Las nuevas autoridades impuestas por el ente sandinista de universidades para la recién creada "Universidad Nacional Casimiro Sotelo" -en las instalaciones robadas de lo que a partir de ahora fue la Universidad Centroamericana de Nicaragua-, aceleran el paso para pintar de rojinegro el edificio universitario, en el corazón de Managua. Las y los estudiantes ya perdieron el acceso a correos institucionales, y el oficialismo legaliza la orden de la jueza capitalina sin un debido proceso, mientras una nueva entidad reguladora impone los "lineamientos" para las universidades en el país centroamericano.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
A través del Consejo Nacional de Universidades (CNU), el dictador sandinista Daniel Ortega no solo creó la "Universidad Nacional Casimiro Sotelo" en un lapso de menos de 24 horas, sino que también desmanteló la fachada y las plataformas virtuales de la Universidad Centroamericana (UCA), marcando así el final definitivo de la entidad jesuita y el principio de un nuevo panorama educativo para el país, cernido por el oscurantismo y el control absoluto característico de la actual administración. Este viernes 18 de agosto, la dictadura de Ortega anunció la cancelación de la personalidad jurídica de la UCA a través de un acuerdo emitido por el Ministerio de Gobernación (MIGOB), publicado en La Gaceta - Diario Oficial. Esta acción, que puso fin a más de 60 años de existencia legal de la universidad, es el culmen de una serie de eventos que han dejado estupefactos a las y los nicaragüenses y a la comunidad internacional.
Una de las primeras señales de este cambio drástico fue la rápida creación de la "Universidad Nacional Casimiro Sotelo" por parte de la dictadura de Ortega. El proceso se completó en menos de un día, lo que dejó perplejos a muchos observadores, quienes señalaron a la Redacción de COYUNTURA que tal celeridad contrastaba con los largos procedimientos burocráticos y de acreditación que normalmente involucra la fundación de una institución de educación superior. Esta maniobra fue acompañada por la retirada de las letras del nombre de la UCA de su fachada, una acción simbólica que refleja el cambio de control de la institución.
Las implicaciones políticas detrás de esta toma de control son innegables. La aparición de banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el campus de la antigua UCA sugiere una clara intención de imponer un mensaje político en el lugar que alguna vez fue un bastión de educación y pensamiento crítico.
Además, la presencia de patrullas de la Policía Nacional frente a las instalaciones de la universidad deja en claro que el régimen está dispuesto a utilizar la fuerza para consolidar su control.
El CNU anunció el inicio de las matrículas para el segundo semestre del año lectivo 2023 en la "Universidad Nacional Casimiro Sotelo", con la promesa de que las clases comenzarían el 28 de agosto. Esto, junto con la cancelación de la personalidad jurídica de la UCA, plantea la pregunta crucial sobre el futuro de la educación superior en Nicaragua bajo el régimen de Ortega y Murillo. ¿Ahora todo será impuesto?
El impacto de esta toma de control va más allá de una mera cuestión de educación, que ya es mucho. La acusación contra la UCA como un "centro de terrorismo" y la posterior eliminación de correos institucionales y acceso a plataformas virtuales para estudiantes, levantan preocupaciones sobre la violación de derechos fundamentales y la represión de la libre expresión y el pensamiento crítico en el país. Ya nadie tiene acceso.
Los testimonios de estudiantes afectados por estas medidas hablan por sí mismos. La pérdida de documentos, apuntes, tareas y diseños esenciales para su educación muestra cómo el régimen de Ortega ha socavado el proceso educativo, y deja a miles de jóvenes sin acceso a sus recursos de aprendizaje. La inhabilitación del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), una herramienta vital para la enseñanza y el aprendizaje, agrega otra capa de dificultades para los estudiantes ya perjudicados.
La justificación de la cancelación de la personalidad jurídica de la UCA se basa en una supuesta "sentencia" emitida por un juzgado penal, que carece de los procedimientos y garantías legales necesarios para constituir un juicio justo. El dictamen legal también acusa a la UCA de no presentar estados financieros y obstaculizar el control gubernamental. Sin embargo, críticos argumentan que esto se traduce en una confiscación de propiedad privada y una violación de la autonomía universitaria.
