La sombra detrás del asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica se hace más grande
- Redacción Central
- hace 1 día
- 6 Min. de lectura
Pese a la presión social y mediática en torno al caso, las administraciones estatales mantienen un mutismo casi que estratégico. El presidente costarricense Rodrigo Chaves ha evitado referencias directas, delegando en instancias judiciales, lo que ha suscitado críticas de exmandatarios como Laura Chinchilla, quien en junio lo acusó de indolencia ante la "impunidad chocante". El Ministerio de Relaciones Exteriores tico, consultado el martes 19 de agosto de 2025, declinó competencia, remitiendo al ámbito interno.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
El eco del asesinato del mayor retirado Roberto Samcam Ruiz, perpetrado el jueves 19 de junio de 2025 en un condominio de Moravia, San José, Costa Rica, resuena con mayor intensidad a medida que emergen indicios que vinculan directamente al Ejército de Nicaragua con el crimen. Este suceso, que inicialmente pareció un acto aislado de violencia, ahora se perfila como un eslabón en una cadena de operaciones encubiertas destinadas a silenciar disidentes en el extranjero. A dos meses del hecho, las pesquisas han desvelado patrones de inteligencia transfronteriza, contradicciones institucionales en Costa Rica y un clamor internacional que exige aclaraciones y justicia, mientras los gobiernos de ambos países optan por la discreción extrema. El silencio complice, ese que otorga. Samcam, un exoficial sandinista que evolucionó hacia una postura crítica contra el binomio copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, había documentado en plataformas digitales y declaraciones públicas las irregularidades en las fuerzas armadas nicaragüenses, incluyendo corrupción y abusos durante la crisis de 2018. Despojado de su ciudadanía en febrero de 2023 junto a otros 93 opositores, se refugió en Costa Rica, donde continuó sus análisis. Su ejecución —ocho disparos efectuados por un individuo disfrazado de mensajero— no solo eliminó a un voz disonante, sino que intensificó el temor entre los aproximadamente 300,000 nicaragüenses exiliados en territorio tico, muchos de ellos bajo estatus de refugiados precarios.
Las indagaciones iniciales de la Organización de Investigación Judicial (OIJ) identificaron el arma como una pistola calibre 9mm, con casquillos recuperados en la escena, pero sin robos ni motivos económicos evidentes, lo que inclinó la balanza hacia un móvil político. Testimonios de vecinos y grabaciones de cámaras de seguridad capturaron al perpetrador huyendo en motocicleta, un modus operandi que evoca tácticas de sicariato profesional. A partir de julio, informes de medios independientes como Confidencial y Nicaragua Investiga comenzaron a filtrar datos de fuentes anónimas dentro de las estructuras de seguridad, sugiriendo que la orden emanó de la cúpula militar nicaragüense, posiblemente para neutralizar las denuncias de Samcam sobre infiltraciones en Costa Rica. Una investigación periodística de Infobae, basada en análisis de comunicaciones y testimonios de exiliados, responsabilizó explícitamente al Ejército de Nicaragua por el atentado. Articulo 66 complementó esta narrativa al detallar que las pesquisas preliminares apuntan a una planificación desde Managua, con posibles enlaces a redes de inteligencia que operan en el exterior. Estas revelaciones coinciden con alertas previas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), que en un informe reciente confirmó la expansión de la represión orteguista más allá de las fronteras, incluyendo vigilancia, amenazas y ejecuciones selectivas. El documento estadounidense destaca cómo estas tácticas buscan desestabilizar a opositores en países vecinos, erosionando incluso la soberanía local.
