Los cercos de seguridad de Bukele: cuatro años de una estrategia que redefinió el control territorial en El Salvador
- 30 mar
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Actualizado: 9 abr
Diversos estudios de opinión reflejan un alto nivel de respaldo ciudadano al régimen de excepción. Encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP-UCA) registraron niveles de aprobación cercanos al 99 % en 2024, mientras que mediciones más recientes mantienen evaluaciones positivas y apoyo mayoritario a su continuidad. Sin embargo, la política también ha sido objeto de críticas. Sectores de oposición y organizaciones de derechos humanos han señalado detenciones arbitrarias y riesgos asociados a la suspensión de garantías constitucionales. El régimen ha sido prorrogado en 49 ocasiones, lo que evidencia su carácter prolongado y su centralidad en la política de seguridad del país.
Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio
San Salvador, El Salvador
Desde octubre de 2022, la administración del mandatario derechista Nayib Bukele convirtió los llamados cercos de seguridad en una de las piezas más visibles de su ofensiva contra las pandillas. Presentados como parte de la quinta fase del "Plan Control Territorial", denominada "extracción", estos operativos fueron diseñados para sacar a los pandilleros de las comunidades, impedir su desplazamiento y desarticular sus estructuras en puntos específicos del país donde aún conservaban presencia o intentaban reacomodarse.
Entre 2022 y 2025, el Ejecutivo desplegó miles de soldados y policías en diez cercos de seguridad. La secuencia de intervenciones no solo acompañó los cuatro años de vigencia del régimen de excepción, sino que terminó por consolidar una lógica de intervención territorial basada en bloqueos, patrullajes intensivos, capturas masivas y recuperación de espacios que, durante años, habían permanecido bajo influencia criminal.
La primera operación de este tipo se ejecutó el 2 de octubre de 2022 en Comasagua, en el municipio de La Libertad Sur. El Estado destinó 2,000 efectivos militares con el objetivo de evitar que los pandilleros que todavía permanecían en el distrito escaparan del cerco. La orden fue dada por Bukele a las 2:53 de la madrugada de ese domingo, después de que las autoridades vincularan a la clica Witmer Locos Salvatruchos con el asesinato de Marco Pérez, de 36 años, ocurrido un día antes.
Los resultados llegaron rápidamente. En menos de 24 horas de operaciones, las fuerzas de seguridad reportaron 20 capturas. Dos días después, el Gabinete de Seguridad informó que el número de detenidos superaba los 50, incluidos cabecillas señalados de ordenar distintos crímenes. El balance final del cerco en Comasagua cerró con 155 pandilleros arrestados, cifra que el Gobierno usó después como punto de partida para ampliar la estrategia a otros territorios.
El segundo cerco se instaló el 04 de diciembre de 2022 en Soyapango, en el municipio de San Salvador Este, según verificación de COYUNTURA. Allí, la magnitud del despliegue fue mucho mayor: 8,500 soldados y 1,500 agentes policiales, para un total de 10,000 efectivos movilizados en más de 40 posiciones estratégicas dentro del distrito. Cuatro meses más tarde, el 5 de abril de 2023, las autoridades reportaron la captura de 1,300 pandilleros.
La operación en Soyapango marcó un salto en escala y en simbolismo: se trataba de una de las ciudades más golpeadas por la violencia urbana y una de las zonas donde el Estado buscó proyectar la idea de que podía retomar el control absoluto del territorio.
La ofensiva continuó el 24 de diciembre de 2022, en vísperas de Navidad, cuando el Gobierno de Bukele intervino Tutunichapa y La Granjita, dos comunidades de San Salvador identificadas históricamente por la venta de droga. En total, fueron desplegados 2,000 militares y más de 200 policías. En Tutunichapa participaron 1,000 soldados y 130 agentes de la Policía Nacional Civil; en La Granjita, otros 1,000 soldados y 100 policías acordonaron y patrullaron el área.
