"No se va a llevar a cabo el escrutinio": el audio y el informe que colocan a Roosevelt Hernández —otra vez— en el centro de la polémica electoral de Honduras
- Juan Daniel Treminio
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Ante las denuncias presidenciales de esta semana, el general hondureño declaró públicamente que las Fuerzas Armadas garantizarán la estabilidad del gobierno hasta el 27 de enero de 2026 y que no permitirán rupturas del orden constitucional. "Aquí no va a haber ningún golpe", afirmó, subrayando la lealtad de la institución armada hacia la presidenta Xiomara Castro y el supuesto respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio
Tegucigalpa, Honduras
A menos de 24 horas de abandonar formalmente la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Honduras, el general Roosevelt Aguilar Hernández se encuentra en el centro de una tormenta política, militar, institucional y electoral que combina acusaciones de injerencia en el proceso de votación, presiones internas contra oficiales subordinados, señalamientos de trato intimidatorio y un eventual ascenso estatal como secretario de Defensa.
El escenario se configura en un momento crítico para el país centroamericano: más de dos semanas después de las elecciones generales del domingo 30 de noviembre, Honduras continúa a la espera de un escrutinio especial clave para definir el resultado presidencial, mientras se multiplican las denuncias sobre intentos de sabotaje, amenazas al material electoral y presiones desde distintos frentes del poder.
Un relevo militar con destino político
De acuerdo con versiones coincidentes entre oficiales de alto rango, tras dejar el mando de las Fuerzas Armadas el próximo miércoles 31 de diciembre de 2025 —fecha en la que cumple 35 años de servicio—, Roosevelt Hernández sería designado por la presidenta Xiomara Castro como nuevo secretario de Defensa, cargo que permanece vacante desde mayo de 2025 tras la renuncia de Rixi Ramona Moncada para competir como candidata presidencial del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Aunque Casa Presidencial no ha confirmado oficialmente la aceptación de la terna militar presentada por Hernández, fuentes consultadas por COYUNTURA señalan que no se prevén cambios sustanciales en la cúpula propuesta y que la presidenta acudiría al acto de traspaso de mando del jueves 18 de diciembre para realizar nombramientos de carácter provisional, dejando la ratificación final al próximo presidente que debe asumir el martes 27 de enero de 2026.
Dentro de la oficialidad, sin embargo, existe un profundo malestar: Hernández asumiría la Secretaría de Defensa aún vistiendo uniforme militar, una situación que varios mandos consideran una vulneración al principio de subordinación castrense al poder civil y un agravio a la institucionalidad armada.
De concretarse su nombramiento, Hernández se convertiría además en el secretario de Defensa con menor tiempo en el cargo, a expensas de la decisión del nuevo gobierno.
Elecciones, Fuerzas Armadas y denuncias de injerencia
El contexto electoral ha sido determinante en el desgaste de la figura del general Hernández. Pese a insistir públicamente en que las Fuerzas Armadas respetan la Constitución y garantizan la alternancia democrática, su actuación ha sido duramente cuestionada por sectores políticos, analistas y por la propia presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.
Uno de los episodios más controvertidos ocurrió cuando Hernández solicitó al CNE, días antes de las elecciones, una copia del acta de la fórmula presidencial, un requerimiento considerado inusual y contrario al carácter "apolítico, obediente y no deliberante" que la ley asigna a la institución militar.
A esto se sumaron sus declaraciones públicas negando cualquier posibilidad de golpe de Estado, incluso después de que la presidenta Xiomara Castro denunciara la existencia de maniobras desestabilizadoras contra su gobierno mientras el escrutinio sigue inconcluso y sin comenzar.
"Garantizamos la permanencia del gobierno hasta el 27 de enero de 2026", afirmó Hernández en televisión nacional, subrayando una lealtad institucional que, para algunos sectores, contrasta con los hechos registrados en el terreno.
El INFOP: epicentro del conflicto
La tensión alcanzó su punto más alto en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde funciona el Centro Logístico Electoral (CLE). El lunes previo, colectivos de LIBRE, junto con simpatizantes liberales, protagonizaron acciones violentas que incluyeron bloqueos, quema de llantas y amenazas directas contra la infraestructura electoral.
La Policía Preventiva y la Policía Militar intervinieron para dispersar a las y los manifestantes y proteger el material electoral, utilizando agua, gases y toletes. La respuesta policial derivó, sin embargo, en represalias internas: por orden presidencial, se instruyó investigar y sancionar a los militares y policías que participaron en el desalojo.
