A pesar de que en la Constitución Política de Nicaragua y en las leyes del país centroamericano no existe la figura del destierro, la administración sandinista decidió de forma "unilateral" trasladar a territorio estadounidense a 222 presas y presos políticos detenidos desde 2018 y 2021. Horas después de despegar el avión, la Asamblea Nacional reformó la Carta Magna para despojar a este grupo de nicaragüenses de su nacionalidad, en un movimiento jurídico y humanitario inédito en la historia de la nación y región.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
En un hecho inaudito -que ha brindado un poco de alivio a más de 200 familias nicaragüenses-, la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la madrugada de este jueves 09 de febrero el excarcelamiento de 222 nicaragüenses que permanecían detenidos en las principales cárceles del país desde 2018 y 2021 por razones políticas. Fueron trasladados al Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, y -gracias a un acuerdo del que aún se desconocen detalles con la administración del presidente Joe Biden-, despegaron en un avión alrededor de las 07:40 a.m. hacia el aeropuerto de Dulles, a unos 40 kilómetros de la capital de los Estados Unidos de América (EE.UU.).
Horas más tarde, de forma conjunta, los medios de comunicación oficialistas comenzaron a transmitir dos actos estatales diferentes, los cuales fueron grabados en horas tempranas -aproximadamente desde las 05:00 a.m.-, según los propios errores de cálculo en las emisiones.
En el primero, el juez y magistrado Octavio Rothschuh, desde el Complejo Judicial de Managua, anunciaba la "deportación" de las y los 222 reos políticos, entre ellos activistas, defensores de derechos humanos, escritores, empresarios, periodistas, líderes campesinos y de partidos políticos. "Para proteger la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y las libertades de terceros y la integridad nacional", justificó el funcionario del Poder Judicial, abiertamente orteguista. La acción fue basada, según el oficialismo, en los Artículos 1, 2, 3, 24, 29 y 34 de la Constitución Política; los Artículos 31, 409, 410, 412 y 413 de la Ley N° 641, Ley de Reforma al Código Penal; y la Ley N° 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz -aprobada por el régimen nicaragüense-.
En el segundo acto, luego de las 08:00 a.m., el doctor y diputado oficialista Gustavo Porras, desde el hemiciclo del Poder Legislativo -controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)-, encabezaba la reanudación de la Primera Sesión Ordinaria de la 39 Legislatura de la Asamblea Nacional, en donde se produjo "con trámite de urgencia" la reforma del Artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, que establecía que "la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad estarían reguladas por las leyes". "Ampliando lo estipulado en dicho acápite, para que los traidores a la Patria pierdan su calidad de nacional nicaragüense por lesionar estos los intereses supremos de la nación", leyó la diputada Loria Raquel Dixon Brautigam.
"La adquisición, perdida y recuperación de la nacionalidad será reguladas por las leyes. Los traidores a la Patria pierden la calidad de nacional nicaragüense", se leerá desde ahora en la Constitución de Nicaragua, tras una votación apoyada también por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con 82 votos a favor de un total de 84 legisladores.
Esto representa, además de una acción espuria -como lo explica el abogado y exfuncionario Yader Morazán-, uno de los mayores actos de liberación de presas y presos que se haya dado en el continente americano, en el cual está involucrado la administración estadounidense, que envió un "vuelo fletado" hasta Managua según confirmó The New York Times.
"A través de la expulsión o coacción (la administración Ortega-Murillo) ha cometido el crimen de lesa humanidad de 'deportación o traslado forzado de población' en contra del derecho de circular libremente en el territorio (Artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua)", señaló Morazán. "Ya sea por expulsión u otros actos coactivos de la zona en que una persona esté legítimamente presente (nacionales), sin motivos reales autorizados por el derecho internacional (Artículo 7.1 inciso 'd' y Artículo 7.2 inciso 'd' de los Estatutos de Roma)", explicó el jurista.
Según información divulgada por el exembajador de Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, el Departamento de Estado de EE.UU. estaría gestionando el recibimiento de estas personas, quienes recibirán los beneficios del "parole humanitario" aprobado por la administración Biden para nicaragüenses en los últimos meses.
"Un funcionario de la administración Biden me dice que el gobierno de Nicaragua lo decidió de manera 'unilateral', pero la Casa Blanca 'facilitó' el traslado", confirmó el periodista Jorge Agobian de la Voz de América. "Estados Unidos ofrecerá libertad condicional a los 222 nicaragüenses por razones humanitarias, una vez lleguen. El permiso sería por un período de dos años. La decisión del gobierno de Nicaragua es positiva. Nos mantenemos firmes en alentar pasos adicionales por parte del gobierno para restaurar las libertades civiles y la democracia para el pueblo nicaragüense", señaló una fuente estatal bajo anonimato a Agobian.
Según otra fuente consultada por la periodista María Abi-Habib de The New York Times, "el gobierno de Nicaragua no buscó nada a cambio, pero accedió a liberar a los prisioneros como una forma de señalar el deseo de reiniciar las relaciones con Estados Unidos". El medio estadounidense también afirma que serían 224 los nicaragüenses que la administración de Biden estaría esperando.
COYUNTURA ha confirmado que a las 10:50 a.m. (hora de Nicaragua) la aeronave ya se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Dulles. Mientras tanto, grupos oficialistas inician a divulgar en servicios de mensajería la lista de las y los desterrados de su propia nación.
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