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Régimen sandinista desterró en un vuelo con tres paradas a monseñor Rolando Álvarez y otros 18 religiosos nicaragüenses

La expulsión de estos 19 religiosos marca el más reciente capítulo en la política de destierro implementada por el régimen Ortega-Murillo desde 2023. Un total de 39 religiosos han sido desterrados hasta la fecha, con patrones comunes que incluyen acoso, amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, juicios carentes de legalidad y aislamiento carcelario antes de la expulsión.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Managua, Nicaragua
Ilustración de Coyuntura
Ilustración de Coyuntura

El sandinismo lo volvió a hacer. Por tercera ocasión en menos de un año, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró a un grupo de nicaragüenses desde su propio territorio hacia otro Estado. En esta última ocasión los desplazados de manera forzosa fueron 19 religiosos católicos, incluyendo al obispo de Arquidiócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez, quien fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel por el sistema judicial de Nicaragua, en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La operación, realizada a través de un vuelo especial de la aerolínea Conviasa, evidencia la continuación de la política represiva de destierro implementada por el régimen orteguista, contra todo tipo de disidencia en el país centroamericano.


El destierro de los 19 religiosos comenzó el sábado 13 de enero de 2024 antes de las cinco de la mañana, cuando un vuelo especial de Conviasa, la aerolínea bandera del régimen chavista de Venezuela, partió del Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino con destino a Caracas, Venezuela. Aunque Conviasa normalmente opera rutas establecidas entre La Habana, Cuba, y Managua, Nicaragua, este viaje fue excepcional y parte de los servicios chárteres ofrecidos por la aerolínea, según fuentes consultadas.


El itinerario del vuelo VCV9721 incluyó paradas en Caracas, Madrid y finalmente, Roma. Según fuentes vinculadas a la iglesia católica y el registro del vuelo, verificado por el equipo de COYUNTURA, un religioso decidió quedarse en Caracas, mientras que los otros 18 continuaron su viaje hacia la Unión Europea (UE), donde fueron trasladados por tierra al Vaticano.


Esta acción del régimen orteguista ha despertado una vez más inquietudes sobre quién asumió los costos de este viaje, dado que Conviasa no tiene la ruta Nicaragua-Venezuela en sus itinerarios internacionales establecidos. La falta de transparencia en este aspecto añade más incertidumbre al ya complejo panorama político de Nicaragua.


La expulsión de estos 19 religiosos marca el último capítulo en la política de destierro implementada por el régimen de Ortega y Murillo desde febrero del año 2023. Un total de 39 religiosos han sido desterrados hasta la fecha, con patrones comunes que incluyen acoso, amenazas, secuestros y desapariciones forzadas antes de la expulsión. Varios han sido sometidos con condenas irracionales, ilegales y bajo restricciones judiciales. La mayoría de religiosos fueron detenidos incluso después o durante algún servicio católico.


En febrero de 2023, ocho religiosos, como parte de un grupo de 222 expresos políticos, fueron desterrados hacia los Estados Unidos de América (EE.UU.) en una operación gestionada por la administración del presidente Joseph Biden. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, otros 12 sacerdotes fueron desterrados al Vaticano tras lo que se describió como "fructíferas conversaciones con la Santa Sede".


La comunidad internacional ha reaccionado ante la expulsión de los religiosos nicaragüenses, expresando preocupación y condena hacia las acciones del régimen Ortega-Murillo. La poetisa y escritora Gioconda Belli, quien también ha sido afectada por la represión del régimen, denunció en las redes sociales el destierro como una manifestación de la intolerancia de la administración nicaragüense. Por su parte, el exdirector del canal 100 % Noticias y expreso político del régimen sandinista, Miguel Mora, consideró el destierro forzado como un crimen de lesa humanidad y cuestionó su aceptación por parte de la comunidad internacional, aglomerada en gran parte el día del tercer destierro en Guatemala, para la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo. La exministra chilena de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, también expresó su descontento, señalando que el destierro no es una solución a los problemas en Nicaragua.


La iglesia católica ha sido un objetivo constante del régimen de Ortega, con más de 200 religiosos y religiosas enfrentando ahora mismo el destierro. La respuesta del Papa Francisco a esta situación ha sido de preocupación y llamados al diálogo diplomático respetuoso. En sus discursos a principios de 2024, el Papa expresó su profunda inquietud por la prolongada crisis social, política, humanitaria y de derechos en Nicaragua, instando a Ortega a participar en un "diálogo" diverso y razonable. La reciente liberación y destierro de los 19 religiosos se interpreta ya como un intento del régimen de mitigar la presión nacional e internacional. Una respuesta a la conversación que Francisco instigó.


La expulsión de 19 religiosos nicaragüenses, incluido el influyente obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez, refleja la continuación de la política represiva del régimen de Ortega. Este acto, llevado a cabo mediante un vuelo especial de la aerolínea Conviasa, podría incluso significar más acuerdos con la Santa Sede del catolicismo, para la instalación de sacerdotes católicos menos críticos y más sumisos al Estado.


El destierro forzado de los religiosos, aunque presentado como una liberación, que da alegría a las familias de las víctimas, es una violación adicional de los derechos humanos y una estrategia para desarticular a la iglesia católica en Nicaragua. La comunidad internacional, jerarcas del catolicismo y diversas organizaciones opositoras y de la sociedad civil han instado a condenar estos actos de opresión y a trabajar unidos para asegurar el respeto a los derechos fundamentales en Nicaragua. En este contexto, la respuesta del Papa Francisco y la reacción global son factores cruciales para presionar por un cambio positivo en el país centroamericano, aunque lo que busca Ortega y Murillo es apaciguar las aguas, tan turbulentas como irracionales por las propias acciones del sandinismo.


En este punto, es importante señalar que el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, cabeza de la Arquidiócesis que maneja Managua, Masaya y Carazo, no ha brindado declaraciones al respecto de estas atrocidades para la libertad religiosa y las creencias que él mismo profesa, cuando los 15 sacerdotes enviados al Vaticano, de los 19 desterrados recientes, pertenecen a dicho órgano de la iglesia católica. No obstante, lo que sí hizo Brenes fue orientar al rector del Seminario Mayor Arquidiocesano "La Purísima", el presbítero Helio Cortés Sánchez, la suspensión de las misiones que se realizarían desde el 07 de enero de este año, que se extenderían hasta el 21 de enero en la parroquia Santa Ana de Niquinohomo y sus comunidades rurales. Comunitarios de Masaya y Granada temen más restricciones en la Semana Santa de 2024, como sucedió en el año 2023.


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