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Koriun Inversiones sigue operando con "normalidad" en Honduras pese a intervención oficial: sin claridad, sin supervisión y con más dudas que respuestas

Analistas y voces críticas consultadas por COYUNTURA consideran que el caso expone debilidades estructurales del Estado, particularmente en lo que respecta a la capacidad de fiscalización y la voluntad de aplicar medidas firmes contra estructuras que podrían estar defraudando a miles de personas.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Tegucigalpa, Honduras
Una billetera con lempiras | Fotografía de COYUNTURA
Una billetera con lempiras | Fotografía de COYUNTURA

A más de 10 días de haber sido intervenida por el Ministerio Público (MP), la empresa Koriun Inversiones continúa operando con aparente normalidad en casi toda Honduras, desde Choloma, pasando por Santa Bárbara, hasta Tegucigalpa: mantiene abiertas sus siete sedes, realiza pagos a sus inversionistas y promueve todavía actividades para captar nuevos socios a través de las redes sociales digitales. La intervención, que debía representar un freno a las actividades de una empresa señalada de operar bajo un esquema Ponzi, no ha derivado en restricciones efectivas ni en una supervisión constante por parte del Estado, bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro. Es más, la Fiscalía, según fuentes oficiales consultadas por este medio, devolvió el dinero confiscado a la empresa en cuestión, con el objetivo de "retorno masiva" a la ciudadanía, sin un plan detallado.


Forbes, CNN, el Foro Mundial y Financiero de Dubai, y hasta empresas de inversión extranjera, se han desvinculado de la publicidad falsa que todavía usa Koriun en sus establecimientos.


La paradoja es evidente: mientras las autoridades sostienen que Koriun representa un riesgo para la estabilidad financiera del país centroamericano, su actividad comercial se mantiene activa, sin una línea de actuación clara por parte de los entes competentes. Ni la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), presidida por Marcio Sierra, ni el Ministerio Público encabezado por Johel Zelaya, han ofrecido explicaciones concluyentes sobre la permisividad que permite a la empresa continuar sus operaciones.


Este lunes 05 de mayo de 2025, la Fiscalía solicitó a Koriun Inversiones sus estados de cuenta, pero la organización sostiene que el Estado hondureño mantiene sus "cuentas congeladas" hasta el cierre de este texto. "¿A quién le creemos? ¿Al qué no nos da respuesta sobre nuestro dinero o al qué no nos da respuesta sobre lo qué en verdad está pasando?", cuestionó una ciudadana en Copán, quien lleva más de una semana asistiendo a la oficina de la empresa que consideró su "salva vidas" por un par de meses.


El 23 de abril, el MP hondureño ejecutó una acción de aseguramiento en las instalaciones de Koriun Inversiones, encontrando 428 millones de lempiras en efectivo y en cuentas bancarias. De esa suma, 358 millones estaban resguardados en bolsas plásticas y cajas de cartón dentro de las oficinas y propiedades de la empresa. El resto, apenas 69 millones, se halló distribuido en seis cuentas bancarias, actualmente retenidas.


Sin embargo, en lugar de paralizar su funcionamiento, la intervención estatal se ha traducido en una vigilancia ambigua. El propio titular de la CNBS explicó que, tras las protestas de cientos de socios frente a las oficinas de la empresa en Choloma, se decidió permitir una "devolución supervisada" del capital, sin detallar bajo qué protocolos ni con qué vigilancia. "El Estado entró por medio de la Fiscalía y para evitar enfrentamientos se tomó la decisión de permitir la devolución supervisada", justificó Sierra. Aun así, las devoluciones no se han concretado hasta hoy, martes 06 de mayo, y las sedes de la empresa siguen operando sin presencia constante de autoridades.


Ausencia de supervisión, reserva de información y falta de atribuciones


Pese a la gravedad de las acusaciones —la Fiscalía sostiene que Koriun operaba bajo un esquema fraudulento tipo Ponzi—, la supervisión activa por parte del Estado es prácticamente inexistente. La CNBS elaboró un informe que fue remitido a la Unidad de Inteligencia Financiera y, posteriormente, al Ministerio Público. No obstante, su contenido permanece bajo reserva. La ciudadanía aún no conoce la magnitud del fraude, la red de socios, ni los bancos implicados en el movimiento de recursos.


