Honduras lleva ya tres años de Estado de Excepción, pero no pone freno a la violencia contra las mujeres todavía
- Redacción Central

- hace 13 horas
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La gravedad de la situación también ha sido reconocida desde el Poder Judicial. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la magistrada de la Sala de lo Civil, Rubenia Galeano, admitió que el sistema de justicia no está cumpliendo con su obligación de frenar los femicidios. "Las estadísticas reflejan que Honduras ocupa el primer lugar en temas de femicidios; qué nos está diciendo cómo Poder Judicial: que no estamos dando la respuesta necesaria para contrarrestar cómo estas mujeres pierden la vida", sostuvo la funcionaria estatal.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras

Más de 1,090 días después de la entrada en vigencia del Estado de Excepción parcial, los indicadores de violencia contra las mujeres en Honduras revelan una realidad inalterada, e incluso agravada. Las cifras recopiladas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) muestran que, desde diciembre de 2022, casi 900 mujeres han sido asesinadas en el país centroamericano, pese a la suspensión de garantías constitucionales y a la ampliación de facultades de los cuerpos de seguridad.
El balance institucional es claro: la medida extraordinaria, promovida por el Ejecutivo de la izquierdista Xiomara Castro bajo el argumento de combatir la criminalidad y la extorsión, no ha tenido impacto en la reducción de muertes violentas, incluidas las que tienen como víctimas a mujeres y niñas.
Un registro diario de muertes que no cesa
La Defensoría de la Mujer del CONADEH mantiene un sistema permanente de monitoreo mediante la verificación de reportes en medios de comunicación. Su coordinadora, Aurora Rueda, explicó que solo entre el 01 de enero y el 31 de octubre de 2025 se contabilizaron 213 muertes violentas de mujeres, una tendencia que confirma la persistencia del fenómeno, aun cuando Honduras ha continuado prorrogando la medida excepcional como política base de seguridad.
Los departamentos con mayor incidencia son Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Yoro y Atlántida, zonas históricamente afectadas por violencia criminal, presencia de estructuras armadas y limitada capacidad institucional.
Rueda subrayó que, tras tres años bajo esta medida extraordinaria, "no se han reducido los índices violentos", y que el CONADEH elaboró un informe con enfoque de género donde se documentan incluso agresiones sexuales en el contexto de detenciones y allanamientos, constituyendo graves violaciones a derechos humanos por parte de agentes de seguridad.
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