Dichos baños móviles han permanecido en el lugar desde el 25 de agosto de este año. La Municipalidad de Guatemala todavía gestiona con el Ministerio Público (MP) el retiro de estos y de tarimas que se encuentran frente a las instalaciones capitalinas. "El MP aclara que no contrató, ni autorizó la colocación de baños portátiles en las afueras del edificio, es una circunstancia ajena a la institución", dijo el órgano.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Ciudad de Guatemala, Guatemala
La Fiscalía General de Guatemala, liderada por María Consuelo Porras, se encuentra sumida en una nueva crisis que ha desencadenado expresiones de protesta y demandas por parte de diversos sectores de la sociedad. En un giro inusual y simbólico, el Ministerio Público (MP) ha recurrido a medidas de resguardo poco convencionales al colocar una hilera de inodoros portátiles como barrera ante las manifestaciones de ciudadanos que exigen justicia y transparencia en el sistema de justicia guatemalteco.
El detonante de esta acción fue la utilización de las barandas del MP en Ciudad de Guatemala como lugar de protesta por parte de ciudadanos que buscan una reforma en la entidad y una mayor responsabilidad en la administración de la justicia. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando una presunta "organización campesina", vinculada a la Fundación para el Terrorismo, según fuentes no oficiales, montó una "protesta" frente al edificio del MP, rodeándolo con inodoros portátiles.
Las críticas a la Fiscalía General han estado en aumento durante el mandato de María Consuelo Porras -especialmente durante el año 2022 y lo que va de 2023-, quien ha enfrentado cuestionamientos en relación con su actuación en diversos casos y procesos electorales. Las recientes decisiones relacionadas con el partido Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han dividido a la opinión pública y generan un clima de tensión en las redes sociales digitales.
Ante estas circunstancias, la fiscal general presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el objetivo de asegurar la independencia del MP y garantizar el uso adecuado de la fuerza pública durante las manifestaciones en su contra. Sin embargo, la CC rechazó otorgar el amparo provisional, lo que ha añadido más combustible a las expresiones de inconformidad y ha intensificado el debate sobre el papel y la gestión de la Fiscalía General.
El costo de la medida de "blindaje" del Ministerio Público ha llamado la atención de la ciudadanía. Según la información proporcionada por la empresa proveedora, cada inodoro portátil tiene un costo diario de Q200 (quetzales guatemaltecos), lo que significa que solo los 20 inodoros visibles en las imágenes tendrían un costo de Q4,000 diarios. Si estos inodoros fueron alquilados en modalidad mensual, el costo sería menor, pero sigue siendo significativo. Esta información ha generado un contraste notable con la afirmación de que las protestas ciudadanas en "defensa de la democracia" no han recibido financiamiento externo, ya que el gasto de Q4,000 diarios para la implementación de esta medida de seguridad sugiere una inversión considerable.
En medio de este contexto, se confirman investigaciones en curso relacionadas con la conformación de otros partidos políticos en Guatemala. Seis en total: Cambio; Visión con Valores (Viva); Winaq; Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos); Mi Familia; y Unión Republicana. Se encuentran bajo escrutinio por parte de la Fiscalía de Delitos Electorales. Las acusaciones incluyen afiliaciones anómalas y la falsificación de firmas de afiliados. La Fiscalía sostiene que estas irregularidades podrían llevar a la suspensión e incluso cancelación de la personalidad jurídica de los partidos involucrados, contrario a lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
Los partidos políticos bajo investigación alegan que estas acciones constituyen un ataque político y buscan desacreditar los resultados electorales. Sin embargo, la Fiscalía subraya la gravedad de las acusaciones y destaca que las organizaciones deben cumplir con los requisitos legales para operar en el sistema democrático de Guatemala.
En ese sentido, justo el día que se oficializaron los resultados de la segunda vuelta por la Presidencia de Guatemala a favor de Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla, dicho partido político fue cancelado de manera "provisional" por el Registro de Ciudadanos del TSE.
María Consuelo Porras enfrenta la segunda gran crisis de su mandato como fiscal general. La primera crisis se manifestó cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (EE.UU.) la señaló como una figura corrupta en el año 2021, acusación que generó demandas de renuncia y destitución por parte de diversos grupos. A pesar de estas críticas, Porras fue reelegida por el presidente Alejandro Giammattei en 2022 para un segundo periodo.
La actual crisis se ha intensificado con la acción de colocar inodoros portátiles como medida de protección, lo que ha desatado un nuevo capítulo en el debate sobre la gestión de la Fiscalía General. La figura de Porras ha sido objeto de polarización, con algunos abogados constitucionalistas defendiendo su actuación en defensa de la ley y la Constitución, mientras que otros critican su gestión como selectiva y sugieren su renuncia.
El futuro de la Fiscalía General de Guatemala se encuentra en un punto crucial, con demandas de cambio y reforma por parte de la sociedad guatemalteca. La investigación en curso sobre los partidos políticos y las acusaciones de irregularidades en su conformación plantean interrogantes sobre la integridad del sistema democrático en el país centroamericano. Mientras tanto, la ciudadanía observa atentamente los acontecimientos y espera respuestas claras y transparentes por parte de las instituciones encargadas de la justicia y la democracia en Guatemala.
Durante las últimas horas el Ministerio Público ha continuado la persecución contra agentes de justicia. Claudia González, la abogada que durante años defendió a jueces, fiscales y activistas perseguidos por el sistema de justicia guatemalteco, ahora se encuentra en el centro de una investigación por supuesto abuso de autoridad. Se encuentra bajo prisión provisional en Mariscal Zavala, en el área de aislamiento.
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