Sierra reconoció, además, que la empresa se negó a proporcionar información a los técnicos de la CNBS durante una inspección en diciembre de 2024. También argumentó que, al tratarse de una sociedad mercantil y no de una entidad financiera regulada, la CNBS no tiene competencias legales para ordenar el cierre de sus operaciones. La responsabilidad de ejecutar medidas concretas, dijo, recae exclusivamente en el MP, entidad que aún no ha revelado su "estrategia" para concretar la devolución de los fondos ni ha establecido procedimientos claros para proteger a los miles de inversionistas afectados.


Koriun había anunciado que el jueves 01 de mayo comenzaría la devolución del capital a sus socios. No obstante, la noche anterior emitió un comunicado en el que modificaba unilateralmente las condiciones: ahora, el dinero solo será entregado el día en que a cada socio le corresponde cobrar intereses, supuestamente para evitar aglomeraciones. Iván Velásquez, gerente general de la empresa, alegó que la postergación responde al congelamiento de las cuentas por parte del gobierno. Sin embargo, los registros revelan que la mayoría del capital manejado por Koriun estaba en efectivo, no en bancos. "El banco tiene el dinero de ustedes ahora", dijo Velásquez a cientos de inversionistas congregados en la sede de Choloma desde la madrugada.


La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) se desligó este viernes de cualquier responsabilidad en la devolución del dinero. Mediante un comunicado, la AHIBA aclaró el viernes pasado que los bancos del sistema financiero nacional no están obligados a responder por el capital o intereses no devueltos, pues la responsabilidad recae exclusivamente en Koriun Inversiones, empresa que enfrenta un proceso judicial por presunto fraude financiero. Según la asociación, los fondos congelados en cuentas bancarias de Koriun y sus representantes están bajo custodia del Ministerio Público, en cumplimiento de una orden judicial.


"La administración y eventual liberación de los fondos congelados corresponde al MP, como parte de un proceso legal en curso", enfatizó el comunicado. La AHIBA aprovechó para asegurar que el sistema bancario hondureño opera con normalidad, bajo supervisión de la CNBS, e instó a la ciudadanía a informarse adecuadamente antes de invertir, recordando que sus bancos asociados promueven programas de educación financiera.


El directivo de la CNBS, Marcio Sierra, agregó que solo una de las seis cuentas bancarias de Koriun sería suficiente para cubrir los reembolsos. Sin embargo, los poco más de 69 millones de lempiras hallados en cuentas representan apenas el 6.1 % del total asegurado, una cifra que difícilmente cubriría el capital de todos los socios.


La inacción del Estado ha dejado el proceso de devolución en manos de los mismos administradores que están bajo investigación por presunto fraude, aunque todavía no hay requerimientos fiscales. Las autoridades ya anunciaron que no acudirán a las oficinas de la empresa para supervisar la entrega del dinero de forma directa, citando como razón las marchas de simpatizantes de Koriun convocadas, porque gran parte de la ciudadanía sigue creyendo en dicha entidad, más no en el Estado.


La decisión ha sido duramente cuestionada por analistas que consideran que el gobierno está actuando con una pasividad peligrosa, alimentando la incertidumbre y exponiendo a más ciudadanos a una eventual estafa masiva. La falta de medidas firmes proyecta una imagen de debilidad institucional, en un contexto donde la empresa continúa captando nuevos inversores y probablemente más dinero y faltas legales.


El caso Koriun pone en evidencia las grietas de los mecanismos de supervisión financiera en Honduras. La falta de coordinación entre la CNBS y el Ministerio Público, el ocultamiento de información clave y la permisividad para que una empresa investigada por fraude continúe operando sin restricciones son signos alarmantes de un sistema que prioriza la contención superficial sobre la protección efectiva de las y los ciudadanos, y la inversión honesta.


Mientras tanto, miles de hondureños continúan esperando respuestas claras. Y Koriun, intervenida pero libre de control real, sigue funcionando como si nada hubiera ocurrido.



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