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Inicia la lucha frontal de Xiomara Castro contra la oposición de Honduras: "no al golpe de Estado"

La presidenta Xiomara Castro se enfrenta a una oposición cada vez más fuerte en medio de la tensión creciente en el país. Pero la elección del fiscal general se ha convertido en el epicentro de la primera gran lucha política en Honduras, con Castro movilizando a sus seguidores a través de una marcha oficialista y recurriendo a una estrategia de comunicación visual contundente y frontal. Una respuesta a la movilización del sábado 19 de agosto de este año en Tegucigalpa. La instauración de la narrativa "golpista", al mejor estilo de Daniel Ortega y su secuaces.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Tegucigalpa, Honduras
La Fuerza Naval de Honduras conmemoró su 158 aniversario de fundación en las instalaciones del Estado Mayor Naval en Tegucigalpa. Este evento fue presidido por las máximas autoridades civiles y militares del país centroamericano | Fotografía cortesía
La Fuerza Naval de Honduras conmemoró su 158 aniversario de fundación en las instalaciones del Estado Mayor Naval. Este evento fue presidido por las máximas autoridades civiles y militares del país centroamericano | Fotografía cortesía

Honduras, un país ya marcado por la turbulencia política y la agitación social, se encuentra una vez más en el epicentro de una contienda que podría determinar el rumbo de su Gobierno y su estabilidad democrática. Este martes 29 de agosto de 2023, la presidenta Xiomara Castro inició lo que podría considerarse una lucha frontal contra la oposición al convocar una masiva movilización oficialista para exigirle al Congreso Nacional -de mayoría opositora- que cumpla con el proceso de elección del fiscal general del Ministerio Público (MP), una figura clave en la administración de justicia del país centroamericano, en una votación convocada para esta misma tarde en el viejo corazón de Tegucigalpa.


La tensión política que caracteriza a Honduras ha alcanzado un punto crítico en esta jornada, con la elección del funcionario encargado de investigar judicialmente en el centro de la controversia. La presidenta Castro, líder del partido izquierdista Libertad y Refundación (Libre), ha convocado a miles de empleados públicos y activistas de su movimiento para manifestar su apoyo al Gobierno y a sus políticas de "refundación del país, con un nuevo fiscal". Sin embargo, la oposición ha levantado fuertes objeciones, acusando a Castro de intentar imponer su control en el Poder Legislativo y en el MP.


Para elegir al fiscal general se requiere una mayoría calificada de 86 votos en el Congreso Nacional, compuesto por 128 diputados. El partido oficialista, liderado por Castro y su siempre fiel esposo Manuel Zelaya, está lejos de alcanzar esta cifra, ya que solo cuenta con 50 parlamentarios. Las fuerzas políticas opositoras, lideradas por el Partido Nacional de Honduras (PNH) y el Partido Liberal (PLH), han denunciado la posible intromisión del Poder Ejecutivo en la elección del fiscal, generando un ambiente de más incertidumbre y tensión en el país, y en los órganos estatales.


Presión para el Legislativo -que ya presiona a los suyos-


Los últimos dos meses han sido escenario de la rebeldía del Partido Nacional en el Congreso de Honduras, acusando a la Junta Directiva de la cámara legislativa de autoritarismo y totalitarismo. Los diputados nacionalistas han utilizado tácticas disruptivas, como interrupciones ruidosas en las sesiones y la inasistencia, en un esfuerzo por bloquear los procedimientos parlamentarios. Estas tácticas, que algunos funcionarios y activistas de Libre han tildado de "terroristas", al mejor estilo de la narrativa entorno a los regímenes dictatoriales de Nicaragua, Venezuela y Cuba, son las mismas que el partido oficialista empleó cuando estaba del lado de la oposición.


El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha tomado medidas drásticas para mantener el "control" en medio de la agitación. Ha introducido decenas de guardaespaldas, realizado registros minuciosos a los diputados -y sus curules físicos- y ha impedido el acceso e incluso retenido a algunos de ellos en las salas del edificio legislativo. Esta escalada de tensiones ha llegado incluso a involucrar a los militares, una influencia tanto poderosa como dañina en la sociedad hondureña y su sistema de vida.


