"Primero detener, luego investigar". Policías salvadoreños relatan detenciones arbitrarias, corrupción y abusos durante el régimen de excepción
- Redacción Central
- 4 jul
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Desde que inició el régimen de excepción, en marzo del 2022, las fuerzas del orden redoblaron esfuerzos para ubicar y detener a pandilleros en El Salvador y solo en los primeros seis meses del año 2025, en promedio, han capturado a 471 integrantes de pandillas cada mes. La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este jueves 03 de julio la ampliación número cuarenta, que suspende todavía garantías constitucionales en la "guerra contra las pandillas".
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Salvador, El Salvador
Lo que el gobierno salvadoreño presenta como una "guerra ejemplar contra las pandillas", alabada por mandatarios de la región y promovida como modelo exportable de seguridad desde la extrema derecha, esconde una maquinaria de represión alimentada por cuotas de arresto, pruebas fabricadas, extorsión sexual y desprecio sistemático por el debido proceso.
Así lo revela un artículo exhaustivo publicado por Human Rights Watch (HRW) tras entrevistar a once agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), revisar documentos internos de la institución y contrastar los hallazgos con sentencias judiciales y testimonios de víctimas.
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que ha suspendido derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el acceso a una defensa efectiva o la revisión judicial de las detenciones. En este contexto, más de 86,000 personas han sido arrestadas, entre ellas más de 3,000 menores de edad, la mayoría sin condena y recluidas en condiciones consideradas inhumanas por organizaciones internacionales y jueces locales disidentes.
Pero lo que distingue esta nueva entrega de HRW no es únicamente el volumen de detenciones ni su carácter masivo, sino el hecho inédito de que agentes activos de la policía rompen el silencio, desnudan el funcionamiento interno de la maquinaria represiva y describen en detalle cómo, bajo presión institucional, se han visto obligados a detener personas inocentes, a crear expedientes ficticios y a ignorar incluso órdenes judiciales.
Uno de los hallazgos más contundentes de la investigación es la existencia de cuotas diarias de arrestos impuestas a las delegaciones policiales. Según los testimonios, superiores exigían un número mínimo de capturas por turno, sin importar la existencia de pruebas o indicios concretos. "Van a detener a cinco personas, no me importa por qué las detengan", relató un agente sobre una orden recibida en una formación matutina.
Otro agregó que no cumplir con la cuota significaba ser sancionado, perder días de descanso o ser trasladado a zonas de alto riesgo. "No regresábamos a la base si no cumplíamos la meta. Se convirtió en un castigo operativo", narró un tercer oficial.
Este modelo de incentivos perversos promovió la detención arbitraria de personas por razones tan triviales como tener tatuajes genéricos, "parecer sospechosas", tener antecedentes penales sin investigación abierta o, incluso, caer mal a un vecino. "Se detuvo a personas solo porque no le caían bien a alguien", reconoció un agente.
La fabricación de expedientes policiales —las llamadas "fichas"— emerge como otro pilar del sistema. Los agentes entrevistados describen cómo se confeccionan estos documentos sin verificación alguna, a partir de denuncias anónimas, rumores o simples prejuicios. "Un investigador de inteligencia frente a una computadora crea un perfil en PowerPoint. Esa es la 'evidencia' de que alguien es pandillero", explicó un policía.
Otro recordó que bastaba con una llamada al número 123 para iniciar una detención: "si me caes mal, puedo pedir tus documentos y armar una ficha donde diga que sos colaborador".
En algunos casos, las fichas eran creadas por militares o policías tras intervenciones en la calle, con fotografías tomadas a la persona y comentarios como "fuentes públicas aseguran que es colaborador", sin ninguna investigación previa.
Estas fichas se convirtieron en la principal (y a menudo única) "prueba" presentada ante los jueces, incluso en casos de menores de edad. HRW documentó múltiples sentencias basadas exclusivamente en estos registros policiales, ignorando pruebas de la defensa como expedientes escolares o laborales.
Extorsión, favores sexuales y corrupción institucionalizada
Los testimonios también revelan un patrón de corrupción y abuso de poder alimentado por condiciones laborales precarias: bajos salarios, turnos extendidos por semanas sin descanso, falta de agua potable en las delegaciones y amenazas constantes de pandillas. En este entorno, varios agentes admitieron que algunos colegas extorsionaban a personas detenidas o a sus familiares, incluso solicitando relaciones sexuales a mujeres a cambio de liberar a sus seres queridos.
"Si no tienes relaciones sexuales, me llevo a tu primo, a tu esposo, a tu hermano", dijo un agente sobre la amenaza que escuchó en una delegación. En algunos casos, se pedían pagos directos o favores para evitar ser detenido bajo el régimen.
Otro policía relató cómo una vendedora ambulante terminó en prisión por no obedecer la orden de mover su carrito. "Mientras lloraba nos dijo que era su cumpleaños. Esto yo lo vi. Nadie me lo contó", dijo.
Otro aspecto alarmante es la sistemática recaptura de personas liberadas por los tribunales, en un aparente desprecio absoluto por el poder judicial. Policías entrevistados revelaron que los penales alertan a las delegaciones cuando alguien será puesto en libertad, para que los agentes lo esperen en la puerta y lo detengan nuevamente, incluso por el mismo delito. "No quieren aceptar que hay personas inocentes en los penales", afirmó uno de los entrevistados por HRW.
Un protocolo no oficial establece que ninguna persona detenida bajo el régimen de excepción —ampliado esta semana desde la Asamblea Legislativa por cuadragésima ocasión— puede salir libre sin enfrentar una nueva causa judicial. Así, el ciclo de detención se renueva sin pruebas adicionales.
Muchos de los agentes consultados reconocen que el país enfrentaba una grave amenaza por parte de las pandillas. Sin embargo, critican con dureza las presiones internas para fabricar casos, las amenazas de sanción por negarse a detener a inocentes, y la transformación de la PNC en una fuerza sin control ni propósito.
"Hoy, el policía ya no tiene razón de ser. Somos como títeres", confesó un sargento.
Para estos agentes, la supuesta victoria del Estado salvadoreño contra las pandillas ha tenido un alto costo humano y moral, y ha dejado un sistema judicial contaminado por pruebas frágiles, procesos viciados y la instrumentalización del miedo.
La justicia, en pausa
El impacto de estas prácticas es profundo: El Salvador tiene una de las tasas más altas de prisión preventiva de América Latina, con apenas el 23 % de las personas encarceladas condenadas, según el Banco Mundial. La mayoría de los detenidos bajo el régimen de excepción continúan esperando juicio, y muchos ni siquiera han sido formalmente acusados.
Las cifras hablan por sí solas. Pero son los testimonios —los relatos en voz baja de quienes visten el uniforme— los que hoy ofrecen una mirada inédita desde dentro. Y lo que muestran es un sistema de seguridad que ha desbordado sus límites legales, éticos y humanos.
"La violencia de las pandillas ha disminuido significativamente en El Salvador", concluye Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. "Sin embargo, la población sigue expuesta a abusos por parte de las fuerzas de seguridad que actúan sin control. La experiencia sugiere que estas prácticas abusivas se intensificarán si no se establecen mecanismos sólidos de rendición de cuentas", agregó la experta.
En un país donde miles de vidas han quedado suspendidas por una acusación sin pruebas, una ficha fabricada o una llamada anónima, la urgencia de justicia, reparación y transparencia no puede seguir esperando.
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