también en actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero.
Leiva, ante la falta de garantías, renunció al asilo político que Costa Rica le había concedido desde 2018. "El Estado costarricense ya no está en condiciones de garantizar la integridad de quienes procuran el exilio en este país", afirmó con resignación al diario La Nación. En su diagnóstico, la tradición costarricense de hospitalidad y protección a perseguidos políticos ha sido erosionada, comprometiendo la seguridad de miles de refugiados.
En medio del luto, la indignación, el miedo, y también el silencio crecen. "Migramos para vivir y estamos muriendo", expresó con voz quebrada una exiliada nicaragüense durante un conversatorio celebrado el 20 de junio, en el marco del Día Mundial del Refugiado. Otra, visiblemente afectada, confesó: "como personas refugiadas no somos nada, ni Dios nos ampara". Sus identidades, como las de muchos otros, se mantienen protegidas por temor a represalias.
La sensación de vulnerabilidad entre quienes escaparon de Nicaragua por motivos políticos se ha transformado en una angustia colectiva. Las advertencias de Samcam sobre la infiltración de agentes sandinistas se han hecho trágicamente proféticas. En 2018, en una entrevista con La Nación, advirtió que el régimen de Ortega buscaba "profundizar los conflictos internos costarricenses", desviando así la atención de la comunidad internacional de los abusos cometidos dentro de Nicaragua.
Hoy, esa estrategia parece haber tomado forma: el asesinato de Samcam no solo silencia a un crítico emblemático, sino que también siembra terror, paranoia y censura entre sus compañeros de lucha, entre periodistas, activistas, defensores y civiles, dentro y fuera del territorio nicaragüense.
El crimen ha generado repercusiones a nivel internacional. Treinta expresidentes de Iberoamérica, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), emitieron una dura condena y urgieron al gobierno de Costa Rica a realizar una investigación imparcial. También exigieron garantías para los exiliados y solicitantes de asilo de toda la región. El gobierno de EE.UU., por su parte, manifestó conmoción ante el asesinato y ofreció su colaboración para esclarecer los hechos.
Sin embargo, la falta de pronunciamiento del Ejecutivo costarricense sigue siendo uno de los puntos más criticados. Las instituciones encargadas de la inteligencia nacional, como la DIS, no han brindado información sobre si recibieron alertas previas, si sabían de los riesgos denunciados o si han tomado medidas concretas para prevenir otros ataques.
Para la criminóloga Tania Molina, este asesinato marca un hito en la historia reciente de Costa Rica: "es un día negro. Esto marca una pauta muy peligrosa y dramática. Estamos diciendo entonces que las personas que están solicitando refugio en Costa Rica no están seguras". En ese contexto, COYUNTURA intentó obtener declaraciones de representantes estatales de Guatemala, Honduras y El Salvador sobre el asesinato del exmilitar nicaragüense, sin recibir respuesta hasta el cierre de este texto. Aunque Samcam es recordado por muchos como un "aliado militar" del Frente Sandinista durante la revolución de 1979 y señalado por presuntos crímenes que aún no han sido judicializados, la exigencia de justicia en torno a su asesinato es casi unánime.
Este domingo, familiares y amigos dieron el último adiós a Roberto Samcam en una misa celebrada en la iglesia de las Ánimas, en San Bosco. El féretro fue cubierto con las banderas de Nicaragua, España —su otra nacionalidad— y Costa Rica, el país que le brindó refugio en su momento. "¡Roberto Samcam: presente!" fue el clamor unánime que retumbó en la capilla y por la calle, entre lágrimas, amigos y canciones nicaragüenses.
Su cuerpo fue enterrado en el mausoleo de la Casa España, en el Cementerio General, mientras el eco de sus advertencias resuena más fuerte que nunca: la amenaza no terminó al cruzar la frontera. La represión, ahora, se camufla en el exilio.
El asesinato de Samcam no es solo un crimen contra un individuo, sino una advertencia colectiva. Un llamado urgente a las autoridades costarricenses y a la comunidad centroamericana e internacional para no minimizar los peligros del autoritarismo trasnacional. Porque mientras se prolongue el silencio, la impunidad y la indiferencia, los exiliados seguirán preguntándose: ¿a dónde se puede huir cuando ni el refugio es seguro?
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