Nicaragua ante nuevo dilema comercial: el costo de Irán frente a la dependencia de los Estados Unidos
- 20 ene
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Las cifras son elocuentes. Estados Unidos compra a Nicaragua alrededor de 5,700 millones de dólares anuales, lo que lo convierte, con amplia diferencia, en su principal socio comercial. Ningún otro país —ni China, ni Rusia, ni Irán— se acerca siquiera a ese volumen de intercambio. Frente a esa realidad, los acuerdos firmados con Teherán aparecen como una apuesta de alto costo político y bajo rendimiento económico. Desde 2023, año en que el entonces dictador iraní Ebrahim Raisí visitó Managua, ambos regímenes anunciaron una batería de convenios de cooperación económica, comercial, judicial y científico-técnica, presentados por la propaganda oficial como el inicio de una relación estratégica de "largo alcance".
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel adicional del 25 % a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con la República Islámica de Irán ha colocado a Nicaragua en una encrucijada económica y política de alto riesgo.
La medida, de aplicación inmediata y calificada por la propia Casa Blanca como "definitiva y concluyente", amenaza con agravar de forma sustancial la ya frágil relación comercial entre Managua y Washington, principal socio económico del país centroamericano.
Trump fue explícito en su mensaje, difundido en su red Truth Social y replicado por la embajada estadounidense en Managua: toda nación que comercie con Irán deberá pagar un arancel del 25 % sobre cada transacción realizada con Estados Unidos. Para Nicaragua, esta advertencia no llega en un vacío.
Desde agosto de 2025, el país ya enfrenta un arancel del 18 % sobre sus exportaciones al mercado estadounidense, la cifra más alta de toda Centroamérica, como resultado de una política de tarifas recíprocas impulsada por la actual administración norteamericana. La suma de ambos gravámenes elevaría el costo de ingreso de los productos nicaragüenses hasta un 43 %, un nivel que analistas califican como "asfixiante" para cualquier economía exportadora.
La situación adquiere especial gravedad si se considera que el resto de países de la región compite en condiciones mucho más favorables, con un arancel base cercano al 10 %. Esa diferencia colocaría a Nicaragua en una clara desventaja frente a vecinos como Honduras, El Salvador o Guatemala, capaces de ofrecer productos similares a precios considerablemente más competitivos en el mercado estadounidense.
Dependencia estructural del mercado estadounidense
Estados Unidos absorbe anualmente alrededor de 5,700 millones de dólares en exportaciones nicaragüenses. Café, carne bovina, azúcar, oro y textiles encabezan la lista de productos que sostienen miles de empleos y buena parte del ingreso de divisas del país. La imposición de un arancel del 43 % tendría efectos inmediatos: pérdida de contratos, caída de volúmenes exportados y presión directa sobre sectores productivos que dependen casi por completo del acceso preferencial al mercado norteamericano.
Este escenario contrasta con la limitada diversificación comercial que ha logrado el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, pese a sus reiterados intentos de presentarse como una administración capaz de romper la dependencia histórica con Washington. China, Rusia e Irán han sido promovidos como "grandes amigos", pero los resultados concretos de esa apuesta han sido, en el mejor de los casos, marginales.
En 2023, durante la visita a Managua del entonces dictador iraní Ebrahim Raisí, Nicaragua firmó y ratificó varios acuerdos de cooperación con Teherán. Entre ellos destacan un convenio de intercambio comercial, la creación de una Comisión Mixta Intergubernamental para cooperación económica, comercial y científico-técnica, un acuerdo de cooperación judicial y memorandos de entendimiento en materia de salud y farmacéutica.
Incluso se llegó a hablar públicamente de un eventual Tratado de Libre Comercio y de convertir a Nicaragua en una plataforma de inversiones iraníes en Centroamérica, una idea promovida por Laureano Ortega Murillo, hijo y asesor de la pareja monarquica.
Sin embargo, más allá del discurso político y del respaldo ideológico mutuo, las cifras oficiales muestran que la relación comercial entre ambos países es prácticamente inexistente. En 2022 y 2023, el principal —y casi único— producto exportado por Nicaragua a Irán fue café, con montos que oscilaron entre los 111,000 y los 129,500 dólares, cifras insignificantes frente a los más de 600 millones de dólares que el país obtiene globalmente por la venta de ese grano.
