El caso del nicaragüense Otoniel Orozco reabre heridas sobre racismo y acceso desigual a la justicia en Costa Rica
- Redacción Central
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Lilliam Avendaño, devastada por la pérdida de su esposo y por una reciente medida judicial, no oculta su dolor y decepción. "Estoy totalmente decepcionada, cómo le van a dar beneficio a una persona que hizo tanto daño y a plena luz del día", expresó con impotencia en una entrevista. Este acto de violencia, que dejó una familia rota, es más que una tragedia personal: se ha convertido en un tormento permanente que no cesa con el tiempo.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
La decisión judicial que permitió al costarricense Eduardo Alonso Ramírez Zamora abandonar la cárcel y cumplir arresto domiciliario tras haber asesinado a sangre fría al nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza ha provocado una oleada de indignación, dolor e incertidumbre. La medida, adoptada el pasado viernes 02 de mayo de 2025 por el Tribunal Penal de Pavas, reavivó el miedo de una familia desplazada y destrozada por el crimen, y expuso una vez más los fallos estructurales del sistema judicial costarricense ante los delitos marcados por la xenofobia y la violencia, según abogados, psicólogos y sociólogos consultados por COYUNTURA.
Otoniel, de 53 años, fue asesinado frente a su esposa y tres de sus hijos el lunes 03 de junio de 2024, dentro del condominio Río Palma en Guachipelín de Escazú. Recibió catorce disparos tras una disputa con su vecino, Ramírez Zamora, un hombre que, según testimonios de la familia, llevaba meses hostigándolos con insultos de odio y comportamientos obsesivos. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad y conmocionó al país centroamericano y la región.
Pese a la brutalidad del hecho y la gravedad de los antecedentes de acoso, Ramírez obtuvo una condena de solo 20 años de prisión tras acogerse a un proceso abreviado en diciembre. Apenas cinco meses después, fue beneficiado con prisión domiciliaria sin monitoreo electrónico y con vigilancia policial limitada, bajo el argumento de una supuesta cirugía reciente.
"Estoy totalmente decepcionada. ¿Cómo pueden darle beneficio a una persona que hizo tanto daño? Esto no lo hizo a escondidas. Dejó una familia destruida, niños marcados de por vida, y es lo que más duele: saber que él está libre mientras nosotros vivimos una condena que no se borra con el tiempo", expresó Lilliam Avendaño Valle, viuda de Orozco, en declaraciones al medio La Teja.
La medida judicial fue firmada por la jueza María Aurelia Rodríguez, sin que se haya revelado públicamente el tipo de intervención quirúrgica o la justificación médica que sustente el riesgo de mantener al reo en un centro penal. Para la familia de la víctima, no solo hubo un fallo jurídico, sino un acto de impunidad facilitado por los privilegios económicos del agresor.
"No había ninguna razón de peso para cambiarle la medida", sostuvo Rodrigo Araya, abogado de la familia Orozco-Avendaño. "Perfectamente pudo haber sido tratado dentro del Sistema Penitenciario. Esta decisión envía un mensaje terrible a la ciudadanía y pone en riesgo a quienes sobrevivieron a esta tragedia", añadió.
Otoniel Orozco Mendoza llegó a Costa Rica en 1996 sin más que su voluntad de trabajar. Dormía en cartones y cuidaba autos en el centro de San José. Con los años, logró fundar una empresa de seguridad privada que brinda empleo a decenas de personas todavía, entre ellas costarricenses, nicaragüenses y venezolanos. La casa en Escazú, donde finalmente logró establecerse con su esposa e hijos, representaba la culminación de ese esfuerzo.
Pero la promesa de estabilidad se convirtió en tormento desde el momento en que la familia se mudó al condominio. "Desde que llegamos comenzó nuestra tristeza, porque él —Ramírez— se obsesionó con la vida de mi esposo, lo espiaba por las ventanas, insultaba a mis hijos, golpeaba las paredes por las noches", relató Avendaño. La familia fue blanco constante de ataques verbales con insultos como "nicas muertos de hambre" y frases como "ustedes no pertenecen aquí".
El día del crimen, Lilliam y tres de sus hijos fueron testigos directos del asesinato. Desde entonces, la familia vive desplazada, alquilando un cuarto, durmiendo en colchones y temiendo por su seguridad. La casa, símbolo de años de sacrificio, permanece deshabitada. "He regresado como tres veces. Me duele tanto ir ahí", confesó Lilliam.
Para la familia Orozco-Avendaño, lo ocurrido no es solo un caso de violencia fatal, sino una señal preocupante de cómo el sistema judicial costarricense falla todavía cuando las víctimas son personas migrantes o racializadas. "Ese señor es un psicópata. Estamos seguros de que va a huir. Todo fue demasiado rápido. Esto es demasiado oscuro para nosotros, solo porque él tiene plata", denunció Daniela Mendoza, prima del fallecido, en entrevista con Teletica.
La defensa de la familia ya ha presentado un recurso para revocar el beneficio de prisión domiciliaria y apelar la sentencia emitida mediante el procedimiento abreviado, señalando que la Fiscalía no les brindó el acompañamiento adecuado durante el proceso.
Mientras tanto, la comunidad nicaragüense en Costa Rica ha reaccionado con consternación y temor, viendo en este caso una peligrosa señal de permisividad ante los crímenes motivados por odio y racismo. El asesinato de Otoniel no solo segó una vida; también dejó en evidencia los límites de una justicia que, para muchos, parece ser más accesible para quienes pueden pagarla.
"Esto es algo que no se lo deseo a nadie. Es un dolor que no puedo explicar. A mí me dejaron muerta en vida", concluyó Lilliam Avendaño.
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