Rafael Jerez: "Honduras no está preparada para soportar una crisis política como las anteriores"

Rafael Jerez Moreno es un destacado abogado hondureño con una sólida formación en derecho. Obtuvo su título en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y posteriormente fue becario del Programa Fulbright del Gobierno de los Estados Unidos de América (EE.UU.), donde completó un Máster en Derecho con concentración en América Latina y Derecho Internacional en la Universidad de Texas en Austin. Durante su tiempo en la universidad, se desempeñó como investigador MD Anderson del Instituto de Derecho Transnacional y participó en el Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina, así como en el American Council of Young Political Leaders (ACYPL).

Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio

La Entrevista

Tegucigalpa, Honduras

Fotografía cortesía

En los últimos 20 meses, Honduras ha experimentado un estado de transformación política, estatal y económica. El mandato de la presidenta Xiomara Castro marca ya el inicio de una nueva era en el país centroamericano, trayendo consigo desafíos y controversias que mantienen a la población, a los medios de comunicación y a las organizaciones no gubernamentales alertas. Mientras el proceso de transición aún no llega a su fin, se avecinan decisiones cruciales en el Congreso Nacional que pueden cambiar el rumbo del país. Sin embargo, el suspenso se alarga debido a la elección pendiente del fiscal general y adjunto. Como si esto no fuera suficiente, y a pesar la perdida de apoyo, la presidenta socialdemócrata anunció en Cuba una propuesta insólita para el país centroamericano: la implementación de un nuevo sistema político a través de una consulta popular, buscando así consolidar el proyecto que quiso instaurar su esposo, Manuel Zelaya, cuando fue mandatario.

En este contexto, es evidente el paralelismo con otros proyectos políticos familiares, como el de los Ortega-Murillo en Nicaragua, el cual últimamente la presidenta Castro ha defendido en alocuciones internacionales.

Para comprender a fondo estos frentes abiertos y tomar el pulso del panorama político hondureño, la Redacción de COYUNTURA conversó con el joven y perspicaz abogado, Rafael Jerez, quien ha sido columnista en Diario La Tribuna y Criterio.Hn, y ha colaborado en diversas publicaciones, investigaciones y análisis políticos en los últimos años. Actualmente, ocupa el puesto de Oficial de Asesoría Legal en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y es delegado de One Young World. Jerez es un profesional que ha demostrado su capacidad para contribuir al desarrollo y la comprensión del derecho y la política en América Latina.

En esta entrevista profunda, el letrado hondureño comparte su perspectiva sobre los escenarios mencionados y las repercusiones que ha tenido la confrontación entre funcionarios del Gobierno de Castro y el sector empresarial en el clima de inversiones en Honduras.

Pregunta. A 20 meses bajo el liderazgo de Xiomara Castro y su enfoque en el socialismo democrático, ¿qué mejoras ha presentado la democracia?

Respuesta. Desde una perspectiva más amplia podríamos decir que la situación de la democracia no necesariamente ha presentado mejoras sustanciales. Obviamente eso tiene factores históricos, algunos más lejanos, otros más recientes. Los más lejanos aluden al sistema de partidos porque los partidos aquí tienen un papel muy preponderante, no solo en la competencia electoral sino en las decisiones que se toman en todos los niveles de la administración pública y en general en los poderes del Estado.

Hay dos partidos políticos centenarios con una presencia histórica muy fuerte en el país, como lo son el Partido Nacional de Honduras (PNH) o el Partido Liberal de Honduras (PLH). Luego, en el 2013 tenemos el surgimiento del Partido Libertad y Refundación (Libre) actualmente en el poder, y una cuarta fuerza que es el Partido Salvador de Honduras (PSH). Aún, con el surgimiento de estos partidos la dinámica en la cultura política no ha cambiado.

