Honduras lleva ya tres años de Estado de Excepción, pero no pone freno a la violencia contra las mujeres todavía
- Redacción Central
- Dec 5, 2025
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La gravedad de la situación también ha sido reconocida desde el Poder Judicial. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la magistrada de la Sala de lo Civil, Rubenia Galeano, admitió que el sistema de justicia no está cumpliendo con su obligación de frenar los femicidios. "Las estadísticas reflejan que Honduras ocupa el primer lugar en temas de femicidios; qué nos está diciendo cómo Poder Judicial: que no estamos dando la respuesta necesaria para contrarrestar cómo estas mujeres pierden la vida", sostuvo la funcionaria estatal.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
Más de 1,090 días después de la entrada en vigencia del Estado de Excepción parcial, los indicadores de violencia contra las mujeres en Honduras revelan una realidad inalterada, e incluso agravada. Las cifras recopiladas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) muestran que, desde diciembre de 2022, casi 900 mujeres han sido asesinadas en el país centroamericano, pese a la suspensión de garantías constitucionales y a la ampliación de facultades de los cuerpos de seguridad.
El balance institucional es claro: la medida extraordinaria, promovida por el Ejecutivo de la izquierdista Xiomara Castro bajo el argumento de combatir la criminalidad y la extorsión, no ha tenido impacto en la reducción de muertes violentas, incluidas las que tienen como víctimas a mujeres y niñas.
Un registro diario de muertes que no cesa
La Defensoría de la Mujer del CONADEH mantiene un sistema permanente de monitoreo mediante la verificación de reportes en medios de comunicación. Su coordinadora, Aurora Rueda, explicó que solo entre el 01 de enero y el 31 de octubre de 2025 se contabilizaron 213 muertes violentas de mujeres, una tendencia que confirma la persistencia del fenómeno, aun cuando Honduras ha continuado prorrogando la medida excepcional como política base de seguridad.
Los departamentos con mayor incidencia son Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Yoro y Atlántida, zonas históricamente afectadas por violencia criminal, presencia de estructuras armadas y limitada capacidad institucional.
Rueda subrayó que, tras tres años bajo esta medida extraordinaria, "no se han reducido los índices violentos", y que el CONADEH elaboró un informe con enfoque de género donde se documentan incluso agresiones sexuales en el contexto de detenciones y allanamientos, constituyendo graves violaciones a derechos humanos por parte de agentes de seguridad.
Abusos en operativos y denuncias por agresiones sexuales
Las denuncias recibidas por el CONADEH revelan un patrón alarmante: allanamientos en los que los hombres de la vivienda son detenidos, mientras que mujeres presentes han denunciado abusos sexuales cometidos por efectivos policiales. Según la institución de sociedad civil, también hay acusaciones sobre sustracción de pertenencias durante estos operativos.
Estos hallazgos reflejan, según el organismo, la "desnaturalización" del Estado de Excepción, una medida que se ha extendido sin resolver los problemas estructurales de seguridad, y que, en cambio, abre espacios para la arbitrariedad y la vulneración de derechos fundamentales, especialmente de las mujeres.
La impunidad agrava el panorama: el 95 % de los casos de muertes violentas de mujeres quedan sin judicialización, según abogadas consultadas por COYUNTURA, lo que significa que los responsables no son procesados. Para las víctimas y sus familias, justicia es un concepto todavía distante.
Poder Judicial: reconocer la falla estructural
En el marco del pasado Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la magistrada de la Sala de lo Civil, Rubenia Galeano, hizo una admisión poco común desde las altas esferas del Poder Judicial hondureño: "no estamos dando la respuesta necesaria" para frenar la violencia feminicida.
Galeano participó en la presentación del Diagnóstico para la Construcción de la Política de Igualdad de Género, donde señaló que Honduras ocupa el primer lugar regional en femicidios, un indicador que interpela directamente al sistema de justicia.
La magistrada urgió a jueces y juezas a "empoderarse del tema, no como una moda, sino como un deber jurídico", y enfatizó la necesidad de emitir sentencias basadas en perspectiva de género, alineadas a estándares ya fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Esto incluye reconocer el contexto de violencia sistemática contra las mujeres y la obligación del Estado de garantizar su protección.
Asimismo, insistió en que la violencia de género no puede ser abordada únicamente desde los tribunales, sino que requiere acciones del Poder Ejecutivo y el Congreso Legislativo para garantizar condiciones básicas de prevención en todo el territorio nacional, especialmente en zonas rurales donde se concentran "los cuadros más dantescos" de violencia.
Ministerio Público: denuncias en aumento y desafíos persistentes
El Ministerio Público (MP), controlado por el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), presentó recientemente un panorama detallado de denuncias asociadas a violencia doméstica y otras agresiones contra mujeres. Las cifras del 2025 son contundentes:
2,684 denuncias por violencia dentro del hogar o entorno familiar.
3,684 denuncias recibidas en los Módulos de Atención Integral Especializados (MAIE), que abarcan violencia sexual, psicológica, física y patrimonial.
99.5 % de sentencias condenatorias en los casos judicializados por violencia doméstica.
1,811 requerimientos fiscales por maltrato familiar y delitos sexuales, en su mayoría resueltos mediante procedimientos abreviados.
La portavoz del MP, Yulissa Gómez, destacó casos recientes que ejemplifican la gravedad de las agresiones: un conductor de taxi VIP acusado de violación agravada y robo, así como la sentencia de 17 años de prisión contra un hombre en Choluteca por violación y lesiones agravadas contra una adulta mayor.
No obstante, la Fiscalía alerta que tres de cada diez víctimas abandonan el proceso judicial, lo que favorece que agresores recuperen su libertad en audiencias iniciales. A ello se suma el desafío de garantizar medidas de protección: este año se han impuesto 772 medidas de seguridad para evitar la escalada hacia posibles femicidios.
En promedio, el Ministerio Público recibe 11 denuncias por violencia doméstica cada día, una cifra que reafirma la magnitud del problema y la insuficiencia de las respuestas estatales.
Un país que no logra frenar la violencia feminicida
Tres años después del inicio del interminable Estado de Excepción, la evidencia apunta a un fracaso contundente en la protección de la integridad y vida de las mujeres en Honduras. La política de seguridad y al menos tres planes nacionales no sólo no han reducido los asesinatos, sino que se han visto acompañadas de abusos en operativos, una impunidad persistente y brechas judiciales que impiden respuestas efectivas.
Mientras tanto, organizaciones como el CONADEH, autoridades judiciales y el Ministerio Público coinciden en que la solución requiere más que medidas extraordinarias: exige fortalecimiento institucional, perspectiva de género en la justicia, políticas públicas sostenidas, prevención comunitaria y protección real para las víctimas.
Honduras entonces llegó a otro Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con compromisos renovados, pero con una urgencia palpable: transformar un sistema que, hasta ahora, no ha logrado garantizar el derecho más básico para las mujeres: vivir.
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