La intervención en esas comunidades dio resultados inmediatos. En las primeras horas del cerco, las autoridades ubicaron a 23 personas presuntamente dedicadas al narcomenudeo y vinculadas con pandillas. Seis días después, al 30 de diciembre, ya se reportaban 114 detenidos en Tutunichapa y 24 en La Granjita. Además, en ambas zonas se decomisaron siete kilos de droga —cocaína, marihuana y crack—, así como vehículos, motocicletas y básculas. Para el 09 de enero de 2023, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, informó que las capturas acumuladas en ambos cercos ascendían a 295 personas.
"En los cercos de seguridad de la Tutunichapa y La Granjita son aproximadamente 295 extracciones, este es el reflejo de este trabajo coordinado que tenemos con la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil (PNC)", dijo Villatoro entonces.
En mayo de 2023, el Gobierno trasladó la lógica del cerco a Nueva Concepción, en Chalatenango, donde un agente policial había sido asesinado. El 17 de mayo, 5,000 militares y 500 policías fueron desplegados en el distrito con la misión de ubicar a los responsables del homicidio de Máximo Antonio Vásquez, ocurrido el 16 de mayo.
Diez días después, el 27 de mayo, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, aseguró que ya se contabilizaban 50 detenciones, todas vinculadas —según la versión oficial— a la clica Fulton Locos Salvatruchos de la MS-18. En conferencia de prensa, el Gabinete de Seguridad presentó a tres supuestos pandilleros relacionados con el crimen del agente.
El quinto cerco llegó el 01 de agosto de 2023 a Cabañas. Allí fueron desplegados 7,000 soldados y 1,000 agentes de la Policía, luego de que el 30 de julio dos agentes resultaran lesionados en una emboscada en el cantón Maquilishuat, en Ilobasco. El mandatario explicó que Cabañas se había convertido en un refugio para células criminales que buscaban esconderse en zonas rurales. "En las últimas semanas y producto de nuestra guerra contra pandillas, Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse", afirmó Bukele entonces. En las primeras 24 horas del operativo fueron capturados cuatro pandilleros.
El 10 de octubre de 2023, el Gobierno activó un nuevo cerco en Popotlán 1 y 2, Valle Verde, en Apopa, y La Campanera, en Soyapango. La operación incluyó a 3,500 soldados y 500 policías, para un total de 4,000 elementos de seguridad pública. El ministro de Defensa explicó que el despliegue en Popotlán y Valle Verde respondía a denuncias de la población sobre intentos de reorganización de las pandillas. En La Campanera, en cambio, el cerco fue instalado después del hallazgo del cuerpo de una niña reportada como desaparecida el 09 de octubre; las autoridades aclararon que ese hecho no estaba relacionado con pandillas, aunque ocurrió en medio del reforzamiento de la presencia militar y policial en la zona.
La siguiente intervención ocurrió el 24 de marzo de 2024, cuando las autoridades cercaron Potonico, San Miguel de Mercedes, Guarjila y San Isidro Labrador, en la zona sur de Chalatenango. El despliegue fue de 5,000 soldados y 1,000 policías, luego de dos homicidios atribuidos a miembros de la pandilla 18 Sureños. En esa ocasión, Bukele reiteró que la ofensiva no se detendría. "No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas", sostuvo. A una semana de la instalación, Villatoro anunció que ya sumaban "un poco más de 50 detenidos" en el territorio intervenido.
Dos meses más tarde, el 25 de mayo de 2024, el cerco se trasladó a Apopa, donde las colonias Tikal 1, 2 y 3, Valle del Sol y Chintuc quedaron bajo presencia de 2,000 soldados y 1,000 policías. El Gobierno sostuvo que actuó tras denuncias ciudadanas sobre presencia de pandilleros. Luego, el 28 de octubre de 2024, otro operativo se instaló en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, con 2,000 soldados y 500 policías. Las autoridades señalaron que la decisión respondió a información sobre reagrupamiento de pandillas y distribución de droga. En las primeras 24 horas, el ministro de Defensa informó de cuatro capturas. Entre ellas, según dijo, figuraba un "homeboy" y una colaboradora presuntamente dedicada a la extorsión y a la venta de droga, ambos vinculados a la MS-18.