En el país existe una penetración del clientelismo político muy fuerte en la toma de decisiones y también en la corrupción. En el 2021 se dio un hecho histórico con la victoria Libre, que no es uno de los dos partidos históricamente hegemónicos, con eso vino una expectativa muy alta de alternancia en el poder. Además, se suponía una nueva forma de hacer política con un plan de gobierno que de entrada planteó un cambio de modelo político a como se ha manejado el Estado hasta este momento. Luego de un año y medio de administración los cambios no han sido sustanciales, si bien hay propuestas que plantearían un cambio importante en el funcionamiento del Estado, por lo menos en las decisiones que se han tomado ahora realmente no ha habido un cambio.

P. ¿En el tema de seguridad?

R. En el tema de seguridad probablemente se han mostrado ciertas mejoras en los índices de homicidio, pero esto viene a expensas de que, de diciembre a la fecha hay un Estado de excepción que ha restringido libertades civiles y se puede extrapolar con el contexto salvadoreño, que viene a ser el referente para este gobierno.

P. ¿Qué otras novedades han surgido en el transcurso de la transición política?

R. El gobierno trajo como bandera de campaña la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, análoga a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y también como una experiencia más trabajada de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACIH). El proceso de negociación continúa. También está el tema de la apertura de las relaciones diplomáticas con China.

Como eje transversal ha existido un clima de tensión y conflictividad política permanente, eso no ha cambiado desde el segundo período de Juan Orlando Hernández en el poder. Fue un período muy tenso. Pero, en este caso hay un clima de conflictividad en el que el Gobierno tiene un papel muy protagónico y eso implica el cierre del espacio cívico para organizaciones de la sociedad civil, generando un clima de inversión poco propicio para el sector privado y también una disminución del papel protagónico de la comunidad internacional.

A un año y medio hay una transición política continua, no finalizó con el traspaso de mando en enero del 2022. Recordamos que hubo una crisis importante en la manera en la que se instaló el Congreso Nacional. En febrero de este año se hizo el relevo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para concluir una transición política al más alto nivel, pero con la agenda de Gobierno hay una transición inconclusa. Hubo una transición de cargos públicos, pero no necesariamente a nivel de proyecto político que el nuevo gobierno pensaba implementar a nivel de país.

P. ¿En ese proceso existen indicios de controlar la mayor cantidad posible de poderes e instituciones?

R. Definitivamente. Eso es algo es algo en la narrativa de cómo ha funcionado y caracterizado al sistema de partidos y en cómo operan los caudillos políticos en el país. Orlando Hernández en el pasado controló el Congreso, la CSJ, el Ministerio Público (MP), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). En este momento Libre lo pretende hacer: ya controla la CSJ y la presidencia del poder legislativo. La diferencia entre cómo operó el bipartidismo y cómo está operando actualmente Libre, en este modelo más multipartidario, es que controla la cabeza de los poderes, pero no necesariamente controla el funcionamiento del poder como tal.Esto implica que Libre se enfrenta a una oposición que el mismo gobierno ha facilitado su cohesión en los últimos meses.

Hay una oposición conformada por tres partidos visibles, dos de ellos están presentes en la distribución del poder judicial y lo mismo sucede con varias instituciones del Estado que ya estaban divididas entre estas fuerzas desde antes que llegara Xiomara Castro. Con ella se da una reconfiguración en ciertos poderes y el momento más álgido de esa expectativa por controlar los poderes se da con la elección del Fiscal General que actualmente sigue en proceso de negociación y que inició en mayo con el proceso de selección.

P. ¿Qué desenlace puede tener la elección del fiscal general y adjunto?

R. Libre encuentra su primer desafío real porque supone un obstáculo superior por la distribución y proporción de los cargos, en el MP es diferente porque son dos cargos y solamente uno de ellos es relevante, el cargo del fiscal general. Eso será muy determinante porque para Libre perder el MP implica no tener certidumbre y no tener el control de cómo pueden llegar a moverse las piezas por el grado de operación de la corrupción y el funcionamiento del poder, por ende, por el desenlace que eso podría tener para los mismos liderazgos.

La última vez que se dio este proceso fue en el 2018 cuando el fiscal Oscar Chinchilla estuvo dos períodos, el segundo fue inconstitucional, fue reelecto al margen de la constitución. El proceso es relevante por la función que desempeña el MP en el sistema político, además es el relevo de una persona que estuvo diez años en el cargo. Cuando llega la lista al Congreso con los cinco candidatos, que fue el 01 de agosto de este año, la gran pregunta era hasta qué punto Libre iba a ceder la fiscalía general porque en el Congreso libre perdió apoyos.

