Interferencia, secreto bancario y límites legales: las implicaciones de un comentario de Rodrigo Chaves al Banco Nacional de Costa Rica
- Jairo Videa
- 6 jun
- 5 Min. de lectura
Frente a las críticas, la Presidencia alegó que el mandatario costarricense simplemente pidió "atención" y negó haber ordenado acción alguna. "Jamás dije hagan esto o lo otro", respondió el presidente durante una gira en Turrialba, el jueves 29 de mayo. "Si me quieren llevar otra vez a la Fiscalía, que me lleven", agregó.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
El comentario emitido por el presidente costarricense Rodrigo Chaves a los nuevos integrantes de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) ha encendido alarmas entre especialistas del sistema financiero por su posible colisión con principios clave que resguardan la autonomía bancaria en Costa Rica. En el centro de la polémica se encuentra una frase aparentemente informal, pero de consecuencias institucionales profundas: "ahí les voy a dejar el caso".
Dicha frase fue pronunciada el pasado miércoles 28 de mayo de 2025, tras la juramentación de los nuevos directivos del BN —el banco más grande del país y de Centroamérica por volumen de activos—, todos nombrados por el actual gobierno. Durante la ceremonia, grabada y emitida por Casa Presidencial y luego retirada de sus plataformas, Chaves hizo referencia a una operación de renegociación crediticia por aproximadamente 100 millones de dólares, relacionada, según él, con "una empresa absolutamente conectada con el poder político tradicional".
La mención, pese a no revelar el nombre de la empresa, ha sido señalada por expertos del sector financiero como potencialmente problemática por al menos tres razones: violación del secreto bancario, injerencia política indebida y extralimitación en las funciones de la Junta Directiva del BN.
Luis Liberman, exgerente de Scotiabank y exvicepresidente de la República, advirtió que si esa información efectivamente llegó a Casa Presidencial desde dentro del banco, se trataría de una transgresión al principio del secreto bancario. "La información de un crédito específico, aunque no se mencione el nombre del cliente, no puede circular fuera del circuito técnico autorizado", apuntó.
Gerardo Corrales, exgerente de BAC-Credomatic, fue más tajante: "tuvo que haber venido de alguien adentro del banco. Esa información es confidencial y muy privada. Si se filtra para fines políticos, el daño a la confianza en la institución es grave".
Sin embargo, Bernardo Alfaro, exgerente general del BN y también exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), sostiene una postura distinta. En su opinión, como no se reveló el nombre de la empresa, no se puede hablar formalmente de una violación del secreto bancario.
Pese a esa diferencia de criterios, la preocupación por el precedente que se sienta con estas declaraciones es compartida por los especialistas y periodistas consultados por este medio.
Costa Rica reformó su legislación bancaria en las décadas de 1980 y 1990 precisamente para blindar al sistema financiero estatal frente a presiones políticas e ideológicas. La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional prohíbe explícitamente que las juntas directivas interfieran en la aprobación de créditos, una función reservada a comités técnicos y administrativos.
Luis Liberman recordó que en el pasado, la intervención política en el otorgamiento de préstamos provocó serias distorsiones. "El espíritu de la ley es que ningún costarricense, sin importar su filiación política, deba temer que su acceso a un crédito será condicionado por quién gobierna", dijo.
Por su parte, Gerardo Corrales señaló que las decisiones de crédito se basan en criterios técnicos como el historial de morosidad y la capacidad de pago del solicitante. "Por ningún lado dice la ley que se debe preguntar por la filiación política del cliente", subrayó.
El propio Banco Nacional, a través de su gerenta general Rosaysella Ulloa, afirmó que al momento de las declaraciones del presidente Chaves no se tramitaba ningún crédito por el monto mencionado. También el expresidente del banco, Marvin Arias Aguilar, enfatizó que ese tipo de decisiones no corresponde a las juntas directivas nombradas por el Poder Ejecutivo.
Más allá de si hubo o no violación al secreto bancario, el acto de sugerir que los nuevos directores "revisen" un crédito específico puede interpretarse como una exhortación a intervenir en un terreno que les está vedado por ley.
El artículo 27 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional indica con claridad que los miembros de las juntas directivas no deben influir sobre los funcionarios técnicos encargados de evaluar y aprobar los créditos, ni gestionar préstamos a favor de terceros. A su vez, el artículo 63 estipula que la aprobación de créditos está delegada en una comisión conformada por el gerente, subgerentes y el jefe de crédito.
En este sentido, Javier Cascante, exjerarca de SUGEF advirtió que el rol de la junta es normativo, no operativo. "No pueden involucrarse en decisiones técnicas. Su papel es establecer políticas y supervisar el funcionamiento institucional, no dictar qué créditos se aprueban o rechazan", explicó.
La polémica creció cuando se confirmó que Casa Presidencial eliminó el video original donde Chaves hizo las declaraciones. Consultada al respecto, la Presidencia no ofreció explicaciones claras ni identificó a la empresa mencionada. El viernes 30 de mayo, se limitó a enviar una transcripción donde el mandatario alegaba que su intención fue decir: "estén atentos, hagan su trabajo".
Posteriormente, en una entrevista televisiva, Chaves calificó la publicación del video como "un error". Reconoció que "no se debió haber filmado, no se debió haber subido" y argumentó que su objetivo era "sacar a los mismos de siempre" del Consejo de Gobierno.
El Banco Nacional cuenta con activos por 8,45 billones de colones, de los cuales 5,17 billones son colocaciones crediticias, según datos de abril de 2025 de la SUGEF. Su peso en la economía costarricense y regional lo convierte en una pieza clave del sistema financiero.
Que su independencia sea percibida como comprometida por comentarios de tintes políticos no solo genera desconfianza entre clientes y reguladores, sino que debilita un principio fundamental del Estado de Derecho: la separación entre las decisiones técnicas y la voluntad política, el poder estatal. El episodio plantea un dilema institucional que aún no ha sido resuelto: ¿puede un presidente dejar "encargado" un caso crediticio a una junta recién nombrada sin que ello se interprete como interferencia?
En medio del silencio oficial sobre las preguntas cruciales —¿cuál empresa?, ¿cuál es la irregularidad?, ¿por qué se retiró el video?—, queda expuesto otro escenario de tensiones entre transparencia, legalidad y control político. Para muchos observadores, lo dicho por el mandatario Rodrigo Chaves, en un año electoral, fue más que una frase: fue el síntoma de un riesgo latente.
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