La pregunta que surge en medio de este tumulto es si la comunidad internacional responderá a esta escalada autoritaria. La cancelación de la UCA no solo representa una pérdida en el panorama educativo de Nicaragua, sino que también refleja la erosión de los valores democráticos y de derechos humanos en el país, a un nivel solo visto en Rusia o Corea del Norte. Con la toma de control de una institución de renombre como la UCA, el régimen de Ortega confirma sin tintes su voluntad de utilizar la educación como herramienta de control político y represión.
En última instancia, la caída de la Universidad Centroamericana bajo el régimen sandinista plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de la educación y la libertad académica en Nicaragua. La comunidad internacional, los defensores de los derechos humanos y las instituciones educativas de todo el mundo enfrentan un desafío urgente: ¿cómo responder ante la opresión y el silenciamiento de la voz crítica en un contexto donde la educación misma se ha convertido en un campo de batalla político? ¿Habrá apoyo para quienes decidan abandonar el sistema sandinista por cuestión de principios y calidad?
Sistema sandinista "unifica" las normativas para las universidades durante el primer encuentro del IES
Justo el miércoles 16 de agosto, cuando la UCA anunció su cierre y se confirmó la confiscación de sus bienes por orden de un tribunal de Managua, el oficialista Centro Nacional de Universidades dio un paso "crucial hacia la unificación y regulación del sistema de educación superior del país" mediante la realización de la primera Asamblea General de las Instituciones de Educación Superior Nicaragüenses (IES). El objetivo principal de este encuentro oficialista fue presentar el convenio "normativo" que establece un marco de funcionamiento y actuación para todas las instituciones de educación superior de Nicaragua. El plan final de Ortega para las universidades. El "cómo debe actuar" de nuestros tiempos.
En esta "histórica" asamblea, a la que solo tuvieron acceso los medios oficialistas, participaron un total de 40 instituciones de educación superior, incluyendo universidades públicas, universidades creadas tras una confiscación y universidades "privadas" vinculadas al oficialismo. El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CENEA) y la Comisión de Educación, Cultura y Deporte también estuvieron presentes, así como diputados de la Asamblea Nacional, ministros y directivos de universidades sandinistas.
La presidenta del CNU y rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), Ramona Rodríguez, explicó que el compendio normativo que se presentó contempla "valores, principios, lineamientos, normas y procedimientos para el funcionamiento académico y administrativo de las instituciones educativas". Este acuerdo surge como resultado de un supuesto proceso continuo, que incluye la aprobación previa de "un marco estratégico y de desarrollo de la educación superior en Nicaragua". La actualización -o nueva versión- del sistema universitario.
La sandinista Rodríguez enfatizó la importancia de que "todas las universidades, tanto públicas como privadas, operen de acuerdo con las disposiciones del Sistema de Educación Superior Nicaragüense". Destacó que el impacto de esta unificación debería reflejarse en la "calidad de la educación ofrecida a los estudiantes y en la pertinencia de la oferta académica".
Una de las iniciativas clave mencionadas fue la creación del Sistema de Estadísticas Nacionales, que centralizará el registro de estudiantes matriculados en las universidades. Esto permitirá, según el régimen de Ortega y Murillo, un acceso más "eficiente" a certificados de notas, historias académicas y otros datos relevantes para las y los estudiantes. No obstante, también significa la base de datos definitiva de las y los estudiantes de educación superior en todo el territorio. Control absoluto sobre la matricula a nivel nacional.
La rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), Ilenia García, resaltó que esta unificación normativa es "esencial" para el desarrollo "evolutivo" de la educación superior en el país, y para permitir la "articulación" y complementariedad entre las instituciones. Subrayó la importancia de que las universidades se vean como "hermanas" y trabajen juntas para "ofrecer una educación de calidad".
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