Desterrados de Nicaragua sin sentencia

No hubo notificación formal de prohibición con causa o fecha. No hubo audiencia, apelación o derecho a defensa. Nada de esto fue comunicado por escrito antes de intentar el regreso. No se les ha dado acreditación de la supuesta prohibición administrativa.

Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio

Política, seguridad, derechos humanos y ciudadanía

Managua, Nicaragua

Ilustración de COYUNTURA

Hace poco más de tres años, 222 presos políticos fueron sacados de sus celdas en Managua, trasladados al aeropuerto y enviados a Estados Unidos en un vuelo que transformó sus condenas en destierro. Aquella operación, ejecutada el jueves 09 de febrero de 2023, inauguró una etapa distinta en la crisis de Nicaragua: la institucionalización del exilio como herramienta de control político.

Desde entonces, la práctica no se ha limitado a quienes estaban encarcelados. También ha alcanzado a ciudadanos que salieron del país por turismo, trabajo, estudios o razones médicas y que, al intentar regresar, descubrieron que su entrada estaba bloqueada sin resolución judicial ni explicación formal.

COYUNTURA recoge acá el testimonio de cinco personas —de distintos estratos sociales y trayectorias profesionales— que hoy permanecen fuera del país centroamericano sin una sentencia que sustente su exclusión. Sus historias revelan un patrón social, institucional y criminal: la ausencia de notificación previa, la falta de fundamento legal visible y la imposibilidad de ejercer defensa.

Tres años después del vuelo de los 222

El vuelo de los 222 marcó un precedente. Aquella madrugada, la administración sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo convirtió la liberación en expatriación forzada. Posteriormente, a muchos se les despojó de la nacionalidad. El mensaje fue inequívoco: la expulsión podía reemplazar al encarcelamiento.

A más de 1,100 días de aquellos sucesos, el discurso oficial habla de "reconciliación". Sin embargo, los casos recogidos para este trabajo periodístico, y la denuncia internacional de entes como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Reporteros Sin Fronteras, muestran que la prohibición de retorno continúa aplicándose de manera discrecional, alarmante y sin sentido.

"Solo salí por diez días"

María (nombre cambiado por seguridad) viajó a Costa Rica por vacaciones. "Era un viaje corto, ya tenía el boleto de regreso", relata desde San José, en donde ahora alquila una habitación en una casa compartida con al menos dos familias. Cuando intentó abordar el vuelo de retorno a Managua, la aerolínea le informó que su ingreso estaba "denegado". No hubo documento oficial. Tampoco explicación.

"Pensé que era un error del sistema, de la aerolínea, de una falla en el número de mi pasaporte", recuerda. Pasaron semanas antes de "asumir a ciencia cierta" que no podría volver. Dejó atrás su vivienda, su empleo y a su madre enferma. No había participado en protestas ni tenía procesos judiciales abiertos. "Nadie me ha dicho qué hice. No tengo sentencia, no tengo acusación", denuncia. Solo no la dejaron volver a casa.

Desde entonces, vive con permiso migratorio temporal y trabaja en el sector informal. "No es que me fui. Es que no me dejaron regresar".

Un profesional sin retorno

Carlos, ingeniero de 42 años, salió hacia Panamá para una capacitación laboral. En el aeropuerto de tránsito fue notificado de que su ingreso a Nicaragua estaba bloqueado. "No soy activista. Nunca he tenido problemas con la Policía", afirma.

Su familia continúa en Managua. "Mis hijos me preguntan cuándo regreso. No sé qué responder", dice. Ha intentado obtener información a través de abogados, pero no existe resolución pública que sustente la medida. "No hay expediente, no hay proceso. Es como si mi nombre estuviera en una lista invisible", explica, en una llamada que no pasa desapercibida por su llanto y el "deseo extremo" de volver a su residencia.

Salud interrumpida

Elena viajó a México para un tratamiento médico especializado. "Era algo programado. Tenía fecha de retorno", explica. La negativa de ingreso la sorprendió en plena recuperación. "Lo más duro fue no poder regresar a mi casa después de la cirugía", señala.

Hoy continúa su tratamiento fuera del país. Su vivienda permanece cerrada en León. "Mi vida está allá. Aquí solo sobrevivo", dice, mientras recuerda las confiscaciones de los últimos años.

Un estudiante varado

Luis había sido admitido en un programa de maestría en Europa. Salió con visa estudiantil y beca parcial. Durante el primer año viajó sin inconvenientes. En su segundo intento de retorno, fue notificado de que no podía abordar el vuelo hacia Managua.

"No entiendo el motivo. Nunca he tenido militancia política", dice. Su familia vendió propiedades para costear parte de sus estudios. "Mi plan era graduarme y volver a trabajar en Nicaragua", comenta.

El retorno cancelado

Ana salió hacia Estados Unidos por motivos laborales temporales. Cuando intentó regresar para renovar su contrato en Managua, recibió la notificación de que su ingreso estaba restringido. Desde entonces permanece en ese país, en condición migratoria irregular.