El último de los cercos fue instalado el 20 de junio de 2025 en San Bartolo, distrito de Ilopango, en San Salvador Este. En esa ocasión, 1,500 soldados y 500 policías fueron desplegados en la zona un día después del anuncio presidencial de que supuestos pandilleros intentaban reorganizarse allí. El operativo incorporó también vehículos blindados SandCat, adquiridos por la Fuerza Armada para combatir la criminalidad. Estas unidades, según la información difundida por el Gobierno, cuentan con alto nivel de blindaje y protección, y están preparadas para operar en distintos escenarios y acceder a diversos terrenos.
El Régimen de Excepción como marco político y jurídico
Los cercos de seguridad no pueden entenderse aislados del interminable Régimen de Excepción, decretado el 27 de marzo de 2022 por solicitud del presidente Bukele, luego de un repunte extremo de homicidios entre el 25 y el 27 de marzo de ese año, cuando se registraron 87 asesinatos. La medida reforzó el Plan Control Territorial y alteró el curso de la política de seguridad salvadoreña.
En la narrativa oficial, el régimen se convirtió en la herramienta central para debilitar a las pandillas, capturar a sus miembros y decomisar ilícitos. Para el Gobierno derechista, también produjo una transformación perceptible en la vida cotidiana: recuperación de zonas antes dominadas por maras, más libertad para circular en territorios considerados de alto riesgo y un aumento de la confianza en policías y soldados.
Bukele lo ha resumido de manera tajante: "pasamos de ser el país más peligroso del mundo a convertirnos en el país más seguro del hemisferio occidental, y eso no fue por casualidad, sino por las decisiones que tomamos para combatir la criminalidad".
Merino Monroy, por su parte, ha defendido el régimen como la herramienta legal más eficiente del Estado salvadoreño frente a la inseguridad. "Veníamos de un Estado en el cual pandilleros tenían el control y se lucían en las calles y marcaban sus barrios, cuando comenzamos con el régimen de excepción fue relativamente fácil decir en cualquier lado se iban a encontrar pandilleros", afirmó.
La medida constitucional ha sido prorrogada 49 veces, y la última extensión abarcará del 01 al 30 de abril de 2026, según el dato proporcionado a esta Redacción por miembros del Legislativo. Su vigencia prolongada ha sido uno de los rasgos más discutidos del modelo de seguridad salvadoreño, precisamente porque pasó de ser una respuesta extraordinaria a convertirse en una estructura permanente de intervención estatal.
Las cifras del combate a las pandillas
El balance más reciente de Seguridad reporta 91,628 pandilleros y colaboradores capturados desde el 27 de marzo de 2022 hasta la fecha, en el marco del régimen de excepción. Junto a esas detenciones, las autoridades aseguran haber decomisado 5,319 armas de fuego de distintos tipos, entre ellas pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, escopetas, carabinas y granadas. También reportan la incautación de 11,994 vehículos, entre automóviles, motocicletas, microbuses, mototaxis y otros medios de transporte.
A ello se suman 24,510 celulares decomisados, considerados por las autoridades como piezas clave para reconstruir el funcionamiento interno de las estructuras delictivas, y más de 1,533 millones de dólares en drogas incautadas.
Las estadísticas de homicidios también han sido presentadas por la administración bukelista como prueba del impacto del período extracurricular. En junio de 2019, el país cerró con 217 asesinatos, 68 menos que el mes anterior. Al finalizar ese año, el promedio había bajado a cinco homicidios diarios, para un total de 2,398 crímenes. La caída más pronunciada, sin embargo, ocurrió en 2022, cuando El Salvador cerró con 496 homicidios frente a los 1,147 registrados en 2021. Después de eso, la tendencia siguió a la baja: 154 homicidios en 2023, 114 en 2024 y 82 en 2025, la cifra más baja de la historia reciente, según los datos incluidos.
