Isis Cuéllar, diputada oficialista, simboliza patrón de irregularidades en el manejo de ayudas sociales por parte de legisladores en Honduras
- Redacción Central
- 2 jul
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Actualizado: 6 jul
A cinco meses de las elecciones generales, la ciudadanía enfrenta una nueva prueba: exigir responsabilidades reales en un país donde muchas veces "no pasa nada", y donde el uso de fondos públicos sigue respondiendo más a intereses políticos, ideológicos y partidarios que a necesidades ciudadanas. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha entregado 170 líneas de investigación a la Fiscalía, pero el 77 % permanece sin resolución. El órgano de justicia es un "elefante blanco", que dialoga, promete, pero no actúa, dice la directora de la oenegé de sociedad civil.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
El caso que involucra a la diputada Isis Carolina Cuéllar, representante del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE) por el departamento de Copán, en Honduras, ha destapado un patrón sistemático de supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados a ayudas sociales, desde el Congreso Legislativo, con la mediación de instituciones controladas por el Estado. Documentos, cotizaciones repetidas, solicitudes calcadas y beneficiarios cercanos a la parlamentaria revelan un uso discrecional y, en apariencia, opaco del millonario presupuesto aprobado para el llamado Fondo de Administración Solidaria, correspondiente solamente al año fiscal de 2024.
El escándalo, que alcanzó notoriedad pública tras la divulgación de una conversación el lunes 23 de junio de 2025 donde Cuéllar aparece dialogando con el ahora exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), José Carlos Cardona, ha desencadenado un nuevo episodio de cuestionamientos al uso de recursos públicos en Honduras y el papel de los diputados oficialistas.
La presidenta Xiomara Castro se ha lavado una mano y con la otra señala. Ordenó —en medio de la conmemoración del golpe de Estado de 2009 contra su esposo, el expresidente y asesor de la actual Presidencia, Manuel Zelaya— una revisión "exhaustiva" de documentos, revelando así que al menos 255,155,209 lempiras fueron gestionados y autorizados por el Congreso Legislativo hondureño el último año para ser utilizados por unos 60 diputados de LIBRE, principalmente, y otro grupo de menos de 10 legisladores opositores.
En la charla filtrada hace ya dos semanas, Cuéllar afirma haber entregado kits de sonido, sillas, carpas, mesas y equipos de sublimado —valorados en más de 125 mil lempiras cada uno— a 15 coordinaciones de LIBRE. La compra de esos materiales habría sido financiada, según su propio testimonio, con cheques otorgados por Cardona, quien validó la operación, en medio de un año electoral complejo y polarizado. Pero el Ministerio Público (MP), encabezado por el fiscal Johel Zelaya, como sucede en otros varios casos ligados a la actual administración "socialista", no ha emitido comunicados ni ordenes de detención; tampoco se han secuestrado documentos. La Fiscalía solo dice que se sigue indagando, mientras la ciudadanía sigue sin saber hacia donde apunta la lupa en esta ocasión.
Una ayuda multiplicada 21 veces
La historia inició con una solicitud aparentemente legítima. En 2023, Ángel Gabriel Acevedo Bautista, residente del municipio de Florida, Copán, remitió una carta a SEDESOL pidiendo auxilio económico de 100 mil lempiras para reparar su "vivienda deteriorada". Acompañó su petición con fotografías y cuatro cotizaciones, siguiendo el protocolo establecido, según alegó Cardona antes de que su renuncia fuera aceptada por el Consejo de Ministros.
Pero un análisis del diario La Prensa reveló un patrón insólito: las mismas cotizaciones fueron utilizadas para tramitar al menos otras 20 solicitudes de ayuda social, supuestamente destinadas a viviendas distintas, en condiciones y zonas también distintas del departamento. En todas ellas, aparece como gestora la diputada Isis Cuéllar.
Una cotización específica —serie 000000052, emitida el martes 14 de mayo de 2024 por el negocio Inversiones López— aparece en las 21 solicitudes. El documento detalla la compra de materiales para construcción: cemento, láminas de aluzinc, varillas, madera y arena, por un monto de 100,004 lempiras. La reproducción exacta del documento, con los mismos precios, fecha, caligrafía y estructura, sugiere una estrategia de duplicación documental, sin adaptación a cada caso específico. Transparencia cero.
Las zonas beneficiadas con estas supuestas ayudas incluyen Santa Rosa de Copán (8 casos), Florida (4), El Paraíso (2), Nueva Arcada (2), y una solicitud en cada uno de los municipios de Copán Ruinas, Cucuyagua, La Jigua, Santa Rita y Veracruz. Las imágenes anexas a los expedientes presentan niveles de deterioro distintos, e incluso en algunos casos no se justifica el monto solicitado.
La investigación también reveló que Cuéllar gestionó ayuda para su asistente, Ilsy Valeska Baquedano Mejía, y para su excuñada, Iris Paola Pérez Moreno. Ambos casos generan dudas sobre el criterio de selección y la legalidad del uso de recursos públicos con fines que podrían interpretarse como favorecimiento personal. La documentación revisada por este medio muestra, además, cotizaciones sin empresa emisora, otras sin fecha, y muchas con valores idénticos, pese a referirse a productos o servicios distintos. En una cotización emitida por Inversiones Mass Cerros —empresa de comestibles fritos—, escrita a mano, se registra un valor de 120,968.50 lempiras. Otra, firmada por Bodega M. Guerra, que no incluye fecha pero sí sello, detalla un monto de 110,500.62 lempiras.