P. ¿Cómo crees qué ésta situación puede afectar el equilibrio de poder y las negociaciones en el Congreso?

R. Lo más sorprendente de este proceso es que el PSH logró aglutinar al PNH y al PLH y reunir 74 votos a favor, eso para el partido Libre implica llegar a un proceso muerto en las negociaciones porque claramente no están dispuestos a ceder la fiscalía general y los otros tres partidos tampoco están dispuestos a reconocerle la fiscalía a Libre. Además, hay un desafío superior, porque el partido de gobierno debe lograr el apoyo no solo de uno de esos tres partidos, sino de los tres, pero es difícil revertir la manera en la que esos tres partidos han negociado hasta este momento por el tono que ha marcado las discusiones en el Congreso.

Tampoco es una carta abierta para que las negociaciones se extiendan el tiempo que sea. El partido Libre se puso un obstáculo más al decir que no reconocen a las autoridades que quedaron en el cargo hasta que se elijan las nuevas, entonces supone un reto superior porque al no reconocer a las autoridades actuales están en la obligación de llegar a un consenso pronto para renovar esas autoridades.

Además de eso vienen dos temas importantes en el congreso, uno de ellos es que están por darse otros procesos de selección de autoridades. Por ejemplo, en el Tribunal Superior de Cuentas se tiene que renovar en diciembre, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a los Partidos Políticos se tiene que renovar ya, a los actuales se les venció su período en mayo. El Presupuesto General de la República tiene que entrar en discusión pronto.

En enero se renueva la Junta Directiva del Congreso, eso podría suponer un riesgo para Libre porque en la medida en la que se amplía el margen de negociación los otros partidos capitalizan la cuota que podrían pedir para ceder en la negociación del fiscal.

Los temas se están apilando en la agenda legislativa y mientras no resuelvan lo del fiscal el poder de negociación y posición de Libre y del presidente del Congreso, se van a ver disminuidas en la medida que no encuentren una salida en la elección del fiscal general.

P. ¿Existe la intención del gobierno de ampliar las tensiones con el sector privado, de acuerdo a la actuación del Servicio de Administración de Rentas (SAR)?

R. Eso inició por un proyecto de reforma tributaria que el poder ejecutivo promovió desde hace seis meses, un proyecto que no ha tenido éxito por muchos motivos y eso va ligado a lo que ocurrió la semana pasada. Ese proyecto tiene varias aristas, pero a lo que más relevancia le ha dado el gobierno es a la eliminación de una figura que se la ha conocido como exoneraciones fiscales, que son incentivos para determinados rubros. El sector privado nunca se ha opuesto a que exista un debate sobre una reforma y reconocemos que son las autoridades políticas son las que tiene las facultades de promoverlas.

El problema es el tono que ha marcado el proceso, ya que de alguna manera se ha querido mezclar a empresarios que presuntamente han abusado de los incentivos. Según lo que el gobierno dice, han abusado de la ley con el papel que juegan asociaciones civiles y gremiales, como COHEP y muchas otras que existen en el país, en la relación que hay o hubo con gobiernos anteriores y la manera en que se aprobaron muchos de esos decretos.

La campaña que montó el SAR es una campaña en la que más allá de promover la reforma como tal, vienen haciendo una campaña en la que se le transmite a la gente que solo con esta reforma se puede lograr un sistema tributario más equitativo y una distribución de la riqueza, pero que eso pasa, según ellos, con que los ricos paguen más de lo que pagan ahora. El COHEP no se opone a que haya una reforma, el problema es la manera en que esta reforma se quiere promover en el país.

