Las acciones represivas del régimen de Ortega y Murillo contra la iglesia católica en Nicaragua alcanzan un nuevo nivel, con el congelamiento de cuentas bancarias de las diócesis y la persecución al clero. Estas medidas, sumadas al reciente arresto de sacerdotes y acusaciones infundadas, generan preocupación por la violación de la libertad religiosa y los derechos humanos en el país centroamericano. La comunidad internacional observa atentamente la situación, instando al respeto de estos derechos fundamentales en Nicaragua.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
En una escalada preocupante de la persecución hacia la iglesia católica en Nicaragua, el régimen liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha ordenado el congelamiento de las cuentas bancarias de las nueve diócesis del país. Esta última acción se suma a una serie de episodios en los que se ha observado la creciente embestida de la administración sandinista contra la iglesia, poniendo en peligro la libertad religiosa y los derechos de los líderes eclesiásticos.
Las autoridades religiosas confirmaron la medida tomada por la administración Ortega-Murillo, destacando que esta acción busca asfixiar financieramente a la iglesia católica y limitar su capacidad para llevar a cabo sus actividades y ayudar a los más necesitados. El congelamiento de las cuentas afecta directamente el funcionamiento de las diócesis en todo el país, lo que a su vez impacta en programas de asistencia social, educación, salud y otros servicios prestados por la iglesia a las comunidades en todo el territorio.
Esta nueva ofensiva contra la iglesia se suma a otras acciones preocupantes. En días recientes, se ha informado sobre el arresto del sacerdote Jaime Iván Montesinos Sauceda, párroco de la Iglesia Juan Pablo Segundo en la ciudad de Matagalpa. Montesinos Sauceda se convierte en el tercer sacerdote investigado por las autoridades en tan solo una semana. Los curas Eugenio Rodríguez Benavidez, párroco de la Iglesia Divina Providencia, y Leonardo Guevara Gutiérrez, de la Catedral de Estelí, también están siendo sometidos a investigaciones.
Las acusaciones presentadas contra los sacerdotes Montesinos Sauceda, Rodríguez Benavidez y Guevara Gutiérrez son vagas y carecen de fundamentos sólidos. Montesinos Sauceda ha sido acusado de "cometer actos que menoscaban la independencia de la nación", según un comunicado emitido por la Policía Nacional. Las autoridades, bajo la dirección de Francisco Díaz, consuegro de la pareja dictatorial, han afirmado que se realizarán investigaciones antes de remitir a los religiosos a las autoridades competentes para su enjuiciamiento.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha denunciado la creciente persecución y ha expresado su preocupación por la vulneración de la libertad religiosa en el país. Además, ha reiterado que los sacerdotes están siendo objeto de investigaciones sin fundamentos claros y que estas acciones, lo que representa una clara violación de los derechos humanos en el país centroamericano.
Esta última ofensiva contra la iglesia católica se suma a hechos anteriores que han generado gran preocupación a nivel nacional e internacional. En febrero, el obispo Rolando Álvarez de la Diócesis de Matagalpa fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel por negarse al destierro junto con otras y otros presos políticos. Estos prisioneros fueron enviados sorpresivamente a los Estados Unidos de América, siendo también despojados de su nacionalidad y patrimonio.
En respuesta a las acusaciones presentadas contra las diócesis, la Policía Nacional emitió un comunicado oficial el sábado 27 de mayo. En la publicación, se informó sobre la "detección de actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias que pertenecían a personas condenadas por traición a la Patria". Según el cuerpo armado, "se descubrieron cientos de miles de dólares escondidos en instalaciones vinculadas a las diócesis". Las autoridades supuestamente confirman la sustracción ilegal de recursos y están investigando una "red de lavado de dinero" en varias diócesis de diferentes departamentos del país.
La Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero "han confirmado los movimientos delictivos con los fondos desviados y se han abierto procesos legales correspondientes", cita la Policía, una institución al servicio completo del oficialismo. La Superintendencia de Bancos ha "solicitado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y al cardenal Leopoldo Brenes presentar los documentos que demuestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis, con el objetivo de cumplir con las leyes del país y evitar actos ilícitos".
Las investigaciones continúan en curso, y las autoridades nicaragüenses afirman que están "trabajando para lograr transparencia en el funcionamiento y manejo de las finanzas de las instituciones religiosas". Sin embargo, estas acciones generan preocupación sobre la falta de independencia del sistema judicial en Nicaragua y la creciente violación de los derechos humanos en el país.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando de cerca la situación en Nicaragua y condenando estas acciones represivas contra la Iglesia Católica y el clero. La libertad religiosa y el respeto a los derechos humanos son principios fundamentales que deben ser protegidos en cualquier sociedad democrática, y es imperativo que se garantice el pleno ejercicio de estos derechos en Nicaragua.
A inicios de mayo, la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF) ha incluido a Nicaragua por primera vez como país de especial preocupación en su Informe Anual 2023. Anteriormente, se referían al país como "de especial vigilancia", pero ahora destacan el especial hostigamiento desde 2022. El informe también documenta la regresión significativa en materia de libertad religiosa en varios países y recomienda al Departamento de Estado designar a 17 países como Países de Particular Preocupación (CPC).
Los 12 países que ya habían sido designados como CPC en noviembre de 2022 son Birmania, China, Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Tayikistán y Turkmenistán. Además, USCIRF recomienda designar a cinco países adicionales: Afganistán, India, Nigeria, Siria y Vietnam. En el caso de Nicaragua, donde aproximadamente el 50 % de la población es católica, el informe proporciona cuatro recomendaciones al Gobierno de Joseph Biden para mejorar la promoción de la libertad religiosa en el país.
Estas recomendaciones incluyen volver a designar a Nicaragua como país de especial preocupación, imponer sanciones selectivas a las agencias y funcionarios de la administración nicaragüense responsables de la violencia contra los lugares de culto, líderes religiosos y organizaciones, presionar para la liberación incondicional de los presos religiosos de conciencia y ejercer un mayor escrutinio sobre préstamos o asistencia financiera proporcionada por instituciones internacionales para proyectos en Nicaragua.
El informe también destaca la persecución de los Ortega-Murillo contra el obispo Álvarez y las prohibiciones a las procesiones religiosas en las calles. En el caso de Cuba, se solicita volver a designarlo como país de especial preocupación y se anima a las autoridades cubanas a permitir visitas sin restricciones de USCIRF y otros organismos internacionales para evaluar la situación de la libertad religiosa.
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