Francisco Díaz reconoció públicamente que la represión violenta en 2018 fue ejecutada bajo órdenes directas de Daniel Ortega. En su intervención, Díaz afirmó que la Policía de Nicaragua, de la cual es jefe, cumplió órdenes del "presidente de la República", a quien llamó "nuestro jefe supremo", para "restaurar la paz y seguridad" en el país centroamericano, aludiendo a los manifestantes como "terroristas golpistas". Este es un giro drástico en comparación con las declaraciones que el mandatario sandinista realizó durante el Diálogo Nacional en mayo de 2018, cuando aseguró públicamente que la Policía tenía la orden de no reprimir las manifestaciones. "Están en sus cuarteles", dijo Ortega aquel entonces.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua

Las recientes declaraciones del primer comisionado y director de la Policía de Nicaragua, el general Francisco Díaz Madriz, han causado un impacto significativo al ser incluidas como pruebas en el caso internacional contra el dictador sandinista Daniel Ortega y su esposa y comandataria, Rosario Murillo, ante la justicia federal de Argentina. Estas afirmaciones, difundidas a través del programa "Entrevista" el 10 de octubre de 2024, señalan directamente a Ortega como el autor intelectual de la represión masiva que tuvo lugar en Nicaragua desde abril de 2018, dejando más de 350 muertos, cientos de heridos y más de 800,000 personas desplazadas a raíz de la persecución y las crisis derivadas de la represión, según organismos internacionales de derechos humanos.
En una entrevista concedida a la cadena RT, Díaz reconoció públicamente por primera vez que la Policía Nacional, bajo su mando pero detrás del control absoluto del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), actuó siguiendo órdenes directas de Ortega, secretario general del FSLN, jerarca del Poder Ejecutivo desde 2007 y jefe supremo de las fuerzas armadas. Esta confesión ha sido vista por muchos como un intento de desviar parte de la responsabilidad penal hacia el líder sandinista, pero también como una admisión crucial que puede agravar la situación judicial de los altos mandos del régimen nicaragüense.
"Nosotros cumplimos la orden que nos dio nuestro presidente de la República, nuestro jefe supremo. Se nos dio la orden para garantizar la paz; restituir la paz en el país, la seguridad, la tranquilidad", señaló Díaz en la entrevista, en una clara alusión a las directrices de Ortega para reprimir violentamente a las y los manifestantes.
En su comunicación con el canal estatal ruso RT, tras la primera pregunta sobre los "logros" de la Policía como órgano de seguridad civil, Díaz señaló en primer lugar que como institución se sienten "orgullosos de su origen (sandinista)". "Nos sentimos orgullosos de ser sandinistas", recalcó. "Somos sandinistas. Somos militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional", enfatizó.
El abogado Darío Richarte, quien representa a las víctimas nicaragüenses ante la justicia argentina en un amplio caso e investigación en curso, afirmó que estas declaraciones son una pieza fundamental en el proceso legal. "El día de hoy (martes 15 de octubre de 2024) hemos introducido una prueba muy importante: la confesión de Francisco Díaz", publicó Richarte en su cuenta de X (antes Twitter). Las palabras del jefe policial refuerzan la acusación de que Ortega y Murillo, además de otros altos funcionarios, ordenaron directamente la represión en 2018 y en los años siguientes, lo que constituye crímenes de lesa humanidad.
El estallido social de abril de 2018 en Nicaragua marcó un punto de inflexión en la historia reciente del país. Lo que comenzó como protestas pacíficas contra una reforma a la seguridad social se transformó rápidamente en una movilización masiva contra el régimen de Ortega, que respondió con una violencia desmesurada. Según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales nicaragüenses utilizaron francotiradores, secuestros, torturas, violaciones y detenciones arbitrarias para sofocar las protestas y toda forma de disidencia.
