La penitencia de los guardabosques mayangnas de Nicaragua, en la sombra de Bosawás
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cuatro de estos guardabosques, advirtiendo que enfrentan una situación de riesgo grave e irreparable para su integridad personal. En su resolución, el organismo constató que los detenidos: reciben solo una ración de comida al día; están encadenados cuando solicitan atención médica; son vigilados con cámaras dentro de sus celdas. Estas condiciones, según la CIDH, generan un deterioro físico y mental acelerado, y ponen en peligro la vida de los reclusos si el Estado no adopta medidas urgentes para garantizar su salud y condiciones mínimas de detención.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En el corazón del vasto bosque tropical que constituye la Reserva de la Biosfera Bosawás —la segunda selva más extensa del hemisferio occidental— se libra una batalla silenciosa, pero de profundas repercusiones políticas, ambientales y culturales. La disputa no es solo por tierra o recursos, sino por identidad, autonomía y el derecho a custodiar un legado ancestral.
Durante más de tres años, autoridades del estado nicaragüense han mantenido tras las rejas a guardabosques indígenas mayangnas reconocidos por sus comunidades como vigías del bosque y defensores de su territorio ancestral. Lo que para sus allegados es una persecución injusta, para el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo se ha convertido en una narrativa criminalizada: presentan a estos custodios comunitarios como parte de bandas delictivas responsables de crímenes que las víctimas mismas niegan.
Los primeros arrestos ocurrieron en agosto de 2021, cuando líderes y guardabosques de la comunidad Mayangna Sauni As, situada en la Costa Caribe Norte, fueron detenidos sin orden judicial ni explicación clara de los cargos. Las acusaciones, según organizaciones de derechos humanos, cambiaron reiteradamente: desde vínculos con homicidios hasta acusaciones de ser cabecillas de bandas delictivas, consignas que terminan sustentando condenas.
Un grupo tuvo sentencias draconianas: cuatro guardabosques recibieron cadena perpetua, mientras que otros cuatro fueron sentenciados a 25 años de prisión tras procesos denunciados por irregularidades y fabricación de cargos.
Las autoridades nicaragüenses, por su parte, continúan presentándolos públicamente junto a supuestos miembros del crimen organizado, una táctica que críticos del régimen consideran parte de una estrategia para legitimar detenciones arbitrarias.
Este patrón de encarcelamiento no puede separarse del aumento de las tensiones territoriales en Bosawás. Comunidades indígenas han denunciado invasiones de colonos armados, explotación minera ilegal y ventas de tierras sin consentimiento comunitario, hechos que han generado violencia, desplazamiento y asesinatos.
"El sistema del Frente Sandinista persigue a activistas del medio ambiente; defensores de los derechos humanos y de la flora y la fauna; abogados comunitarios; empresarios independientes. Primero persiguen y detienen, y después crean las pruebas espurias para acusar. Es un mecanismo que destruye las luchas sociales", explica Patricia M., ambientalista y bióloga costarricense. "En la Costa Caribe de Nicaragua no existe la seguridad alimenticia porque los recursos ahora le pertenecen a los colones, al Estado y a los militares", señaló la profesional a este medio.
Los guardabosques, que antes de su detención patrullaban, documentaban y denunciaban estas amenazas, fueron vistos por críticos como obstáculos para intereses extractivos o de colonización interna. Organizaciones locales sostienen que su labor fue criminalizada como retribución por denunciar el arrendamiento y venta ilegales de tierras indígenas a terceros, incluidos sectores ligados a intereses comerciales y concesiones mineras.
