Nuevas reformas constitucionales en El Salvador. Reelección indefinida y ruptura con el PARLACEN agitan el tablero político
- Jairo Videa
- 31 jul
- 5 Min. de lectura
La reforma de hoy, presentada con dispensa de trámite y aprobada sin deliberación previa, modifica los artículos 80 y 133 de la Constitución, eliminando el estatus de elección popular de los representantes del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su facultad de iniciativa legislativa. El decreto sostiene que las resoluciones del organismo regional "carecen de efectos reales" y que su permanencia implica un gasto innecesario estimado en 1.7 millones de dólares anuales. Además, se argumentó que el foro ha sido utilizado por exfuncionarios acusados de corrupción para obtener inmunidad.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San Salvador, El Salvador
El oficialismo salvadoreño continúa avanzando con fuerza en su agenda de reformas institucionales. Este jueves 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa, bajo control absoluto del partido Nuevas Ideas (NI), fue escenario de dos movimientos legislativos de alto impacto: la presentación de una propuesta de reforma constitucional que abre las puertas a la reelección presidencial indefinida y la aprobación de otra que elimina el reconocimiento de las y los diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), como paso previo a la salida del país de ese organismo regional.
Ambas acciones fueron impulsadas y justificadas por la bancada mayoritaria en nombre de la "eficiencia democrática", aunque han suscitado críticas por los métodos empleados y las consecuencias que podrían tener sobre la institucionalidad del país.
Reelección sin límites y un nuevo diseño electoral
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó una propuesta de reforma constitucional que contempla la modificación de cinco artículos clave (75, 80, 133, 152 y 154) con el objetivo de transformar sustancialmente el régimen político salvadoreño. El cambio más polémico es la eliminación de la prohibición de reelección presidencial continua, actualmente establecida en el artículo 152 de la Constitución.
Figueroa argumentó que el pueblo debe tener el poder exclusivo de decidir sobre la continuidad de sus líderes, homologando las condiciones del cargo presidencial con las de otros funcionarios como alcaldes y diputados, quienes ya gozan de la posibilidad de reelección ilimitada. "Solamente ustedes van a tener el poder de decidir hasta cuándo apoyar el trabajo de cualquier funcionario público, incluyendo al presidente", sostuvo la legisladora.
Otro cambio significativo es la extensión del período presidencial de cinco a seis años, propuesta que, según Figueroa, busca reducir el número de procesos electorales y generar mayor estabilidad política y económica. Como medida complementaria, la iniciativa incluye una disposición transitoria que acorta el actual mandato presidencial, permitiendo que las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales se celebren de manera simultánea en 2027.
La diputada oficialista también planteó eliminar la segunda vuelta electoral, que actualmente se aplica si ningún candidato presidencial obtiene más del 50 % de los votos. La modificación del artículo 80 establecería que gana quien obtenga la mayoría simple, un modelo similar al de países como México, Panamá o Estados Unidos de Norteamérica. Figueroa justificó esta reforma señalando que una segunda vuelta implica un gasto que ronda los 50 millones de dólares, recursos que —afirmó— podrían destinarse a áreas sociales prioritarias como salud, educación o infraestructura.
La propuesta aún debe pasar por el filtro de la próxima legislatura para ser ratificada, conforme lo establece el procedimiento constitucional salvadoreño para reformas de este tipo.
"El Salvador no necesita ser una Nicaragua 2.0", dijo un parlamentario opositor durante la jornada de hoy.
Salida exprés del PARLACEN: una decisión sin debate
Este mismo jueves, la Asamblea Legislativa también aprobó con 57 votos una reforma constitucional que suprime el reconocimiento legal de los diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), lo que abre las puertas a la salida oficial de El Salvador de ese foro regional.
La reforma, presentada con dispensa de trámite y aprobada sin deliberación previa, modifica los artículos 80 y 133 de la Constitución, eliminando el estatus de elección popular de los representantes del PARLACEN y su facultad de iniciativa legislativa.
El decreto sostiene que las resoluciones del organismo regional "carecen de efectos reales" y que su permanencia implica un gasto innecesario estimado en 1.7 millones de dólares anuales. Además, se argumentó que el foro ha sido utilizado por exfuncionarios acusados de corrupción para obtener inmunidad.
Desde la oposición, la diputada Claudia Ortiz, del opositor partido VAMOS, expresó su rechazo al procedimiento empleado. Si bien manifestó estar a favor de revisar el papel del PARLACEN, criticó la aprobación "de un plumazo" sin análisis profundo, calificándolo como una vulneración al Estado de derecho. "En temas clave como la rendición de cuentas no se actúa con esta misma urgencia ni contundencia", dijo.
El Salvador no sería el primer país en intentar abandonar el Parlamento Centroamericano. Panamá, bajo el gobierno de Ricardo Martinelli, impulsó una salida alegando inoperancia del organismo. Sin embargo, la Corte Suprema panameña anuló la medida y en 2013 el país regresó formalmente al foro. El mismo Martinelli, quien había impulsado el retiro, juró como diputado del Parlacen, beneficiándose de fuero ante la justicia por un caso de interceptaciones ilegales. Años después, fue condenado por otro caso y actualmente se encuentra asilado en Colombia.
La salida de El Salvador enfrentaría obstáculos similares. El Tratado Constitutivo del Parlacen no contempla mecanismos explícitos de retiro, por lo que se requeriría una estrategia diplomática regional para formalizarlo. Hasta ahora, el organismo está integrado por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador. Costa Rica, por su parte, nunca se adhirió.
La administración sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo es la única de la región con antecedentes similares. En marzo de este año, Nicaragua se retiró de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), supeditada a las decisiones del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, entidad que, según el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), no forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
¿Transformación o concentración del poder?
Las reformas impulsadas por Nuevas Ideas reconfiguran ahora mismo el sistema político e institucional salvadoreño de forma sustancial. La eliminación de límites a la reelección presidencial, la prolongación del mandato, la supresión de la segunda vuelta y la desvinculación del sistema de integración regional constituyen una serie de cambios que no solo alteran las reglas del juego, sino que pueden consolidar aún más el poder del Ejecutivo.
Aunque el oficialismo asegura que se trata de medidas que responden a la voluntad popular y a la necesidad de eficiencia institucional, voces críticas denuncian un debilitamiento progresivo de los contrapesos democráticos. La rapidez con la que se han aprobado o propuesto reformas estructurales —sin consultas ciudadanas ni discusión técnica amplia— refuerza esas preocupaciones.
Mientras tanto, la mirada está puesta en la siguiente legislatura, que tendrá en sus manos la ratificación de estas enmiendas. Si se concretan, marcarían un antes y un después en la historia democrática de El Salvador.
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