La penitencia de los guardabosques mayangnas de Nicaragua, en la sombra de Bosawás
- 18 feb
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 8 mar
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cuatro de estos guardabosques, advirtiendo que enfrentan una situación de riesgo grave e irreparable para su integridad personal. En su resolución, el organismo constató que los detenidos: reciben solo una ración de comida al día; están encadenados cuando solicitan atención médica; son vigilados con cámaras dentro de sus celdas. Estas condiciones, según la CIDH, generan un deterioro físico y mental acelerado, y ponen en peligro la vida de los reclusos si el Estado no adopta medidas urgentes para garantizar su salud y condiciones mínimas de detención.
Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio
Managua, Nicaragua
En el corazón del vasto bosque tropical que constituye la Reserva de la Biosfera Bosawás —la segunda selva más extensa del hemisferio occidental— se libra una batalla silenciosa, pero de profundas repercusiones políticas, ambientales y culturales. La disputa no es solo por tierra o recursos, sino por identidad, autonomía y el derecho a custodiar un legado ancestral.
Durante más de tres años, autoridades del estado nicaragüense han mantenido tras las rejas a guardabosques indígenas mayangnas reconocidos por sus comunidades como vigías del bosque y defensores de su territorio ancestral. Lo que para sus allegados es una persecución injusta, para el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo se ha convertido en una narrativa criminalizada: presentan a estos custodios comunitarios como parte de bandas delictivas responsables de crímenes que las víctimas mismas niegan.
Los primeros arrestos ocurrieron en agosto de 2021, cuando líderes y guardabosques de la comunidad Mayangna Sauni As, situada en la Costa Caribe Norte, fueron detenidos sin orden judicial ni explicación clara de los cargos. Las acusaciones, según organizaciones de derechos humanos, cambiaron reiteradamente: desde vínculos con homicidios hasta acusaciones de ser cabecillas de bandas delictivas, consignas que terminan sustentando condenas.
Un grupo tuvo sentencias draconianas: cuatro guardabosques recibieron cadena perpetua, mientras que otros cuatro fueron sentenciados a 25 años de prisión tras procesos denunciados por irregularidades y fabricación de cargos.
Las autoridades nicaragüenses, por su parte, continúan presentándolos públicamente junto a supuestos miembros del crimen organizado, una táctica que críticos del régimen consideran parte de una estrategia para legitimar detenciones arbitrarias.
Este patrón de encarcelamiento no puede separarse del aumento de las tensiones territoriales en Bosawás. Comunidades indígenas han denunciado invasiones de colonos armados, explotación minera ilegal y ventas de tierras sin consentimiento comunitario, hechos que han generado violencia, desplazamiento y asesinatos.
"El sistema del Frente Sandinista persigue a activistas del medio ambiente; defensores de los derechos humanos y de la flora y la fauna; abogados comunitarios; empresarios independientes. Primero persiguen y detienen, y después crean las pruebas espurias para acusar. Es un mecanismo que destruye las luchas sociales", explica Patricia M., ambientalista y bióloga costarricense. "En la Costa Caribe de Nicaragua no existe la seguridad alimenticia porque los recursos ahora le pertenecen a los colones, al Estado y a los militares", señaló la profesional a este medio.
Los guardabosques, que antes de su detención patrullaban, documentaban y denunciaban estas amenazas, fueron vistos por críticos como obstáculos para intereses extractivos o de colonización interna. Organizaciones locales sostienen que su labor fue criminalizada como retribución por denunciar el arrendamiento y venta ilegales de tierras indígenas a terceros, incluidos sectores ligados a intereses comerciales y concesiones mineras.
Denuncias de maltrato y restricciones culturales
Dentro del sistema penitenciario nicaragüense, los guardabosques no solo enfrentan largas condenas, sino que, según informes de grupos de derechos humanos, sufren tratos degradantes, aislamiento y prohibiciones culturales, como el uso de su lengua nativa. Además, se ha reportado que sus reclamos de atención médica o nutricional son ignorados, y que enfrentan hostilidad por parte de custodios y otros reclusos cuando expresan prácticas ancestrales de medicina o espiritualidad.
Organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han emitido resoluciones solicitando medidas de protección e incluso la libertad de algunos de estos defensores, pero estas decisiones no han sido implementadas por el gobierno de Nicaragua.
Familiares y organizaciones civiles sostienen que los guardabosques son víctimas de un proceso más amplio de criminalización de defensores territoriales, una tendencia que se entrelaza con la reducción de espacios para la crítica social en Nicaragua desde 2018. Estudios de derechos humanos señalan que estos encarcelamientos forman parte de políticas que priorizan la soberanía estatal y la seguridad sobre los derechos colectivos y el consentimiento de los pueblos indígenas.
Para el pueblo mayangna, la figura del guardabosques no es un simple vigilante del bosque: es un custodio de prácticas tradicionales, un mediador cultural y un garante de la integridad de un sistema de vida que vincula la salud del bosque con la salud comunitaria.
Hoy, estos custodios se encuentran lejos de sus tierras, en cárceles donde las resoluciones internacionales parecen tener poco peso. Su caso simboliza una encrucijada crucial: la lucha de pueblos originarios por mantener su territorio y modos de vida frente a estructuras de poder estatales que, según evidencias independientes, favorecen otras agendas.
En la trama de Bosawás —donde la biodiversidad y la cultura humana convergen en una interdependencia milenaria— la detención de guardabosques mayangnas es un capítulo que revela tensiones más profundas sobre quién define la justicia, la propiedad de la tierra y el futuro del bosque.
"Lo último que supimos de algunos de ellos (guardabosques detenidos por el sandinismo) es que estaban enfermos, en condiciones inhumanas y con problemas de ansiedad y hasta presión alta. Les han quitado la libertad, la tierra, el agua y la vida que protegían con ferocidad", explicó a esta Redacción una activista afrodescendiente de Nicaragua, bajo anonimato por "temor a una detención injustificada".
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