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Millonarias adquisiciones desatan denuncia y acusaciones contra el Ministerio de Salud de Guatemala

Empresas recibieron aproximadamente Q30 millones de quetzales por servicios de desinfección y esterilización en hospitales nacionales, sin licencias sanitarias y con vínculos cuestionables. Este escándalo durante la pandemia exige transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos. Denuncia penal busca esclarecer y sancionar posibles actos de fraude.


Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Ciudad de Guatemala, Guatemala
Instalaciones en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Fotografía de Diario de Centro América
Instalaciones en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Fotografía de Diario de Centro América

Desde el año 2020 hasta la fecha, un escandaloso caso de gasto público ha salido a la luz en Guatemala, dejando al descubierto presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Las empresas Pacto Ambiental S.A. y Ecovapor recibieron pagos por aproximadamente Q30 millones de quetzales de las arcas públicas por servicios de desinfección y esterilización de áreas de cuidados intensivos en varios hospitales nacionales. Sin embargo, según la diputada Evelyn Morataya, las contrataciones son ilegales debido a supuestos vínculos entre las compañías y la falta de registro sanitario.


Este escándalo ha desencadenado una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) contra el ministro de Salud, Francisco Coma, y otros altos funcionarios, así como contra los directivos de las empresas involucradas.


El caso que sigue sacudiendo al sistema de salud guatemalteco comenzó con la revelación de que el Ministerio de Salud había destinado una cifra cercana a los Q30 millones de quetzales para contratar los servicios de las empresas Pacto Ambiental S.A. y Ecovapor. Estas compañías se encargaban de la desinfección y esterilización de áreas críticas en hospitales nacionales. La magnitud del gasto no pasó desapercibida, especialmente en un contexto en el que el Ministerio de Salud argumenta la falta de recursos para atender las necesidades de las y los pacientes y las solicitudes de ayuda provenientes del Congreso de la República.


El hospital que más dinero destinó a estas empresas fue el San Juan de Dios, con un asombroso total de Q13 millones 445 mil quetzales. Para abordar este asunto, la legisladora Morataya llevó a cabo una fiscalización en dicho hospital el 17 de julio pasado. Esta iniciativa buscaba arrojar luz sobre las operaciones de las máquinas de vapor arrendadas a las empresas en cuestión, ya que se trata de un servicio costoso. Sin embargo, la parlamentaria se encontró con obstáculos, ya que representantes de una de las dos compañías impidieron que se completara la fiscalización.


Las denuncias presentadas por la diputada Morataya y la organización Acción Ciudadana no solo se basan en el cuestionamiento de los cuantiosos pagos efectuados a estas empresas, sino también en una serie de irregularidades que plantean serias dudas sobre la legalidad de las contrataciones.


Uno de los aspectos centrales de estas acusaciones es la falta de licencia sanitaria por parte de Pacto Ambiental S.A. y Ecovapor. Según Morataya, estas empresas operaron sin la debida autorización del Ministerio de Salud para llevar a cabo tareas de desinfección y esterilización en entornos hospitalarios. Esta omisión pone en riesgo la integridad de pacientes y personal médico, dado que la efectividad de los procesos de limpieza y desinfección es fundamental para prevenir infecciones y mantener la seguridad en los hospitales.


Además de la carencia de licencia sanitaria, se plantea la preocupante relación entre las dos empresas. La diputada argumenta que ambas compañías tienen vínculos familiares y comparten representación legal, lo que levanta interrogantes sobre posibles prácticas irregulares y conflictos de interés en las contrataciones gubernamentales.


El escándalo adquiere una dimensión aún más crítica debido al contexto de la pandemia de coronavirus que afectó recientemente al mundo, desde principios de 2020. Según Edie Cux, director de Acción Ciudadana, las empresas fueron contratadas directamente durante la emergencia sanitaria, una práctica que calificó como "llorar sangre". Esta estrategia, según Cux, podría considerarse como un acto continuado de fraude, dado que se habrían evitado los controles habituales al fraccionar los contratos. Este proceso podría incluir la agravante de aprovechamiento de calamidad, agravando aún más la situación legal de los involucrados.


El escándalo ha generado un profundo cuestionamiento a la gestión de los recursos públicos en el Ministerio de Salud de Guatemala. La denuncia presentada por la diputada Morataya y Acción Ciudadana se sustenta en informes de diversas unidades del Ministerio de Salud, así como del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Ambiente. Estos documentos aportan evidencia "sólida" para respaldar las acusaciones de ilegalidad en las contrataciones y la falta de licencias sanitarias.


La falta de respuesta del Ministerio de Salud hasta el momento ha aumentado la incertidumbre sobre el futuro del caso. Sin embargo, tanto la diputada Morataya como la organización Acción Ciudadana esperan que la denuncia avance en el MP, ya que consideran que existen fundamentos sólidos para que se investigue a fondo y se sancione a las y los responsables de estas presuntas irregularidades.


El escándalo en torno a los millonarios pagos efectuados por el Ministerio de Salud a las empresas Pacto Ambiental S.A. y Ecovapor no solo plantea serias dudas sobre la legalidad de las contrataciones, sino que también expone la necesidad urgente de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos en Guatemala. La falta de licencia sanitaria, los vínculos entre las empresas y la contratación directa durante la pandemia de Covid-19 son aspectos que requieren una exhaustiva investigación para determinar si se cometieron actos de fraude y otras irregularidades.


Este escándalo pone de manifiesto la importancia de garantizar que los recursos destinados a la salud de la población se utilicen de manera adecuada y se prioricen en la atención de las necesidades reales de los pacientes. La denuncia penal presentada por la diputada Morataya y Acción Ciudadana es un paso crucial en la búsqueda de justicia y la protección de los intereses públicos en Guatemala. El país ahora espera que las autoridades competentes actúen con diligencia y transparencia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, si se determina que han cometido delitos en perjuicio de la sociedad guatemalteca.


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