"No al golpe de Estado"


En un giro inusual y escandaloso, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general del Ejército de Honduras, José Jorge Fortín, ha acusado a un "grupo de militares retirados" de estar "tramando un golpe de Estado" en el país centroamericano. Esta incriminación se produjo durante un evento militar de la Fuerza Naval la semana pasada. Fortín identificó a varios generales retirados, algunos de los cuales han incursionado en la política, y les instó a "no planear" golpes de Estado. Esta intervención de los militares en asuntos políticos -y las declaraciones de Fortín y la presidenta Castro- generó una reacción adversa por parte de analistas, la oposición y la sociedad en general.


Ante el Ministerio Público llegaron la mañana de este martes los generales en condición de retiro mencionados en el polémico discurso del general Fortín, para interponer una solicitud para que sea investigado por sus señalamientos de que ellos estarían involucrados en la planeación de supuestas intervenciones en contra del Estado hondureño y sus instituciones.


Romeo Vásquez Velásquez, Isaías Barahona, Luis Alonso Maldonado Galeas y Mario Raúl Hung Pacheco, llegaron hasta el ente estatal acompañados por su abogada, Doris Madrid, advirtiendo que se trata de una violación a sus derechos como ciudadanos. "Hemos venido a hacer una solicitud, que el Ministerio Público proceda en defensa de los derechos que establece la Constitución. El Artículo 1 establece que Honduras es una República democrática y un Estado de derecho y que garantiza la justicia, la libertad y la cultura, entonces, no es posible que a través de un discurso, que lo han hecho viral y público, y que el mismo Estado ha estado pagando con el dinero de nuestros impuestos, se esté acusando injustamente a un grupo de oficiales, que somos ciudadanos, que tenemos los derechos garantizados por la Constitución. Entonces, queremos que el Ministerio Público proceda a hacer una investigación, porque esto es un abuso más, y una violación a los derechos de los ciudadanos", dijo Vásquez, aclarando que no se trata de una denuncia, sino de una petición de oficio.



Anuncios para expandir el mensaje


En medio de la creciente tensión política en Honduras, la presidenta Xiomara Castro ha recurrido a una estrategia de comunicación impactante. La mandataria y su administración pública financiaron anuncios en medios masivos, de televisión y radio, con un mensaje unificado: "no al golpe de Estado". Estos anuncios muestran a Castro en el evento militar antes mencionado, junto al Ejército, buscando reforzar su postura en esta crisis política. Acusa a la disidencia de fraguar desestabilización en su contra. Esta táctica también ha generado preocupaciones sobre la politización de las fuerzas armadas y el uso de recursos públicos para fines políticos.


La repetición constante del mensaje "no al golpe de Estado" a través de los anuncios pagados refleja la determinación de Castro por mantener su posición y movilizar a sus seguidores. La inclusión de imágenes de un evento militar junto al Ejército añade un elemento visual poderoso a esta estrategia, aprovechando la influencia y la imagen de poder de las fuerzas armadas en la sociedad y la institucionalidad. Sin embargo, esto también ha provocado debates sobre la independencia de las fuerzas armadas y su papel en la política.


Esta estrategia de comunicación no está exenta de críticas. La oposición cuestiona el uso de recursos públicos para promover una agenda política, y la falta de transparencia en el manejo de fondos estatales. Mientras los anuncios inundan los medios, la sociedad hondureña se encuentra en una encrucijada crucial, observando cómo esta táctica impacta en el panorama político del país y cómo contribuye a la narrativa en medio de una agitación sin precedentes.


Una manifestación "bajo control"


La Policía Nacional (PN) de Honduras también ha tomado medidas, anunciando la formación de un equipo de investigación para identificar a aquellos que buscan desestabilizar al Gobierno. Estos acontecimientos han sido criticados por diversos sectores, incluyendo la iglesia católica y la empresa privada, que llaman a las fuerzas de seguridad a mantenerse al margen de las discusiones políticas y centrarse en su misión de brindar seguridad y orden al país.


