¿Quién ganó la guerra de los "call centers" en Honduras?

Las elecciones primarias de 2021 en Honduras se han convertido en un laboratorio de nuevas técnicas informáticas para manipular la opinión pública, por medio de internet, desde las redes sociales.

Las redes sociales digitales fueron uno de los campos electorales usados por los precandidatos a las elecciones primarias en Honduras | Fotografía de Reuters

Tegucigalpa, Honduras

Gente pagada por los precandidatos Nasry Asfura y Yani Rosenthal manipula por medios electrónicos la opinión pública para influir en los resultados de las elecciones en Honduras, afirma la organización Laboratorio Ciudadano.

Los “bots” son la tecnología que el nacionalista Asfura y el liberal Rosenthal emplean a su favor para influenciar la forma de pensar de los hondureños y cambiar su decisión electoral, entre otros comportamientos, según resultados preliminares de las investigaciones de Laboratorio Ciudadano. La palabra “bots” viene de robots. Son programas informáticos que ejecutan tareas automáticas repetitivas, como contestar o enviar mensajes.

Los dos precandidatos usan estos programas para inundar las redes sociales de mensajes a favor o en contra de personajes o instituciones y de ese modo manipular el pensamiento del pueblo hondureño y hacerlo actuar según los fines de sus agendas políticas.

Los expertos de Laboratorio Ciudadano llaman “la guerra de los call centers” a esta loca carrera política en Internet, ya que la mayor actividad virtual se produce en los centros llamadas de Juan Diego Zelaya, quien gestiona la campaña del aspirante presidencial Mauricio Oliva, y de David Chávez, encargado de la campaña de Nasry Asfura.

La estrategia de Asfura y Rosenthal es parecida a la que Juan Orlando Hernández usa para minimizar a la oposición que exige rendición de cuentas al Gobierno de turno. JOH tiene un “ejército de bots” que masifica mensajes automatizados en las redes sociales las 24 horas del día y los siete días de la semana.

El propósito de los “bots” de JOH es destruir a sus rivales y poner en alto el trabajo de su administración, una de las más corruptas del hemisferio occidental, con amplias violaciones de derechos humanos, así como supuesta implicación en el tráfico de drogas, según un proyecto de ley presentado por ocho senadores demócratas que piden al gobierno de Joe Biden imponer sanciones al presidente de Honduras.

Al frente de la actividad de los “bots” de Nasry “Tito” Asfura, también apodado Papi a la Orden y Papi Concreto, se hallan empresas colombianas como las que impulsan la masificación de los mensajes del presidente Hernández.

“Tanto David Chávez como Nasry Asfura tienen administradores colombianos de sus cuentas de Internet. Probablemente es la misma empresa que maneja las cuentas de Juan Orlando”, afirma el experto en análisis de datos Aldo Salgado.

David Chávez es el precandidato a alcalde por el movimiento de Asfura. Además, Chávez tiene relación cercana con el colombiano Luis Duque, quien maneja desde hace varios años las cuentas de JOH.

Por otra parte, Duque es expupilo del venezolano J. J. Rendón, quien fue el primer encargado de conducir la estrategia política del actual presidente hondureño. Rendón renunció en mayo de 2020 a su cargo como director de campaña del líder opositor venezolano Juan Guaidó tras ser acusado de apoyar un fallido intento armado de sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.

Papi a la Orden y su rival electoral nacionalista Mauricio Oliva engañaron a Facebook haciendo pasar su propaganda política por publicidad comercial común y corriente, según los datos preliminares de las investigaciones de Laboratorio Ciudadano. Para evitar problemas como este, Facebook cambió recientemente sus políticas tras el escándalo de la empresa inglesa Cambridge Analytica. Al hacer esto, Facebook no publica el rango de gasto ni quien pagó por la publicidad.

Tanto Nasry Asfura como Yani Rosenthal no solo se dedican supuestamente a actividades irregulares en internet, sino que ambos tampoco respetaron el llamado “silencio electoral” que obliga a los aspirantes a puestos públicos a suspender toda su propaganda y campaña electoral cinco días antes de las elecciones, de acuerdo con la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.