El presidente de Guatemala enfrenta al juez Freddy Orellana y a la Fiscalía en una ofensiva legal sin precedentes
- Jairo Videa
- hace 14 horas
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Al cierre de este texto, según los registros públicos y las coberturas periodísticas, la denuncia presidencial ya fue presentada ante la Junta de Disciplina Judicial —con las peticiones señaladas— y la Corte Constitucional (CC) ha dejado sin efecto la orden de nulidad emitida por el Juzgado Séptimo. Lo que queda por conocerse a corto y mediano plazo es la actuación de la Junta (si concede o no la suspensión provisional), la respuesta formal del juez Freddy Orellana (sus alegatos de defensa en la instancia disciplinaria) y la eventual actuación del Ministerio Público (MP) si la Junta certifica indicios penales. Esos pasos definirán si el conflicto jurídico se dirime en la vía disciplinaria, en la penal, o en ambas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Guatemala atraviesa una de las coyunturas políticas y judiciales más tensas desde el retorno a la democracia. En menos de una semana, el presidente Bernardo Arévalo de León ha emprendido dos acciones judiciales de alto impacto: una denuncia disciplinaria contra el juez Freddy Raúl Orellana Letona —acusado de intentar anular los resultados de las elecciones de 2023— y una querella penal contra el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), por abuso de autoridad y resoluciones contrarias a la Constitución del país centroamericano.
Ambas denuncias, interpuestas ante la Junta de Disciplina Judicial y un Juzgado de Paz, respectivamente, configuran la respuesta institucional más contundente del mandatario frente a lo que ha descrito como un "golpe de Estado técnico" y un "uso instrumental de la justicia" para desestabilizar su gobierno.
La denuncia contra el juez Orellana: una acusación de interferencia institucional
El lunes 03 de noviembre de 2025, la Presidencia de la República presentó una denuncia formal ante la Junta de Disciplina Judicial contra el juez Freddy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
La acción tiene su origen en la resolución emitida por el juez el sábado 25 de octubre, cuando declaró la nulidad absoluta del partido Movimiento Semilla, decisión que, de haber prosperado, habría implicado la pérdida de los cargos de presidente, vicepresidenta, diputados y alcaldes electos por dicha agrupación en el año 2023.
El Ejecutivo sostiene que Orellana incurrió en faltas graves y gravísimas tipificadas en la Ley de la Carrera Judicial. Según el documento presentado, el juez "varió las formas del proceso y sus incidencias", alterando el procedimiento judicial establecido para la revisión de partidos políticos, y además "interfirió en el ejercicio de funciones de otros organismos del Estado", al remitir oficios al Congreso Legislativo y al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ordenando ejecutar su resolución.
Para la Presidencia, este acto constituyó una intromisión directa en las competencias del Poder Legislativo y Electoral, y buscó provocar un quiebre constitucional al pretender dejar vacantes los cargos emanados de los comicios generales de 2023, ya declarados oficiales por el TSE y ratificados por la Corte de Constitucionalidad (CC).
El miércoles 29 de octubre, la CC resolvió dejar sin efecto la resolución de Orellana, advirtiéndole abstenerse de emitir nuevas decisiones en ese sentido. En su fallo, el máximo tribunal reafirmó la validez de los resultados electorales y recordó que "el mandato popular no puede ser alterado por vía judicial".
Arévalo pide suspensión y destitución del juez
En su denuncia, el equipo legal del presidente socialdemócrata solicita la suspensión inmediata del juez Orellana, con base en el artículo 52 de la Ley de la Carrera Judicial, que faculta a la Junta de Disciplina Judicial a aplicar esta medida mientras se investiga la falta. También se pide que, una vez concluido el proceso disciplinario, se imponga la sanción máxima prevista en el artículo 43, inciso d): la destitución e inhabilitación permanente del funcionario para ejercer cargos dentro del Organismo Judicial.
La denuncia incluye además una solicitud para que se certifique lo conducente al Ministerio Público (MP), al considerar que existen indicios de responsabilidad penal por los delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y usurpación de atribuciones.
El Ejecutivo de Arévalo y Karin Herrera sostiene que el fallo del juez "no fue un error procesal, sino un intento deliberado de violentar la soberanía popular", al buscar anular los resultados electorales mediante un mecanismo judicial carente de fundamento legal.
