El Ministerio Público indaga el contrato y funcionamiento del sistema utilizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras una denuncia presentada por la ciudadana Karen Fisher. Paralelamente, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicita la identidad de digitadores, tras confirmar una orden de captura contra una alta funcionaria del TSE. Estas acciones han desatado más preocupación en torno a la transparencia y la judicialización del sistema electoral del país centroamericano por parte del Gobierno actual.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) utilizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para divulgar tendencias en los resultados electorales se encuentra bajo escrutinio. Una investigación realizada por el Ministerio Público (MP) ha desencadenado una serie de solicitudes y allanamientos que plantean interrogantes sobre la integridad del proceso electoral, pero sobre todo acerca de la judicialización y persecución contra el órgano electoral del país centroamericano.
La investigación en curso, liderada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por Karen Fisher, miembro de la organización Guatemala Inmortal, que acudió al MP cuatro días después de las votaciones de primera vuelta el pasado domingo 25 de junio. El foco de la indagación se centra en el contrato y funcionamiento del sistema informático que opera bajo las empresas Datasys y Podernet, utilizadas en las Elecciones Generales de este 2023.
Cabe resaltar que Fischer, abogada de profesión, presentó el martes 14 de marzo de 2023 una querella contra los tres magistrados del TSE, ante la inscripción de Manuel Baldizón a diputado, por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y por resoluciones violatorias a la Constitución.
El MP ha solicitado al TSE cuatro aspectos clave del contrato con Datasys: un informe detallado sobre posibles problemas y soluciones relacionados con conectividad, energía eléctrica, daños en el equipamiento y otras contingencias imprevistas; también buscan conocer la función de Podernet, quién la contrató y bajo qué condiciones; así como la identidad de las y los operadores de los programas informáticos utilizados.
El acceso al código fuente y las instrucciones recibidas para el software también son objeto de investigación. Estas solicitudes son consideradas de "suma importancia" para el desarrollo de la investigación, según el oficio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, y se espera que sean entregadas a la brevedad -en las horas próximas al cierre de este texto- con copia certificada.
No obstante, las indagaciones no se limitan al TREP, ya que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) también ha solicitado al TSE la identidad de las y los digitadores que participaron en el proceso electoral. Este requerimiento generó desde un inicio preocupación en las autoridades electorales, quienes analizarán la solicitud en una próxima sesión.
Durante las últimas semanas, la FECI lideró dos allanamientos contra la sede del Registro de Ciudadanos del TSE, en el marco de una investigación relacionada con supuestas irregularidades en la recolección de firmas ciudadanas para la formación del partido político Movimiento Semilla. Además, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) también lideraron una tercera invasión, en este caso a las oficinas de la entidad partidaria que lleva como presidenciable al socialdemócrata Bernardo Arévalo.
En medio de esta situación, el MP confirmó una orden de captura contra Eleonora Noemí Castillo Pinzón, subdirectora del Registro de Ciudadanos del TSE, en ausencia de José Ramiro Muñoz Jordán, quien se encuentra de vacaciones. La razón detrás de la orden de aprehensión es la presunta obstrucción de justicia por parte de Castillo Pinzón, quien se encuentra al frente del Registro de Ciudadanos de manera interina y, por lo tanto, está protegida temporalmente por el antejuicio.
Esta herramienta es un privilegio que otorga cierta protección a algunas autoridades contra detenciones arbitrarias mientras se investigan posibles delitos. A pesar de que no se ha revelado públicamente la razón exacta de la orden de captura ni los detalles de la investigación en curso, la implicación de una alta funcionaria del TSE genera inquietud sobre las repercusiones del caso en el proceso de la segunda vuelta por la Presidencia, programada para el próximo domingo 20 de agosto.
El TSE es un órgano fundamental en el proceso democrático, responsable de garantizar la legitimidad de las elecciones y la libre participación de las y los ciudadanos guatemaltecos en la elección de sus representantes. Cualquier situación que involucre a funcionarios de esta institución puede afectar la confianza en el sistema electoral y sus decisiones, aunque, por lo contrario, la persecución en contra del TSE y de Movimiento Semilla solo ha generado el descontento con el sistema de justicia, el cual está siendo utilizado por el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei para judicializar hasta las últimas instancias el proceso electoral que busca renovar al Ejecutivo.
La investigación en curso y los allanamientos realizados por la FECI han sido objeto de controversia y críticas, destacando la necesidad de que el trabajo de la Fiscalía se debe realizar con total transparencia y respeto a los derechos fundamentales de las personas investigadas. No obstante, el Ministerio Público ha mostrado un interés particular en el partido político Semilla y busca encauzar el caso lo antes posible.
La ciudadanía tiene el derecho de estar informada sobre estos acontecimientos que impactan en la institucionalidad y la confianza en el sistema judicial y electoral del país, pero la información otorgada por las instituciones del Gobierno es limitada hasta ahora. Es crucial que las autoridades oficiales realicen una investigación exhaustiva y objetiva, asegurando la transparencia y la imparcialidad en el proceso, y el cumplimiento de las leyes guatemaltecas, incluida la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
La situación continúa desarrollándose, mientras la ciudadanía exige en las calles que las autoridades actúen con responsabilidad para esclarecer los hechos y salvaguardar la democracia y la integridad electoral en Guatemala. La confianza en el proceso electoral y en la justicia es esencial para garantizar un futuro democrático y estable para el país centroamericano.
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