Honduras entra en crisis por boicot oficialista y bloqueo en el Consejo Nacional Electoral
- Jairo Videa
- 10 jul
- 7 Min. de lectura
La situación llegó hasta el Congreso Legislativo, donde el martes 08 de julio, simpatizantes de Libertad y Refundación (LIBRE) irrumpieron violentamente en el hemiciclo durante una exposición de la consejera Cossette López sobre los incidentes del día anterior. La presidenta Xiomara Castro, lejos de condenar estos actos de intimidación, se refirió a ellos en tono irónico durante un acto oficial en la isla de Guanaja, calificando el incidente como "un show" y cuestionando la intención de quienes —según dijo— quieren volver a las prácticas fraudulentas de las elecciones de 2013 y 2017, siguiendo el repetitivo guion del consejero Marlon Ochoa.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
El proceso electoral hondureño, programado para el domingo 30 de noviembre de 2025, enfrenta una de sus crisis más profundas tras el bloqueo sistemático de decisiones clave dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), protagonizado e impulsada por el consejero Marlon Ochoa, representante del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE). La situación amenaza con poner en jaque el cumplimiento del cronograma electoral, en un contexto marcado por la polarización política, la desinformación y el desgaste institucional.
La crisis se desató luego de que el consejero Ochoa, quien evidentemente responde a las directrices del partido gobernante, se ausentara por tercera vez consecutiva a la sesión plenaria del CNE, impidiendo el quórum requerido para aprobar temas fundamentales, como la reprogramación de la fecha y lugar para la licitación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), crucial para garantizar la transparencia de los comicios.
Ante esta situación, la presidenta del CNE, Cossette López Osorio, decidió convocar de manera oficial al consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández, para la sesión reprogramada para hoy, jueves 10 de julio a las 06:00 de la tarde. La medida, sustentada en el artículo 18 de la Ley Electoral y en varios numerales del reglamento interno del CNE, según abogados consultados por COYUNTURA, busca evitar el estancamiento del proceso electoral y garantizar que el órgano continúe funcionando.
En un oficio formal, López instruyó que Cardona sea notificado formalmente para asistir a la sesión, en la que se espera avanzar en la aprobación de varios puntos claves del proceso electoral.
Boicot directo desde el oficialismo
La ausencia deliberada de Ochoa no es un hecho aislado. El lunes 07 de julio, simpatizantes de LIBRE tomaron de forma violenta las instalaciones del CNE e impidieron el acceso a las empresas oferentes que participarían en la licitación del sistema TREP. Esto provocó la suspensión abrupta del acto, que ya había sido reprogramado en varias ocasiones.
Un día después, el martes 08 de julio de 2025, colectivos afines al oficialismo también irrumpieron violentamente en el Congreso Legislativo mientras las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall exponían ante las y los legisladores sobre los recientes bloqueos, los avances y las dificultades, generando un ambiente de intimidación y caos institucional.
El conflicto se intensificó luego de que el consejero Ochoa perdiera una votación clave dentro del CNE, en la que se aprobaron los pliegos de condiciones del sistema TREP con dos votos a favor (oposición) y uno en contra (oficialismo). Estos pliegos establecen la revisión manual de las actas con inconsistencias antes de su divulgación, un mecanismo considerado esencial por las consejeras opositoras para blindar la integridad de los resultados preliminares.
Ochoa presentó una enmienda que buscaba sustituir la revisión manual por un proceso automatizado mediante otro software. Las consejeras opositoras advirtieron que esta modificación abriría la puerta a la manipulación de datos y a la creación de percepciones falsas sobre el resultado electoral, argumentando que el sistema podría ser fácilmente alterado.
Intervención del PNUD y advertencias internacionales
La crisis en el CNE generó preocupación en la comunidad internacional. El representante del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras, Richard Barathe, hizo un llamado urgente a los actores políticos para que asuman su responsabilidad en la construcción de un proceso electoral transparente y confiable.
Barathe destacó esta semana la necesidad de reglas claras y consensuadas, subrayando la importancia de la capacitación electoral y la conectividad en más de 1,400 Centros de Votación que carecen de acceso a internet. Además, alertó sobre el riesgo de desinformación, revelando que más del 70 % de las noticias falsas circulan a través de redes sociales.
En este contexto, el PNUD, junto con la Unión Europea y la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), lanzó la plataforma Chekiá, una herramienta digital para combatir la desinformación durante el proceso electoral. La iniciativa forma parte del proyecto EUROLECT-H, que busca apoyar elecciones transparentes y pacíficas mediante un fondo de 10 millones de euros.
Señalamientos y polarización política
En medio de la tensión, la presidenta socialista Xiomara Castro, durante un acto público en la isla de Guanaja este miércoles, minimizó los ataques de los simpatizantes de LIBRE contra las consejeras del CNE, y señaló que los recientes incidentes en el Congreso Nacional forman parte del "show político".