La elección del fiscal general y fiscal adjunto se ha convertido en el epicentro de esta crisis política. A pesar de la evidente falta de acuerdos, se espera que el partido oficialista presente una moción nominativa respaldada por sus diputados y algunos congresistas liberales este martes. La oposición, liderada por el PNH, también ha propuesto a sus candidatos para los cargos, pero ninguna de las partes parece tener los 86 votos necesarios para asegurar la elección.


La situación ha llevado a la preocupación de que la movilización oficialista y la protesta opositora puedan provocar disturbios y perturbar la seguridad en la capital, e incluso dentro del hemiciclo legislativo. La embajada de los Estados Unidos de América (EE.UU.) ha emitido una advertencia a sus ciudadanos residentes en Tegucigalpa, instándolos a estar atentos a los eventos que podrían desarrollarse. La incertidumbre política y la polarización del país están aumentando los temores de que la situación se deteriore aún más.


A medida que Honduras enfrenta esta encrucijada política, el país está sumido en una serie de desafíos, desde la violencia y el desempleo, hasta la migración masiva que no muestra signos de detenerse. Las decisiones tomadas en esta coyuntura podrían moldear el futuro de la nación y su democracia en los años venideros. Mientras tanto, las y los ciudadanos observan con aprehensión y esperanza, preocupados por el rumbo que tomará su país en medio de esta lucha frontal por el poder político y la dirección de Honduras.



La movilización a esta hora


Además de "solicitar" la participación de las y los trabajadores estatales, la administración de la presidenta Castro puso a disposición de las personas que asisten al evento -que comienza a tomar forma en Tegucigalpa al cierre de este texto-, transporte, toldos, estaciones de cuidado, alimentos varios, camisetas, materiales de librería y hasta banderas, bajo la coordinación de las 12 comisiones especiales instruidas por el Ejecutivo. Fuentes cercanas a Libre confirmaron a la Redacción de COYUNTURA que se habilitó la Villa Olímpica para acoger a las y los activistas del oficialismo. Gilberto Ríos, dirigente de Libre, calcula que unas 25 mil personas estarían la tarde de este martes en la capital hondureña, incluso desde el interior del país.


Es un contexto muy diferente al de la manifestación opositora del sábado 19 de agosto. Ahora hay más ruido, cobertura, propaganda y recursos económicos y logísticos.


Rafael Barahona, titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), indicó que al menos 200 buses fuera de Tegucigalpa movilizarán a los activistas afines a Castro y Zelaya. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, dijo que han asignado a 1,500 elementos policiales y 500 militares para que den resguardo a quienes asistan a la marcha. Las autoridades de varios centros escolares del sector privado decidieron suspender sus actividades académicas presenciales debido a esta movilización.


Mientras tanto, en el Congreso Nacional de Honduras, a las 03:21 p.m. del martes 29 de agosto, la bancada de Libre podría presentar divisiones antes de la elección de las autoridades del Ministerio Público, programada para las 03:00 p.m. de hoy.



Rafael Sarmiento, quien lidera la bancada del Partido Libertad y Refundación ha planteado la posibilidad de que los diputados afines al congresista Jorge Cálix no respalden la lista de candidatos propuesta para liderar el Ministerio Público. Sarmiento declaró: "La bancada es una entidad única, no se divide en dos. Algunos colegas que respaldan a Jorge Cálix han emitido un comunicado que resulta inusual y sorprendente. Hoy llevaremos a cabo una reunión en la que confirmaremos quiénes respaldan al partido, a la presidenta (Xiomara Castro) y al pueblo". Agregó: "En caso contrario, estarían esencialmente manifestando su deseo de retroceder y regresar a 2021 (año en que se designó la Junta Directiva del Congreso Nacional). Tengo mis dudas sobre si optarán por la decisión de no apoyar a la bancada de Libre en este proceso de elección".


"La elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público es una responsabilidad compartida. Llamamos a todas las fuerzas políticas a priorizar el diálogo y trabajar juntos por el bien de nuestra nación", dijo el diputado Cálix.


"Es un mar de fuego lo que hoy está en la capital", dijo Rasel Tomé, abogado y diputado de Libre desde el Congreso Nacional.


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