Las Fuerzas Armadas anunciaron posteriormente la remoción de un oficial superior, alegando que el desalojo se realizó sin autorización del escalón superior. Aunque inicialmente no se reveló su identidad, fuentes internas confirmaron que se trata del coronel Israel Alberto Rodríguez Oliva, comandante del batallón canino.
En la lista de oficiales bajo investigación también figuran el coronel Denis Omar Cardona Romero, comandante del 21 Batallón de la Policía Militar; el teniente coronel Geovanny Casco Martínez; y los tenientes Miguel Ángel Juárez y Zúniga, estos últimos con riesgo de ser dados de baja.
El testimonio interno y el informe militar
De acuerdo con un testimonio militar y un supuesto informe interno fechado el lunes 15 de diciembre de 2025, los hechos que detonaron la crisis se originaron cuando un ciudadano identificado como José Miguel, vinculado a la seguridad del actual alcalde capitalino Jorge Aldana, solicitó auxilio a los militares apostados en el INFOP.
El hombre alertó sobre la presencia de barriles con gasolina y una planta eléctrica en una carpa cercana, advirtiendo que los colectivos izquierdistas podían utilizarlos para provocar un incendio y generar un "mártir". Ante la negativa del civil de trasladar el combustible por un acceso alterno, un soldado habría abierto un portón para retirar el material peligroso, acción que permitió neutralizar la amenaza.
Horas después, alrededor de las 11:00 de la noche, Roosevelt Hernández llegó al lugar junto a la Junta de Comandantes y reunió a los oficiales en el puesto de mando. Según los relatos coincidentes, el general recriminó duramente a sus subordinados, cuestionó su comprensión de la misión institucional y reiteró que la prioridad debía ser la custodia de las papeletas electorales.
En ese contexto, habría ordenado relevos inmediatos, amenazas de baja y sanciones "ejemplares", exigiendo un "responsable" por la apertura del portón.
Lenguaje intimidatorio y advertencias internas
El contenido más delicado del informe atribuido a fuentes militares es el uso de lenguaje insultante, amenazas directas y advertencias veladas durante la reunión. Según los testimonios, Hernández habría proferido expresiones denigrantes contra oficiales presentes, anticipado escenarios políticos en los que el escrutinio "no prosperaría" y sugerido que el conflicto electoral terminaría en el Congreso Legislativo con la instalación de un "gobierno provisional".
Asimismo, el documento, al que tuvo acceso este medio, señala que el jefe militar amenazó con identificar y procesar legalmente a cualquier persona que "filtrara lo ocurrido en esa reunión".
En ese mismo contexto, el informe atribuye a Hernández expresiones ofensivas y amenazantes contra el periodista Renato Álvarez, de TN5, a quien habría descalificado verbalmente tras recibir una llamada telefónica. Los oficiales presentes, según el relato, optaron por guardar silencio para evitar represalias.
Un antecedente histórico que pesa
Las declaraciones y actuaciones del general Hernández se producen bajo la sombra del golpe de Estado de 2009, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria y asesor del Ejecutivo y la Fiscalía hondureña. Ese antecedente convierte cualquier señal de intervención militar en el proceso electoral en un asunto de "extrema sensibilidad política y social", dice una abogada constitucionalista consultada bajo anonimato por seguridad.
Mientras tanto, el país aguarda el inicio del escrutinio especial de al menos 2,792 actas con inconsistencias. Con el 99,80 % de las actas ya contabilizadas, los resultados preliminares colocan al nacionalista Nasry Asfura en primer lugar, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y en tercer puesto a Rixi Moncada, de LIBRE; esta última, la única presidenciable que no superó el millón de votos válidos.
Un cierre abierto
El eventual paso de Roosevelt Hernández del mando militar a la Secretaría de Defensa ocurre en un clima de desconfianza institucional, polarización política y fractura interna en las Fuerzas Armadas. Las denuncias de oficiales, la existencia de informes internos y el castigo a quienes actuaron para proteger el material electoral plantean interrogantes de fondo sobre el rol del estamento castrense en una democracia aún marcada por su pasado reciente.
El jueves, con el traspaso de mando, se cerrará formalmente un ciclo. Pero las consecuencias políticas, legales e institucionales de lo ocurrido en el Infop y en el proceso electoral están lejos de resolverse.
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