De 65 ayudas sociales gestionadas por Cuéllar a través de SEDESOL, el 94 % —es decir, 61 expedientes— presentan algún tipo de anomalía. Además de las duplicidades en las cotizaciones para viviendas, se identificó un segundo patrón de solicitudes dirigidas a emprendimientos, en los que también se reciclan documentos y justificantes. Por ejemplo, el expediente de Darwin Elieser Wélchez solicita 100,000 lempiras para emprender un negocio de renta de mobiliario. Sin embargo, la documentación inicial habla de una actividad agrícola (venta de granos básicos), y solo posteriormente aparecen cotizaciones de sillas, carpas y equipos de sonido, las mismas utilizadas en otros expedientes con diferentes nombres.
Ahora bien. De los más de 6.5 millones de lempiras gestionados por la diputada para su departamento, 2.1 millones se destinaron a reparación de viviendas (21 casos), 1.4 millones para renta de mobiliario (14 casos), 1.2 millones para ventas de plásticos (12 casos), y unos 180 mil lempiras para negocios de sublimación (9 casos), estos últimos vinculados directamente a las declaraciones filtradas.
LIBRE se lava las manos
Desde el Congreso Legislativo, figuras clave de Libertad y Refundación como Hugo Noé Pino y Silvia Ayala han defendido el uso de estos fondos. Aseguran que los diputados únicamente actúan como gestores, canalizando las peticiones de comunidades y organizaciones hacia las secretarías correspondientes. "Ningún diputado recibe en sus cuentas personales ni liquida estas actividades", afirmó Noé Pino. Ayala, por su parte, argumentó que con estos fondos se han beneficiado proyectos comunitarios como becas estudiantiles, mejoras de calles y reparación de centros educativos. Según datos obtenidos por La Prensa, Ayala ha gestionado 19 millones de lempiras y Noé Pino 18.9 millones de lempiras, cifras que evidencian la magnitud de las ayudas canalizadas por medio del Congreso y ejecutadas por SEDESOL, aunque se supone que dichos fondos solamente se deben implementar en "proyectos sociales y de infraestructura menor", no en emprendimientos de carácter particular. La base estimada es de 950 millones disponibles.
Encima, el legislador suplente de Cuéllar, Víctor Hugo Romero, denunció esta semana que la diputada controla "todo el aparato estatal en Copán". "Es ella quien pone y quita funcionarios en educación, salud, IP (Instituto de la Propiedad), COPECO (Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras)", afirmó. También reveló la existencia de un supuesto "chat" con un listado de "70 personas implicadas", exigiendo que se haga pública esa información, sin dar más detalles.
Romero se desmarcó por completo de Cuéllar, declarando que no está apegado a ella y que, de encontrarse en su situación, ya habría renunciado al curul legislativo. "Uno tiene que dar la cara", sostuvo, dejando entrever una fractura interna en la bancada oficialista. Cuéllar reprocha a sus colegas porque dice no se "la única".
Así y todo, la falta de respuestas institucionales ha motivado la intervención del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que el lunes 30 de junio lanzó una nueva campaña pública bajo el lema "¿Qué pasa cuando no pasa nada?", señalando directamente al Ministerio Público por su inacción. Gabriela Castellanos, directora del CNA, afirmó que de 170 líneas de investigación presentadas por el organismo de sociedad civil a la Fiscalía, el 77 % sigue en total impunidad. La abogada cuestionó duramente al MP por su falta de acción en casos como el de Cuéllar y Cardona, recordando que "cuando hay videos, documentos y nombres, la justicia no puede seguir callada".
Castellanos también criticó la actitud del gobierno de Castro, al que acusó de privilegiar actos conmemorativos mientras ignora escándalos de corrupción que afectan directamente al pueblo hondureño. "Hoy tenemos otro elefante blanco más en Honduras: el Ministerio Público", sentenció.
Más allá de las denuncias individuales, el caso ha desnudado un problema estructural más: el uso de fondos públicos con fines clientelares, con un oficialismo que busca a toda costa mantener el poder y ampliarlo en los comicios del próximo domingo 30 de noviembre. Proselitismo disfrazado de ayuda social. La ausencia de fiscalización efectiva, la discrecionalidad con la que los diputados canalizan millones de lempiras a sus departamentos, y la concentración de poder en figuras políticas como Cuéllar, configuran un escenario donde la corrupción se institucionaliza cada vez más.
La madrugada de hoy, miércoles 02 de julio de 2025, Rixi Moncada, presidenciable oficialista ha escrito en X (antes Twitter): "en acuerdo con la coordinación general del partido LIBRE, exijo la suspensión inmediata de la diputada Isis Cuéllar de sus cargos en Libertad y Refundación y en el Congreso Nacional; la renuncia de los diputados de LIBRE al fuero especial para ser investigados y sin excusas rendir cuentas ante el MP y los tribunales de justicia. Sin privilegios. Exijo también que se detenga en el acto la aprobación de más recursos del fondo social, el cual debe cancelarse sin vacilar".
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