El Gobierno sostiene que la estrategia también permitió recuperar territorios donde las pandillas ejercían dominio abierto. Los patrullajes marítimos, aéreos y terrestres se intensificaron, y con ello —afirman las autoridades— se redujo el margen de operación de las maras. Una de las prácticas más antiguas de esas estructuras, la apropiación de viviendas mediante amenazas o asesinatos para convertirlas en "casas destroyers", también empezó a ser revertida. En La Campanera, en Soyapango, por ejemplo, se reporta que al menos 900 viviendas de las 2,343 existentes en el lugar habían sido usurpadas por pandillas, pero luego fueron recuperadas por el Gobierno y devueltas a sus propietarios.
Respaldo social y disputa política
Pese a los cuestionamientos de la oposición, que ha denunciado detenciones arbitrarias y abusos en el marco del régimen, la medida ha mantenido altos niveles de respaldo en la opinión pública, según los estudios citados. El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP-UCA) reportó un apoyo de 99 % en una encuesta realizada en junio de 2024. Otros estudios también reflejaron respaldo significativo: 83.7 % de aceptación en un sondeo de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) tras tres meses de aplicación, y 89.9 % de acuerdo o muy de acuerdo a finales de 2022.
A los 30 días de ejecución, el régimen recibió una nota de 7.99 en una encuesta del IUDOP. Para 2025, esa calificación fue de 7.78, y el 60 % de los entrevistados dijo que la medida debía prorrogarse por más tiempo.
La más reciente encuesta de LPG Datos reveló que la aprobación de Bukele cerró 2025 en 91.9 %, por encima del 85.2 % registrado a mediados de ese mismo año. Ese respaldo ayuda a explicar por qué el régimen de excepción ha conservado un lugar central en la narrativa estatal, aun cuando se trate de una medida extraordinaria que, por su duración, ya forma parte de la normalidad institucional del país centroamericano.
El efecto regional: el "modelo Bukele" como referencia
La influencia del esquema salvadoreño ya se proyecta más allá de sus fronteras. La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que aplicará el denominado "modelo Bukele" para restablecer la seguridad en su país. En una entrevista con DW Español, dijo admirar la manera en que El Salvador logró desarticular bandas criminales mediante una cárcel de máxima seguridad y un sistema de administración penitenciaria que corta la comunicación entre los reclusos y las redes del exterior.
"Sí, señor, lo voy a replicar", respondió Fernández cuando se le preguntó si implementaría estrategias similares a las de Nayib.
También cuestionó a organizaciones internacionales de derechos humanos por concentrarse, a su juicio, en los derechos de los detenidos y no en los de las víctimas. Su referencia al modelo salvadoreño ocurre, además, en un contexto en el que el presidente costarricense Rodrigo Chaves y Bukele colocaron en enero pasado la primera piedra del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
La mención de Costa Rica no es un dato menor: muestra que la política de seguridad salvadoreña ha dejado de ser un experimento interno para convertirse en un referente regional, admirado por unos y duramente criticado por otros.
Cuatro años después de la aprobación del Régimen de Excepción, El Salvador es presentado por Nayib Bukele y su gente como un país "transformado". El discurso oficial insiste en la recuperación de territorios, la reducción drástica de homicidios, el debilitamiento de las pandillas y la confianza ciudadana en las fuerzas del orden. Los cercos de seguridad, en ese entramado, funcionaron como una herramienta táctica para intervenir puntos concretos, reforzar el control estatal y proyectar la imagen de un Estado que no retrocede.
Pero más allá de la retórica, los datos recogidos muestran la magnitud de una estrategia que pasó de Comasagua a San Bartolo, de Chalatenango a Soyapango, de operativos relámpago a despliegues masivos. En cada etapa, el mensaje fue el mismo: ocupar, cercar, extraer, capturar. Y con ello, modificar no solo el mapa de la criminalidad, sino también la manera en que el país entiende la seguridad, la autoridad y el poder.
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