Un patrón de hostigamiento judicial
La ofensiva de Arévalo contra Orellana se produce en un contexto donde el Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, ha promovido al menos cuatro solicitudes de retiro de antejuicio contra el mandatario desde su asunción, en enero de 2024. Estas acciones, calificadas por analistas y organizaciones civiles como parte de una guerra jurídica, contrastan con la inacción fiscal frente a múltiples denuncias de corrupción que involucran al expresidente Alejandro Giammattei y a su pareja sentimental Miguel Martínez.
El último requerimiento se enmarca en el caso denominado "Corrupción en el Sistema Penitenciario", en el cual la Fiscalía de Delitos Administrativos acusa a Arévalo y a la vicepresidenta Herrera de incumplimiento de deberes por la fuga de 20 reos del centro de detención Fraijanes II.
A esa causa se suman tres intentos previos de retiro de inmunidad:
Caso "Corrupción Semilla" (diciembre de 2023), donde la FECI le atribuyó lavado de dinero y otros activos;
Caso "USAC: Botín Político", que lo vinculó con la toma de la Universidad de San Carlos en 2022, rechazado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 29 de abril de 2024;
y "Mecanismos de Corrupción MICIVI", basado en un audio con la exministra Jazmín de la Vega, por presunta orden ilegal en pagos a constructoras.
En todos los casos, la CSJ y la Corte de Constitucionalidad han frenado los intentos de investigación, al considerar que las solicitudes carecen de sustento jurídico.
Mientras tanto, el contador de casos del diario La Hora muestra que no existe ninguna solicitud de antejuicio presentada por la Fiscalía contra Giammattei o Martínez, pese a investigaciones abiertas por supuestos actos de corrupción, contratos inflados y adjudicaciones irregulares a empresas cercanas como Aspetro y La Botica, S.A., que recibieron más de 3,000 millones de quetzales durante la pasada administración.
La querella penal contra Rafael Curruchiche
En un movimiento paralelo, el viernes 31 de octubre de 2025, el presidente Arévalo presentó una querella penal contra Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, por los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias de la Constitución, revelación de secretos, obstrucción de justicia, infracción de privilegio y tráfico de influencias. La acción, presentada en su calidad de ciudadano ante un Juzgado de Paz de turno, responde a la solicitud que el fiscal hizo días antes para retirarle el antejuicio al mandatario y a la vicepresidenta, también en relación con la fuga de reos en Fraijanes II.
Durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo calificó el nuevo antejuicio como "una ridiculez" y "un caso espurio más dentro de una estrategia de desestabilización". "El país está enfrentando un uso abusivo del aparato judicial, una manipulación del derecho para destruir el Estado de Derecho", declaró, señalando a la cúpula del MP —sancionada por Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y la Unión Europea— como responsable de encabezar una persecución política.
Crisis institucional y pulseada por el control judicial
Las denuncias presentadas por el mandatario reflejan nuevamente una crisis institucional profunda, en la que la Presidencia y el Ministerio Público mantienen posiciones irreconciliables. Mientras el Poder Ejecutivo denuncia una ofensiva judicial dirigida a invalidar su mandato, la Fiscalía insiste en que actúa dentro de la legalidad y bajo el principio de independencia funcional.
Sin embargo, organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han manifestado preocupación por lo que describen como "acciones judiciales con fines políticos", especialmente tras los intentos del MP de interferir en los resultados de las elecciones generales de 2023.
La denuncia contra el juez Orellana, sumada a la querella contra Curruchiche, abre un nuevo capítulo en esta confrontación. De prosperar, ambas podrían derivar en procesos disciplinarios y penales que reconfiguren la estructura del sistema de justicia guatemalteco y definan el futuro político e institucional del país centroamericano.
Por ahora, Arévalo sostiene su posición: "defender la democracia pasa por defender la independencia judicial, pero también por impedir que el Poder Judicial sea utilizado para destruirla". Mientras tanto, el país se mantiene en vilo, atrapado entre los embates de una justicia politizada y la determinación de un presidente que ha decidido llevar la batalla institucional hasta sus últimas consecuencias.
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