En ese sido el director del SAR acusó a dos actores, el primer actor según él son diez familias de las cuales hay cúpulas empresariales, en paralelo también acusó al COHEP de ser un brazo narco-político del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) que está conformado por partidos políticos de oposición y también menciona que el COHEP funciona porque está al servicio de mafias. La determinación del ejecutivo del COHEP fue hacerle frente a las acusaciones y citar al director del SAR a que presentara las pruebas que aludían al COHEP como institución y nos hicimos presentes varios de los que estamos en el COHEP para poder exigir la presentación de las pruebas en el MP. Él se hizo presente y presentó denuncias de familias de algunos empresarios, pero no presentó ninguna denuncia no prueba contra el COHEP.

P. ¿Consideras qué las acusaciones y la narrativa negativa de los funcionarios gubernamentales hacia el sector empresarial, como las que involucran al COHEP, están afectando la percepción internacional sobre Honduras y su clima de inversiones?

R. De hecho. Según el Banco Central de Honduras hay un decaimiento de la inversión extranjera directa en el país. Según el informe del clima de inversiones en Honduras que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos hace unos días, parte del mensaje negativo que se envía al exterior y que deteriora el clima de inversiones son las formas en que los funcionarios públicos de este gobierno llevan a cabo la narrativa de las decisiones políticas que pretenden implementar en el país.

El discurso político y la narrativa de funcionarios colinda con difamaciones, injurias, y podríamos ligarlo con la reputación y el honor de la institución como el de sus liderazgos. Aunque el gobierno diga que no hay un ataque al sector privado, no hay manera de desligar a una cosa con la otra. Esto no quita que el Congreso siga discutiendo la reforma tributaria, pero son dos cosas diferentes, una reforma versus un ataque sistemático en contra de este sector.

P. Durante cumbre del G77 con China en Cuba, la presidenta Castro anunció una consulta popular para la instauración del sistema socialista. ¿En qué se traduce dicho anuncio?

R. Es la primera vez que lo menciona desde que es presidenta. Ellos ya habían incluido esto en el plan de gobierno y al final es la bandera con la que Libre se creó como partido. Sorprende que lo anuncien en este momento cuando tienen muy poco margen de maniobra para llevar adelante una medida de esa naturaleza. Ella en su discurso menciona no solamente la consulta popular sino la instauración de un sistema socialista democrático como sistema político. En la Constitución hay artículos irreformables que le conocemos como Los Artículos Pétreos, dicen que no puede haber una reforma en la forma de gobierno, y al ser un artículo irreformable, cualquier intento por reformar este artículo por medio del Congreso estaría incurriendo en una transgresión a la Constitución de la República.

Ellos lo mencionan como un plan para llevar a cabo una consulta popular pero la Constitución prevé mecanismos de democracia directa. El plebiscito, que en ese caso sería el mecanismo que se tendría que usar, tiene que hacerse en el marco de la Constitución.

Habría que ver cómo lo plantean porque estas prohibiciones constitucionales para llevar a cabo un ejercicio de democracia directa que afecte aspectos constitucionales requiere que el Congreso lo apruebe por mayoría calificada, algo que tampoco tienen en este momento. La pregunta es cómo piensan llevarlo a cabo porque lo tienen que hacer por medio del Congreso y en este país nunca ha habido una consulta popular.

Otro factor para tomar en cuenta es que en septiembre del próximo año se da el llamamiento a elecciones primarias, inicia el ciclo electoral y las elecciones primarias serían en marzo de 2025 y las elecciones generales en noviembre de 2025. Habría que ver si el gobierno pretende que esta consulta se desarrolle en simultáneo a las elecciones generales, pero van a requerir una mayoría calificada, además de que la organización del proceso se tiene que ampliar para que la consulta sea aparte del proceso electoral.

Desde el punto de vista formal hay muy pocas posibilidades de que eso ocurra porque no tienen el apoyo político. Al haberlo lanzado públicamente ya es parte de la agenda del Gobierno hasta que termine el período, de eso no hay duda. El riesgo es que quieran llevar a cabo esta agenda al margen de la Constitución y obviamente las repercusiones que eso puede traer para el país. Al no tener apoyo en el Congreso es difícil que este proyecto siga adelante. Habría que ver si ellos tienen una estrategia paralela, cualquiera que no sea pasar por el Congreso y que se apruebe por mayoría calificada sería una transgresión de la Constitución y no habría otra manera de llamarlo.

