Prohibición de misiones pastorales y silenciamiento religioso: la iglesia nicaragüense bajo un cerco cada vez más estrecho
- Juan Daniel Treminio
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304 sacerdotes y religiosas ya no ejercen su ministerio en Nicaragua —172 hombres y 132 mujeres— y al menos cuatro obispos han salido al exilio. Los restantes permanecen en el país centroamericano bajo un régimen de vigilancia que, según especialistas y defensores de derechos humanos, incluye revisión de teléfonos, exigencia de informes semanales y restricciones a la movilidad. Las homilías, denuncian, deben limitarse a contenidos estrictamente teológicos, sin referencias a la doctrina social de la iglesia ni a la realidad nacional.
Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio
León, Nicaragua
La prohibición de las misiones pastorales casa a casa en la Diócesis de León y otros puntos del país marca un nuevo episodio en la profundización del control estatal sobre la vida religiosa en Nicaragua. La medida, denunciada en principio por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina y varios religiosos católicos a COYUNTURA, no solo interrumpe una práctica central de la evangelización católica, sino que se inscribe en un patrón más amplio de restricciones, vigilancia y castigo que, desde abril de 2018, ha colocado a la iglesia —y en particular a sus expresiones públicas— bajo una presión constante.
Según Molina, autora de los informes "Nicaragua: una iglesia perseguida", la decisión fue comunicada de forma directa al clero: las actividades pastorales debían limitarse estrictamente al interior de los templos. "Hagan sus cosas adentro", fue la orden transmitida, en referencia a las misiones programadas para el pasado sábado 24 de enero de 2026 en la Diócesis de León, que también abarca el departamento de Chinandega. La iniciativa formaba parte del Año Eclesiológico proclamado por el obispo René Sócatres Sándigo Jirón, como antesala a la conmemoración de los 500 años de la diócesis, e incluía celebraciones litúrgicas seguidas de visitas de evangelización puerta a puerta.
De acuerdo con el testimonio de la investigadora, un primer grupo de laicos logró realizar visitas domiciliarias el sábado previo a la prohibición formal. Sin embargo, la Policía que controla el Frente Sandinista vetó de manera tajante la continuidad de la actividad para el siguiente fin de semana, desnaturalizando —según Molina— el sentido mismo de la misión pastoral. "El espíritu es que el Evangelio llegue a quienes no se acercan al templo. No se trata de una liturgia encerrada, sino de un encuentro directo con la comunidad", explicó.
Un patrón de restricciones normalizadas
La prohibición de las misiones pastorales se suma a una larga lista de limitaciones impuestas a la iglesia católica en los últimos años. Las procesiones, por ejemplo, están completamente vetadas.
Molina recordó que, en muchos casos, los agentes policiales ni siquiera esperan una solicitud formal: acuden a las parroquias para "recordar" que no existe autorización alguna para manifestaciones religiosas en el espacio público. Entre las primeras expresiones confinadas al interior de los templos estuvo la procesión de Santa María Madre de Dios, que cada 01 de enero recorría calles de Managua y que hoy ha desaparecido del calendario religioso.
Este control no distingue entre celebraciones tradicionales y actividades pastorales contemporáneas. En la práctica, cualquier manifestación de fe que implique presencia comunitaria fuera de los templos es susceptible de ser prohibida. Para la investigadora, la tendencia es clara. "Cada vez la represión es mayor y más dirigida a las actividades pastorales", advirtió, al tiempo que alertó sobre un clima de paranoia institucional que podría desembocar, incluso, en el cierre total de parroquias.
La arbitrariedad de las restricciones queda en evidencia cuando se contrasta con la permisividad hacia actividades ajenas al culto. Molina denunció que, en fechas recientes, se permitió el uso nocturno del templo de Nuestra Señora de La Merced para celebraciones que se extendieron hasta la madrugada e incluyeron consumo de alcohol.
"Eso sí lo permiten, pero no que la Iglesia salga a predicar el Evangelio", criticó.
Nicaragua en la lista mundial de persecución religiosa
El cerco a la iglesia católica ocurre en un contexto documentado por organismos internacionales. La organización Open Doors, dedicada a apoyar a cristianos perseguidos en el mundo, advirtió en su informe World Watch List 2026 que las y los creyentes en Nicaragua están siendo "cada vez más silenciados" bajo la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo. En la clasificación de 2026, el país ocupa el puesto 32 entre los 50 con mayor persecución a cristianos por motivos de fe.