En medio de este contexto, Daniel Ortega apareció en televisión y radio nacional en mayo de 2018, durante el diálogo con los representantes del sector estudiantil, la iglesia católica, la empresa privada y la sociedad civil, para asegurar que la Policía no estaba reprimiendo a las y los manifestantes. "La Policía tiene orden de no atacar y esa orden aquí yo se la ratifico a los policías. La Policía no está para reprimir esas manifestaciones", declaró Ortega, en un salón en el cual estuvo el equipo de COYUNTURA. Sin embargo, la realidad en las calles fue otra, y las cifras de muertos y desaparecidos aumentaron con el paso de las horas, los días y años.
Ahora, con las declaraciones de Díaz en octubre de 2024, queda claro que la represión no solo fue planeada, sino que también fue ejecutada siguiendo órdenes directas del líder sandinista, desde su casa, donde también se ubican las oficinas de la Presidencia y la Secretaría General del FSLN. Esta revelación añade por mucho un peso importante a la narrativa que los abogados de las víctimas han construido en los tribunales internacionales, donde se acusa al régimen nicaragüense de crímenes de lesa humanidad.
El caso en Argentina
El proceso contra Ortega y Murillo en Argentina comenzó en octubre de 2022, cuando los abogados Darío Richarte y Diego Pirota presentaron una denuncia ante el juez Ariel Lijo, del Juzgado Nacional Penal y Correccional número 4 de Buenos Aires. El caso se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales argentinos investigar y enjuiciar crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países, aunque las y los acusados no se encuentren físicamente en Argentina.

Además de Ortega y Murillo, entre los acusados se encuentran Francisco Díaz de la Policía, el jefe del Ejército, Julio César Avilés, el asesor presidencial Néstor Moncada Lau, y otros altos funcionarios del régimen. La gravedad de las imputaciones, que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, persecución política y religiosa, entre otros crímenes, ha llevado a que los abogados del caso soliciten la emisión de órdenes de captura internacional contra los implicados. El 27 de agosto de 2024, Richarte y Pirota hicieron esta solicitud formal, argumentando que los crímenes cometidos en Nicaragua cumplen con todos los criterios para ser considerados de lesa humanidad.
Por otro lado, a pesar de la gravedad de las declaraciones de Francisco Díaz, algunos expertos en derecho penal internacional, como el abogado Danny Ramírez Ayerdis del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH), sugieren que Díaz podría estar intentando disminuir su propia responsabilidad penal al señalar que solo "cumplía órdenes". Sin embargo, esta estrategia podría no ser suficiente para eximirlo de culpa. "En los crímenes de lesa humanidad, tanto el que planifica como el que ejecuta son responsables", señaló Ramírez en una entrevista con el medio de comunicación confiscado La Prensa.
Es posible que Díaz esté buscando una salida judicial al distanciarse parcialmente de las decisiones políticas e institucionales de Ortega, pero su confesión lo sitúa en el centro de la cadena de mando que permitió la represión masiva desde 2018. Al mismo tiempo, deja en evidencia que Ortega y Murillo actuaron como los verdaderos autores intelectuales de estos crímenes, como ya es de conocimiento público y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Aunque la posibilidad de que Ortega y Murillo sean extraditados a Argentina para enfrentar un juicio es extremadamente remota, poco real, el caso sigue siendo de gran relevancia para las víctimas de la represión en Nicaragua. Procesos como este ofrecen una vía simbólica y legal para que las voces de quienes sufren hasta la fecha violencia estatal sean escuchadas y para que se sienten las bases de futuras investigaciones en otros países.
El juicio en Argentina también refuerza la creciente presión internacional sobre el régimen sandinista, que ha quedado cada vez más aislado en la comunidad internacional. La recolección de pruebas y la posibilidad de una orden de captura internacional son pasos importantes en la búsqueda de justicia para las víctimas nicaragüenses. A pesar de las dificultades, este proceso judicial ofrece una luz de esperanza en el panorama de impunidad y represión que sigue imperando en Nicaragua.
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