Este patrón no es novedoso. Desde 2018, se han registrado al menos ocho incidentes similares contra nicaragüenses en Costa Rica y Honduras: el homicidio de Jaime Luis Ortega Chavarría en octubre de 2024, el de Rodolfo Rojas en junio de 2022, y un atentado fallido contra Joao Maldonado y su pareja en enero de 2023, donde Maldonado recibió múltiples impactos pero sobrevivió. Organizaciones como Race and Equality y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más han calificado estos actos como "represión transnacional", respaldados por evidencia de vigilancia y acoso. Samcam, en publicaciones de 2019, había advertido sobre "grupos operativos" nicaragüenses en suelo costarricense, denuncias que, según su familia, fueron desatendidas por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), causando tensión en las instituciones costarricenses. El director de la DIS, Jorge Torres Carrillo, compareció ante la Comisión Legislativa de Derechos Humanos el jueves 21 de agosto de 2025, negando rotundamente la existencia de células orteguistas y admitiendo la ausencia de protocolos específicos para salvaguardar a refugiados. Esta postura choca con declaraciones previas del fiscal adjunto Mauricio Boraschi, quien en julio confirmó en CNN que Samcam había reportado amenazas en 2019. Diputados opositores de la Asamblea Legislativa han cuestionado esta "incapacidad" y presionado por mayor transparencia, mientras la OIJ analiza evidencias balísticas y digitales sin anunciar capturas o acusaciones todavía.
Desde la perspectiva de la defensa, la socióloga Claudia Vargas, viuda de Samcam, ha intensificado su campaña por justicia. En varias entrevistas ha reclamado avances concretos en la investigación, argumentando que el crimen fue motivado por las críticas de su esposo al régimen. Representada por el abogado Federico Campos, la familia sostiene que hay "indicios sólidos" de una orden desde la alta jerarquía militar nicaragüense. Campos, en declaraciones a medios costarricenses, enfatizó que el asesinato configura un delito de lesa humanidad, urgiendo intervención internacional. Grupos como el Colectivo 46/2 y Peace Brigades International han emitido comunicados conjuntos, demandando protección para exiliados y catalogando el caso como parte de una estrategia sistemática de intimidación. La arena internacional amplifica estas voces. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el homicidio el martes 24 de junio, advirtiendo sobre un posible rol de la administración nicaragüense y urgiendo investigaciones imparciales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo enmarcó en un contexto de "patrón de represión" que afecta la región. En julio, expertos de la ONU reiteraron preocupaciones sobre esta dinámica, mientras la escritora Gioconda Belli, en una columna en The New York Times del lunes 04 de agosto, alertó que Daniel Ortega supera en tiranía a Anastasio Somoza, citando el caso de Samcam como prueba de la extensión de su control. Por otro lado, el Congreso de Estados Unidos, a través de figuras como María Elvira Salazar, ha ofrecido asistencia técnica a Costa Rica, y entidades como el CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) instan a la comunidad global a actuar para resguardar a opositores en el exilio.
Pese a esta presión, las administraciones estatales mantienen un mutismo estratégico. El presidente costarricense Rodrigo Chaves ha evitado referencias directas, delegando en instancias judiciales, lo que ha suscitado críticas de exmandatarios como Laura Chinchilla, quien en junio lo acusó de indolencia ante la "impunidad chocante". El Ministerio de Relaciones Exteriores tico, consultado el martes 19 de agosto, declinó competencia, remitiendo al ámbito interno. En Nicaragua, la monarquía del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —en el Ejecutivo desde 2007— no ha emitido posicionamientos oficiales, aunque propaganda afín lo reduce a un "incidente común" enlazado supuestamente al narcotráfico. Este silencio bilateral, interpretado por analistas como un esfuerzo por preservar lazos diplomáticos frágiles, contrasta con el creciente escrutinio que pone en jaque la imagen de Costa Rica como santuario democrático y expone las brechas en su aparato de seguridad. El caso de Samcam trasciende entonces lo individual, iluminando vulnerabilidades sistémicas, más profundas y peligrosas cada día, que ensombrecen la vida de las y los desplazados nicaragüenses en Costa Rica, Honduras y otras esquinas del mundo. Sin detenciones ni resoluciones a la vista, la "sombra" se expande, recordando que la persecución autoritaria no respeta fronteras y demanda una respuesta coordinada para preservar vidas y principios democráticos.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.
Comentarios