"Mi trabajo estaba allá. Mi casa estaba allá. No pedí asilo; solo quería volver", explica. El proceso de adaptación ha sido complejo. "Vivir sin saber si algún día podrás regresar genera una angustia permanente y ni la terapia llega a esas cuestiones tan profundas", reflexiona.

Diversas estimaciones internacionales sitúan en más de un millón el número de nicaragüenses que han salido del país desde el año 2018, año en que estalló la crisis sociopolítica. Una parte importante permanece en Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, Guatemala, Honduras y España.

Muchos salieron por razones políticas, económicas o sociales. Otros lo hicieron por motivos familiares o de salud. Sin embargo, los casos recogidos para este reportaje muestran que la prohibición de retorno no distingue trayectorias ni perfiles públicos.

Reconciliación en el discurso, exclusión en la práctica

La semana pasada, el copresidente Ortega aludió nuevamente a la necesidad de "reconciliación". No obstante, las medidas administrativas que impiden el retorno de ciudadanos sin resolución judicial visible plantean interrogantes sobre garantías fundamentales como la nacionalidad, la libre circulación y el derecho a regresar al propio país.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han señalado que el derecho al retorno es un principio reconocido en instrumentos regionales y globales. La ausencia de procesos transparentes dificulta cualquier mecanismo de defensa.

El destierro como política sandinista

A diferencia del encarcelamiento —que implica una causa formal— la prohibición de ingreso opera en un terreno opaco. No hay audiencia, no hay sentencia, no hay notificación previa. La medida se ejecuta en aeropuertos o fronteras, con el ciudadano ya fuera del territorio.

"Si me acusaran de algo, al menos sabría qué defender", dice Carlos. "Pero no hay nada".

María lo resume con una frase sencilla: "el exilio no siempre empieza en una cárcel. A veces empieza en el mostrador de una aerolínea".

La Carta Interamericana consagra el derecho a "salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a él" (Artículo 22 de la Convención Americana) y prohíbe, además, la expulsión colectiva sin garantías; sobre esa base la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha desarrollado obligaciones concretas del Estado respecto a expulsiones y vetos migratorios, exigiendo motivación, notificación y garantías de acceso a procedimientos de apelación. En su sentencia sobre la familia Pacheco Tineo (2013) la Corte sancionó la expulsión ejecutada sin las debidas garantías y vinculó la materia de expulsiones/asilo con derechos al debido proceso y a la protección contra la devolución.

A partir de esa y otras decisiones y opiniones consultivas, el sistema interamericano exige que cualquier restricción a la entrada o permanencia se adopte con previsibilidad legal, individualización del acto, notificación efectiva y acceso real a recursos judiciales y administrativos; la Comisión y la Corte han insistido en que los procedimientos sumarios o la simple "marca" en sistemas migratorios, sin oportunidad de defensa, vulneran la Convención y estándares de protección de la movilidad humana que la región ha desarrollado (Rapporteurship on Human Mobility; Principios interamericanos sobre migració; entre otras). A nivel universal, entes como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recuerdan que la prohibición de devolución y las garantías procesales son obligaciones que impiden que el control migratorio sea usado como instrumento de castigo político.

Los antecedentes históricos latinoamericanos muestran que la práctica de impedir el retorno o forzar el exilio de opositores no es nueva: durante las dictaduras militares de las décadas de 1970–80 —casos ampliamente documentados en Argentina y Chile— el destierro y la prohibición de regreso fueron herramientas sistemáticas de represión que dejaron heridas jurídicas y sociales profundas; los informes de Human Rights Watch y Amnistía registran el uso de exilio, destierro administrativo y vetos no judiciales como formas de castigo político en esos regímenes. Tales precedentes históricos, leídos a la luz de la jurisprudencia interamericana, señalan que la privación de retorno sin proceso no solo viola derechos individuales sino que reproduce mecanismos de exclusión que la Corte y la Comisión han condenado reiteradamente.

Los cinco entrevistados por este medio coinciden en un punto: su intención original no era emigrar de forma permanente. Ninguno solicitó protección internacional antes de la prohibición. Ninguno recibió explicación oficial.

Hoy viven en países distintos, con empleos temporales y redes de apoyo fragmentadas. Sus proyectos quedaron interrumpidos. Sus propiedades permanecen cerradas o vendidas. Sus familias están divididas.

Tres años después del vuelo de los 222, el destierro sin sentencia continúa ampliando la diáspora. En un país donde más de un millón de ciudadanos se encuentran fuera, la pregunta que atraviesa estas historias es la misma: ¿qué mecanismo legal justifica impedir el regreso de un nacional a su propio territorio?

Hasta ahora, no hay respuesta pública. Solo silencio administrativo.

Y la distancia. Esa que el Frente Sandinista sigue usando para gobernar sin piedad o sentido.

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