La cancelación del TPS para Nicaragua es el fin de una protección histórica en medio de un panorama represivo
- Redacción Central
- 10 jul
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Para muchas familias nicaragüenses, el TPS representó más que un simple permiso temporal: fue la base de una nueva vida construida durante más de dos décadas. El abogado nicaragüense Harold Rocha, presidente del Fondo Nicaragüense Americano de Defensa Legal y Educación (NALDEF), calificó la medida como un "golpe duro". "Aunque el programa era temporal por definición, la vida de estas personas no lo ha sido", declaró Rocha. "Casi toda una generación ha crecido y contribuido en Estados Unidos bajo esta protección", agregó.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Por primera vez en más de un cuarto de siglo, la comunidad nicaragüense amparada por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) enfrenta un plazo fatal.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) oficializó el lunes 07 de julio de 2025 el fin del TPS para Nicaragua, con efecto el lunes 08 de septiembre. Así, unos 4,000 nicaragüenses perderán su protección migratoria y quedarán expuestos a la deportación.
La decisión, justificada por el gobierno de Donald Trump con el argumento de que Nicaragua ha superado los daños del huracán Mitch y posee ahora "capacidad suficiente" para recibir a sus nacionales, ignora deliberadamente la profunda crisis de derechos humanos, represión política y colapso institucional que azota al país centroamericano bajo el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo.
El TPS fue otorgado a Nicaragua en enero de 1999 tras el desastre provocado por Mitch. Desde entonces, había sido renovado múltiples veces por gobiernos de distintos signos políticos, a raíz de la persistente inestabilidad política y socioeconómica del país. Sin embargo, la actual administración estadounidense lo considera "innecesario", argumentando que Nicaragua "ha logrado avances significativos" en infraestructura, agricultura, turismo y sostenibilidad energética.
Las autoridades estadounidenses destacan, además, que el país cuenta con reservas internacionales récord y un "sector bancario sólido". Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, "las condiciones para el retorno seguro están dadas", pese a que organizaciones como Human Rights Watch documentan el cierre de más de 5,600 ONG, el encarcelamiento y exilio de opositores y la represión sistemática contra la Iglesia Católica.
"El TPS nunca fue diseñado para ser permanente. Es un alivio temporal", insistió Noem al anunciar la cancelación.
Indignación entre expertos y comunidades
Para expertos como J. Kevin Appleby, investigador principal del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York, la decisión refleja una "absoluta falta de discernimiento" por parte del gobierno estadounidense, que ignora las brutales realidades que enfrentan las y los nicaragüenses bajo la dictadura Ortega-Murillo.
"Las condiciones actuales en Nicaragua son totalmente incompatibles con un retorno seguro. No es solo un tema económico o ambiental, es una crisis política, de derechos humanos y de persecución religiosa", enfatizó Appleby.
La represión estatal ha alcanzado niveles inéditos. La dictadura ha encarcelado a líderes religiosos, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios y precandidatos presidenciales; ha expulsado a decenas de sacerdotes y desnacionalizado a casi 500 connacionales. También ha clausurado medios de comunicación y persigue a familiares de víctimas de las matanzas cometidas desde abril de 2018 y activistas políticos, además de aplicar medidas de control extremo sobre la población.
Appleby advirtió que el fin del TPS es parte de la estrategia de Trump para "terminar con tantas protecciones como sea posible" antes de acelerar su campaña de deportaciones masivas. "Esto no tiene que ver con las condiciones de los países, sino con una agenda política interna", acusó.
Mientras tanto, en ciudades estadounidenses, el temor es palpable. En Filadelfia, el padre Charles Ravert, párroco de la iglesia San Ambrosio, relató cómo la noticia ha provocado "un miedo atroz" entre sus feligreses, muchos de ellos centroamericanos amparados por el TPS. "Hay una sensación de impotencia. Tienen miedo de regresar, pero también miedo de que alguien los obligue a volver", confesó Ravert a OSV News.
Aunque algunos comprenden la necesidad de deportar a personas con antecedentes criminales, la preocupación se centra en "las buenas personas atrapadas en las deportaciones masivas". Ravert lamentó la ausencia de un debido proceso claro para quienes están en riesgo de expulsión: "un día estás aquí, al siguiente ya no".
La comunidad, dijo, se aferra a la fe como refugio ante la incertidumbre. "Seguimos rezando. Nuestra parroquia es un espacio de consuelo en medio de la tormenta", añadió.
Deportaciones masivas, acuerdos opacos y negociaciones con la dictadura
El fin del TPS para Nicaragua ocurre en un contexto de deportaciones masivas sin precedentes. Solo en el primer semestre de 2025, más de 2,100 nicaragüenses fueron deportados desde EE.UU., en al menos 21 vuelos, muchos de los cuales hicieron escala en la base militar de Guantánamo y otros países de Centroamérica.
Estos vuelos, según expertos como Andrew Selee, director del Instituto de Políticas Migratorias, solo pueden realizarse con la anuencia del régimen Ortega-Murillo. "Estados Unidos no puede enviar un avión a Nicaragua sin un acuerdo con el Estado", sostuvo Selee. "No sabemos qué ofrece EE.UU. a cambio, pero no es gratis", agregó el analista.
Además, la nueva ley fiscal aprobada por el Congreso estadounidense —y respaldada por Trump el 04 de julio— asignó 45,000 millones de dólares para detención y deportación de migrantes. Esto incluye fondos para contratar más vuelos y personal que rastree a indocumentados. Sin embargo, los expertos coinciden en que la meta de deportar a un millón de personas en un año es prácticamente inalcanzable, aunque el clima de temor se mantendrá.
En el caso nicaragüense, el fin del programa de "parole humanitario" dejó a decenas de miles de migrantes sin protección legal. Se estima que más de 90,000 nicaragüenses habían ingresado bajo esta figura, de los cuales al menos 60,000 no solicitaron asilo.
Para agravar la situación, el régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cerró consulados en EE.UU., retiró a la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de Nicaragua y eliminó canales de apoyo consular para sus ciudadanos en el exterior. Según Selee, "el gobierno nicaragüense no tiene interés alguno en proteger a los migrantes que huyen de él".
"Los nicaragüenses desconfían profundamente de sus consulados. Muchos ya han roto cualquier contacto con sus autoridades por miedo o por rechazo al régimen", agregó.
La política migratoria actual, sumada a la represión interna, ha generado una nueva oleada de vulnerabilidad entre las y los nicaragüenses. La cancelación del TPS no solo representa la pérdida de permisos laborales y protección contra la deportación; implica la ruptura de raíces familiares y comunitarias forjadas durante más de dos décadas.
Mientras Estados Unidos refuerza sus muros, las comunidades nicaragüenses quedan atrapadas entre un país que ya no los quiere y otro que los persigue. La diáspora nicaragüense en EE.UU. enfrenta ahora una encrucijada histórica: resistir, huir o volver a la oscuridad del exilio silencioso, en una América que vuelve a cerrar sus puertas.
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