Guatemala entra en estado de sitio tras motines carcelarios y ataques letales contra la Policía Nacional
- Jairo Videa
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La declaratoria implica la limitación temporal de varios derechos constitucionales. De manera específica, se restringe la plena vigencia de los derechos contenidos en los artículos 5 (libertad de acción), 6 (detención legal), 33 (derecho de reunión y manifestación) y el segundo párrafo del artículo 38 (libertad de asociación). Las autoridades quedan facultadas para adoptar acciones excepcionales. Entre ellas se incluye la posibilidad de limitar o prohibir reuniones al aire libre, manifestaciones públicas, espectáculos u otras actividades, incluso de carácter privado.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Guatemala amaneció este lunes 19 de enero de 2026 bajo un régimen de excepción de alcance nacional, luego de una escalada de violencia que tuvo como punto de partida una serie de motines coordinados en tres centros penitenciarios y que derivó en ataques armados directos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
A más de 24 horas de los primeros disturbios, el balance oficial confirmaba al menos nueve policías fallecidos, más de una decena de heridos y un presunto pandillero muerto, en un contexto que el gobierno calificó como un "intento deliberado de desestabilización de la seguridad del Estado".
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1-2026, publicado este lunes 19 de enero en el Diario de Centro América, mediante el cual el Ejecutivo declaró estado de sitio en todo el territorio nacional por un período de 30 días. El anuncio había sido realizado la noche anterior por el presidente Bernardo Arévalo en cadena nacional, tras una jornada marcada por la violencia, la tensión institucional y el luto en las fuerzas de seguridad.
Motines simultáneos y toma de rehenes
Los hechos se desencadenaron el sábado 17 de enero, cuando se reportaron motines casi simultáneos en tres cárceles consideradas estratégicas dentro del sistema penitenciario: el Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18, en la capital; la prisión de Fraijanes 2; y el centro carcelario Renovación 1, ubicado en el departamento de Escuintla. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, los disturbios fueron organizados por integrantes y cabecillas de la mara Barrio 18, quienes buscaban presionar a las autoridades para obtener traslados de prisión y la restitución de privilegios y comodidades eliminados en operativos recientes.
Durante el domingo, la situación se agravó. En al menos uno de los centros, privados de libertad tomaron rehenes, lo que obligó a un despliegue reforzado de fuerzas de seguridad. A primeras horas de la mañana, la PNC informó que había retomado el control total de Renovación 1 y logrado la liberación de las personas retenidas.
En ese contexto, las autoridades confirmaron la neutralización de Aldo Dupie Ochoa Mejía, señalado como uno de los principales cabecillas del Barrio 18.
Sin embargo, lejos de cerrar el episodio, la recuperación del control penitenciario dio paso a una ofensiva violenta fuera de las cárceles.