Otros productos anunciados, como carne bovina o mariscos, no han logrado ingresar al mercado iraní, en buena medida por la ausencia de estrategias logísticas y comerciales viables.
Del lado de las importaciones, Irán tampoco figura como proveedor relevante. Ni el Banco Central de Nicaragua (BCN) ni el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio registran a Teherán entre los principales países exportadores hacia el mercado nicaragüense, pese a los acuerdos firmados en el ámbito médico y farmacéutico.
Promesas incumplidas y cooperación mínima
La cooperación financiera iraní en Nicaragua ha sido escasa y concentrada en el pasado. Las únicas referencias oficiales datan de 2009 y 2010, cuando Irán realizó donaciones por un total de 1.2 millones de dólares, destinadas a la construcción de una policlínica a través de la Media Luna Roja Iraní. Desde entonces, no existen registros de inversiones significativas ni de proyectos de envergadura financiados con capital iraní.
A lo largo de los años, Teherán ha prometido inversiones en represas hidroeléctricas, viviendas populares, plantas procesadoras de leche, puertos e incluso una supuesta inversión de 230 millones de dólares para una central hidroeléctrica anunciada en 2023.
Ninguno de esos proyectos se ha materializado. Declaraciones posteriores de funcionarios y diplomáticos nicaragüenses sobre supuestos avances en farmacéutica, transferencia tecnológica agrícola o turismo no han encontrado respaldo en datos verificables ni en estadísticas oficiales.
El anuncio de Trump se produce, además, en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre Nicaragua por violaciones a los derechos humanos. El país enfrenta un proceso bajo la regulación 301 de Estados Unidos, que prevé la aplicación gradual de nuevos aranceles a productos fuera del marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta). Según la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), estos gravámenes comenzarían en 0 % en enero de 2026 y escalarían hasta 15 % en 2028, acumulándose con otros aranceles ya vigentes, como el recíproco del 18 %.
Para analistas como el economista Enrique Sáenz, la nueva amenaza arancelaria coloca al régimen Ortega-Murillo "con la soga al cuello". A su juicio, los acuerdos con Irán han sido, en términos económicos, "papel mojado", y la dictadura nicaragüense no tendría reparos en anularlos o dejarlos sin efecto si representan un riesgo para la estabilidad financiera y política del país. Sáenz interpreta recientes gestos del régimen, como la excarcelación de presos políticos, como señales de un intento por reducir tensiones con Washington y ganar margen de maniobra frente a una administración estadounidense impredecible y fuerte.
Otros economistas, como Juan Sebastián Chamorro, advierten que el riesgo de sanción existe mientras haya cualquier nivel de intercambio comercial con Irán, independientemente de su monto. La publicación del mensaje de Trump por parte de la embajada estadounidense en Managua refuerza la idea de que Washington observa con atención cada movimiento del régimen nicaragüense.
Un dilema sin beneficios aparentes
El trasfondo del anuncio estadounidense es, según Trump, castigar al régimen iraní por su represión contra la sociedad civil y respaldar las demandas de cambio político en ese país. En ese tablero, Nicaragua aparece como una ficha menor, pero vulnerable, atrapada entre una alianza ideológica sin réditos económicos tangibles y una dependencia estructural de un mercado que no ha podido reemplazar.
En términos estrictamente comerciales, la balanza es clara: Irán no representa un beneficio real para la economía nicaragüense, mientras que Estados Unidos sigue siendo insustituible como destino de exportaciones, fuente de divisas y sostén indirecto de miles de empleos. La imposición de un arancel del 43 % no solo erosionaría la competitividad del país, sino que podría profundizar la fragilidad social de una economía ya golpeada por años de crisis política y aislamiento internacional.
La decisión que enfrenta el régimen de Ortega y Murillo no es, por tanto, ideológica sino pragmática. Mantener acuerdos que no han pasado del papel implica arriesgar el acceso al principal mercado del país centroamericano. Cancelarlos o congelarlos supondría admitir el fracaso de una estrategia de alianzas alternativas que, hasta ahora, ha ofrecido más promesas que resultados.
En ese dilema, el margen de maniobra se reduce y el costo de equivocarse podría ser asumido, una vez más, por la población nicaragüense.
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