P. ¿Cómo valoras la cercanía política, ideológica y diplomática entre el Gobierno de Castro y la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega?

R. Desde antes he venido diciendo que la familiarización del poder le iba a hacer daño al sistema democrático, como lo ha hecho en el pasado. JOH nombró a su hermana de ministra, su hermano era diputado y lo mismo ha ocurrido con otras familias que se han involucrado en política. Eso viene siendo un síntoma en cómo está ejerciendo el poder Daniel Ortega.

Por otra parte, está ligado un poco a los aliados que históricamente ha tenido Manuel Zelaya y Xiomara Castro, ahí es donde Ortega figura. A pesar de que hubo muchos cuestionamientos en la cercanía con Nicaragua, con Venezuela y Cuba, al haber retornado al poder Libre los mira como aliados políticos, justamente por la lealtad que tuvieron con ellos tras el golpe de Estado, pues prefieren esa lealtad que la coherencia democrática.

Eso lo vemos porque Ortega ha recibido a funcionarios del Gobierno anterior vinculados a actos de corrupción, pero eso no es ningún obstáculo para que el Gobierno de Castro se siga congraciándose con Daniel Ortega. Viéndolo en cómo ha evolucionado en el ejercicio del poder de Ortega y el deterioro del sistema democrático, creo que vamos a poder hacer una simbiosis en cómo ambos proyectos políticos tienen paralelismos dependiendo del paso que dé Xiomara en la continuidad en el poder, es decir mucho se habla de que quien puede suceder el poder de Xiomara Castro sea con uno de sus hijos, pero hay prohibiciones constitucionales.

Es notorio que tienen un proyecto político familiar como también en su momento lo tuvo Daniel Ortega cuando regresó al poder. La gran pregunta será si desean continuar por medio de otro miembro de su familia o si prefieren buscar una habilitación por medio de la Corte Suprema que fue un mecanismo que utilizó Ortega y Juan Orlando. Si eso sucede allí veremos los paralelismos, no ideológicos, sino para que el proyecto político continúe.

Aunque haya un discurso para desarrollar un proyecto democrático en el país y desde el momento en el que no se condenan las derivas autoritarias en Centroamérica, incluyendo a Nicaragua y El Salvador, eso da luces de cómo se puede flexibilizar ese discurso en el país y el deterioro que la democracia puede tener en un futuro cercano.

P. ¿Debe prepararse Honduras para un escenario como este?

R. Este es un país que ha sufrido mucho desde el Golpe de Estado, el gobierno de Juan Orlando le hizo daño al país, no solo en el tema de corrupción sino en la captura del narcotráfico en los poderes del Estado. Yo diría que Honduras no está lista para un deterioro superior sobre todo porque hay un 70 % de la población viviendo en pobreza y un deterioro mayor al sistema democrático, definitivamente que el poco porcentaje de ciudadanos que tienen expectativas en que la democracia es y debe ser ese sistema que rige nuestro sistema político, con un proyecto político que deteriore todavía más, que implique un deterioro de la supremacía constitucional, el país no está listo.

Los niveles de conflictividad política no están disminuyendo y en épocas electorales crece, entonces al final este debate vuelve a dar a elecciones y eso puede generar una convulsión similar a la del 2017 o 2009, y ya hemos visto que el manejo que el Estado implementa en este tipo de conflictos no es el óptimo porque entran en funcionamiento las fuerzas policiales, militares a usar su fuerza. Los organismos internacionales claman para que eso no ocurra y es comprensible, el costo que han asumido tratando de mediar en el pasado, no sabemos qué tan dispuestos están para asumirlos en un futuro y tampoco se ve un mediador entre la sociedad civil y el sector privado porque al estar en confrontación desde el gobierno, entonces se anulan las posibilidades de que exista un facilitador en espacios de diálogo. Al no haber diálogo y al crecer la conflictividad el país no está preparado, ni nuestra democracia para poder soportar una crisis política de esa magnitud.

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