Castro defendió la legitimidad de su administración y criticó a los sectores que, según ella, intentan "regresar" a las prácticas fraudulentas de las elecciones de 2013 y 2017, señalando que esos comicios estuvieron plagados de irregularidades que incluso derivaron en la muerte de al menos 60 personas en 2017.
La mandataria también cuestionó el rol de diputados del bipartidismo —que realmente es tripartidismo, incluyendo a LIBRE—, acusándolos de bloquear reformas impulsadas por el CNE y de defender intereses de grupos de poder. Según ella, estos sectores buscan frenar el "proceso de refundación" que promueve actualmente el Estado.
Denuncias internas desde el CNE
Cossette López, presidenta del CNE, denunció además que el bloqueo institucional va más allá de la ausencia de Ochoa. Según relató, empleados bajo su control estarían saboteando el trabajo interno del órgano electoral, marcando asistencia sin cumplir funciones y bloqueando proyectos esenciales.
López afirmó que, además del TREP, al menos 29 proyectos electorales se encuentran paralizados, advirtiendo que se pone en riesgo todo el cronograma electoral. La abogada cuestionó el propósito de la representación oficialista en el CNE, acusándolos de utilizar su posición para "imponer su verdad" y socavar la democracia.
"¿Para eso querían representación? ¿Para bloquear un ente constitucional y someterlo al capricho político?", reclamó López, quien insistió en que la paz también se construye cumpliendo con la democracia.
La convocatoria del suplente Carlos Enrique Cardona para sustituir a Ochoa ha generado suspicacias. Aunque inicialmente fue presentado como parte del Partido Salvador de Honduras (PSH), varios dirigentes de esa agrupación, como el diputado Carlos Umaña, han denunciado que Cardona no representa al PSH y que habría sido impuesto por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, ahora miembro del oficialismo, antes de PSH.
Esto ha alimentado las sospechas de que, en caso de asumir, Cardona podría replicar la postura de bloqueo adoptada por Ochoa, profundizando aún más la parálisis del CNE.
Un proceso bajo amenaza
El conflicto deja al descubierto la fragilidad institucional del órgano electoral hondureño, a menos de cuatro meses de unas elecciones generales en las que se renovarán la Presidencia, las alcaldías, el Congreso Nacional y las representaciones ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
A la falta de acuerdos dentro del CNE, se suma el riesgo logístico en zonas sin conectividad, el impacto de la desinformación y una profunda desconfianza social alimentada por la polarización política y el desencanto ciudadano con la clase dirigente y la moribunda institucionalidad.
Mientras las advertencias nacionales e internacionales se multiplican, el proceso de votación de 2025 en Honduras ya pende de un hilo. La parálisis del CNE no solo compromete la transparencia de las elecciones de noviembre, sino que amenaza con arrastrar al país a una nueva crisis política e institucional, cuyos efectos podrían perdurar mucho más allá de las urnas.
Verificación humana, pilar de confianza electoral, enfrenta embestida política
El Consejo Nacional Electoral de Honduras se encuentra en el centro de una tormenta institucional tras los intentos del consejero Marlon Ochoa, afín al partido oficialista LIBRE, de bloquear la implementación de controles humanos en la digitalización de actas electorales. Esta salvaguarda —respaldada por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López— permite revisar manualmente las actas con inconsistencias antes de incorporar los resultados al sistema automatizado. Diversos analistas y exautoridades electorales han alertado que eliminar este filtro no solo vulnera el derecho a impugnar de los candidatos, sino que también compromete la transparencia del proceso del próximo 30 de noviembre.
Por otro lado, la maniobra de Ochoa para obstaculizar el proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ha encendido alarmas en la sociedad civil, expertos electorales y defensores de derechos humanos. Las denuncias penales contra Hall y López, junto con los incidentes violentos en el Congreso —donde colectivos oficialistas impidieron que las consejeras rindieran declaraciones— reflejan una estrategia deliberada para desestabilizar el cronograma electoral. El exmagistrado Augusto Aguilar recordó que la ley es clara: las decisiones del CNE deben tomarse por mayoría y los datos preliminares no sustituyen al conteo oficial basado en las actas físicas.
Desde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), se ha hecho un llamado urgente al diálogo, al respeto a la institucionalidad y al liderazgo político responsable. Lester Ramírez, Juan Ramón Martínez y otros expertos coinciden en que la revisión humana es una norma mínima en cualquier democracia funcional. Con el plazo legal para adjudicar el TREP venciendo el 29 de julio, el bloqueo de Ochoa no solo desafía el mandato legal sino que abre la puerta a una crisis postelectoral marcada por desconfianza, impugnaciones y potencial caos institucional.
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