El informe subraya que quienes alzan la voz frente a violaciones de derechos humanos enfrentan vigilancia, intimidación, encarcelamiento, exilio y, en algunos casos, la pérdida de la nacionalidad. Las iglesias y las instituciones vinculadas a ellas —escuelas, organizaciones benéficas y proyectos comunitarios— son tratadas como amenazas al régimen: se confiscan bienes, se prohíben actividades y se vandalizan instalaciones. Lejos de ser reconocidas como parte del tejido social, muchas comunidades cristianas son señaladas como "agentes desestabilizadores".
Open Doors sitúa el origen de esta asfixia de libertades en las protestas de 2018, cuando líderes católicos asumieron un rol de mediación en el diálogo nacional. Tras retirarse en marzo de 2019, debido a la persistencia de violaciones a los derechos humanos y la falta de voluntad negociadora del régimen, la Iglesia pasó a ser considerada un adversario político por su autoridad moral y su capacidad de denuncia.
Confiscaciones, exilio y silenciamiento del clero
Las cifras recopiladas por Molina ilustran la magnitud de la ofensiva. Entre 2018 y finales de 2025, se registran al menos 1,030 ataques contra la iglesia católica y la prohibición de casi 20,000 procesiones. En el mismo periodo, 43 propiedades eclesiásticas fueron confiscadas, según sus registros, mientras investigaciones periodísticas documentan que entre 2022 y 2025 se confiscaron al menos 39 inmuebles, hoy utilizados con fines distintos a los originales.
El impacto humano es igualmente profundo. Molina reporta que 304 sacerdotes y monjas —172 hombres y 132 mujeres— ya no ejercen su ministerio pastoral en Nicaragua. Cuatro obispos se encuentran en el exilio: Silvio Báez, Isidoro Mora, Rolando Álvarez y Carlos Enrique Herrera. Otros cinco permanecen en el país bajo un clima de vigilancia constante.
Casos emblemáticos, como el del obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión y posteriormente expulsado del país, simbolizan la severidad de las represalias. La persecución no se limita al clero católico: pastores evangélicos han sido encarcelados y congregaciones de distintas denominaciones enfrentan presiones para demostrar lealtad política como condición para evitar sanciones.
Aunque la represión se manifiesta hoy de manera menos visible, Open Doors advierte que la intimidación es más intensa. "La apariencia de calma oculta un control basado en el miedo y la censura", señala el informe. Las zonas con mayor número de incidentes incluyen Bluefields, Chinandega, Estelí, Granada, Jinotega, León, Masaya, Managua, Matagalpa y Rivas, lo que confirma que la persecución se extiende a todo el territorio nacional.
Molina coincide en este diagnóstico y describe un escenario de vigilancia permanente. Sacerdotes y laicos son observados de forma sistemática; incluso monaguillos menores de edad han sido objeto de asedio. El resultado es un silencio forzado. "Muchos ya no se atreven a denunciar porque saben que la dictadura es capaz de encarcelarlos, exiliarlos o incluso matarlos", afirmó.
En este contexto, las homilías y actividades pastorales se ven sometidas a una autocensura estricta. Medios nicaragüenses han documentado que los sacerdotes deben limitar sus sermones a contenidos exclusivamente teológicos, evitando referencias a la doctrina social de la Iglesia o a problemáticas sociales, bajo amenaza de represalias.
Un cerco que redefine la libertad religiosa
La prohibición de las misiones pastorales en León no es un hecho aislado, sino la expresión más reciente de un modelo de control que busca replegar la fe al ámbito privado y neutralizar su dimensión comunitaria y crítica. Mientras el 75.3 % de la población nicaragüense se identifica como católica, según bases de datos internacionales, el régimen mantiene una política de hostigamiento que contradice ese peso social y cultural.
Para organizaciones como Open Doors, el desafío ahora es sostener a las comunidades cristianas en medio de la persecución, mediante apoyo legal, fortalecimiento de medios de vida y capacitación para resistir la intimidación. Para voces como la de Molina, la urgencia está en documentar y denunciar antes de que el miedo termine por borrar toda expresión pública de la fe.
Nicaragua, junto con Cuba, se mantiene entre los países de América con mayores restricciones a la libertad religiosa. La situación en León, Granada, Masaya, Managua y otras ciudades, con misiones pastorales confinadas y comunidades obligadas a replegarse, confirma que el cerco no se ha relajado. Por el contrario, se ha vuelto más selectivo, más silencioso y, precisamente por ello, más eficaz para imponer el miedo y la censura.
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