Desterrados de Nicaragua sin sentencia
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No hubo notificación formal de prohibición con causa o fecha. No hubo audiencia, apelación o derecho a defensa. Nada de esto fue comunicado por escrito antes de intentar el regreso. No se les ha dado acreditación de la supuesta prohibición administrativa.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Hace poco más de tres años, 222 presos políticos fueron sacados de sus celdas en Managua, trasladados al aeropuerto y enviados a Estados Unidos en un vuelo que transformó sus condenas en destierro. Aquella operación, ejecutada el jueves 09 de febrero de 2023, inauguró una etapa distinta en la crisis de Nicaragua: la institucionalización del exilio como herramienta de control político.
Desde entonces, la práctica no se ha limitado a quienes estaban encarcelados. También ha alcanzado a ciudadanos que salieron del país por turismo, trabajo, estudios o razones médicas y que, al intentar regresar, descubrieron que su entrada estaba bloqueada sin resolución judicial ni explicación formal.
COYUNTURA recoge acá el testimonio de cinco personas —de distintos estratos sociales y trayectorias profesionales— que hoy permanecen fuera del país centroamericano sin una sentencia que sustente su exclusión. Sus historias revelan un patrón social, institucional y criminal: la ausencia de notificación previa, la falta de fundamento legal visible y la imposibilidad de ejercer defensa.
Tres años después del vuelo de los 222
El vuelo de los 222 marcó un precedente. Aquella madrugada, la administración sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo convirtió la liberación en expatriación forzada. Posteriormente, a muchos se les despojó de la nacionalidad. El mensaje fue inequívoco: la expulsión podía reemplazar al encarcelamiento.
A más de 1,100 días de aquellos sucesos, el discurso oficial habla de "reconciliación". Sin embargo, los casos recogidos para este trabajo periodístico, y la denuncia internacional de entes como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Reporteros Sin Fronteras, muestran que la prohibición de retorno continúa aplicándose de manera discrecional, alarmante y sin sentido.
"Solo salí por diez días"
María (nombre cambiado por seguridad) viajó a Costa Rica por vacaciones. "Era un viaje corto, ya tenía el boleto de regreso", relata desde San José, en donde ahora alquila una habitación en una casa compartida con al menos dos familias. Cuando intentó abordar el vuelo de retorno a Managua, la aerolínea le informó que su ingreso estaba "denegado". No hubo documento oficial. Tampoco explicación.
"Pensé que era un error del sistema, de la aerolínea, de una falla en el número de mi pasaporte", recuerda. Pasaron semanas antes de "asumir a ciencia cierta" que no podría volver. Dejó atrás su vivienda, su empleo y a su madre enferma. No había participado en protestas ni tenía procesos judiciales abiertos. "Nadie me ha dicho qué hice. No tengo sentencia, no tengo acusación", denuncia. Solo no la dejaron volver a casa.
Desde entonces, vive con permiso migratorio temporal y trabaja en el sector informal. "No es que me fui. Es que no me dejaron regresar".
