Subvenciones sin rastro y un Congreso en disputa: el legado opaco de la gestión de Luis Redondo
- Redacción Central
- 2 days ago
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El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) trazó una línea de tiempo que, a su juicio, explica los "abusos, parálisis y atajos" del período que ya ha cerrado. Para el CNA, el caos de la sesión preparatoria del 21 de enero de 2022 no fue un episodio aislado, sino el inicio de una junta directiva impuesta, cuya fragilidad terminó normalizando prácticas que distorsionaron la función parlamentaria y afectaron el equilibrio democrático. El organismo recordó que la inactividad legislativa fue una decisión política más que un accidente: en 2023, el Congreso sesionó solo 42 de los 104 días establecidos por ley; en 2024, aunque se alcanzaron 73 jornadas, la cifra siguió siendo insuficiente.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
Entre 2022 y 2025, el Congreso Nacional de Honduras, presidido por el ahora exdiputado oficialista Luis Redondo, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), erogó 791.3 millones de lempiras en subvenciones. La cifra surge del análisis de la Unidad de Datos de El Heraldo, a partir de los registros disponibles en el Portal Único de Transparencia, y revela no solo la magnitud del gasto, sino también una constante: la imposibilidad de seguir el destino final del dinero público.
El comportamiento del gasto no fue homogéneo. El año 2024 concentró el mayor desembolso, con 366 millones de lempiras, seguido por 2023, 2025 y 2022. El análisis mensual muestra picos pronunciados hacia el cierre de los ejercicios fiscales, particularmente en noviembre de 2024 y diciembre de 2023, lo que evidencia una ejecución concentrada en momentos específicos, lejos de un patrón sostenido a lo largo del año.
La distribución de las subvenciones presenta una fuerte concentración en un solo rubro. Del total erogado, 692.8 millones de lempiras —el 88 %— se asignaron a la categoría de "ayuda a personas", un concepto amplio que históricamente ha servido para canalizar recursos mediante solicitudes de diputados, intermediarios comunitarios u organizaciones afines. Muy por detrás aparecen las transferencias a organizaciones no gubernamentales e instituciones descentralizadas, mientras que las alcaldías, unidades del Gobierno Central y organismos internacionales recibieron montos significativamente menores.
El patrón se repitió en 2024, el año de mayor gasto. La asistencia directa a personas absorbió la mayor parte de los fondos, seguida por las oenegés y las instituciones descentralizadas. Las unidades del Gobierno Central quedaron relegadas y los organismos internacionales ocuparon el último lugar en la asignación de estos recursos.
Más allá de las cifras, la principal alerta radica en la ausencia de trazabilidad. Aunque los montos globales están publicados, no existe un registro público que permita identificar beneficiarios, proyectos, criterios de asignación o respaldos documentales.
La revisión de los apartados del Portal Único de Transparencia —compras, contrataciones, licitaciones, pagos, presupuestos y liquidación presupuestaria— no arrojó expedientes que vinculen las subvenciones con diputados, destinatarios concretos o ejecuciones verificables.
En los registros oficiales solo aparecen cifras mensuales y categorías generales. No hay listados de beneficiarios, informes de liquidación ni comprobantes de respaldo. El dato existe, pero carece de soporte que permita auditoría ciudadana o fiscalización independiente.
La única excepción identificable provino de información pública externa. En marzo de 2025, el Congreso reportó 35.7 millones de lempiras en subvenciones; de ese total, 20 millones correspondieron a donaciones dirigidas a instituciones descentralizadas. Dichos fondos fueron destinados a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), según un convenio suscrito con el Legislativo para apoyar a la Selección Nacional.
La opacidad adquiere mayor gravedad a la luz de los antecedentes. En administraciones anteriores, esquemas similares facilitaron prácticas clientelares y el desvío de recursos públicos. La falta de información sobre beneficiarios y liquidaciones reproduce la misma vulnerabilidad que caracterizó al Fondo Departamental, establecido mediante el decreto 116-2019 y derogado en agosto de 2023.
Aunque el oficialismo saliente presentó esa derogación como un avance anticorrupción, en la práctica los mecanismos continuaron bajo otra denominación: subvenciones.
Para el abogado y analista político Francisco Cantarero, la ausencia de publicidad no es un simple fallo administrativo. "Cuando el dinero público se mueve sin publicidad como lo manda la ley, sin respaldo y sin posibilidad de auditoría ciudadana, eso es un mecanismo de corrupción", sostiene. A su juicio, la experiencia hondureña demuestra que estos fondos cambian de nombre, pero conservan la lógica de discrecionalidad, opacidad y uso político.
Investigaciones periodísticas han documentado cómo recursos vinculados al Congreso fueron canalizados a través de oenegés señaladas por estafa y corrupción. Uno de los casos expuestos reveló el movimiento de millones de lempiras mediante la organización Hondupaz, vinculada al diputado de LIBRE, Jari Dixon, bajo esquemas de baja fiscalización pública, lo que reavivó las alertas sobre el uso de estas estructuras como intermediarias del gasto estatal.
Luis Redondo defendió reiteradamente el uso de las subvenciones, argumentando que no se trata del antiguo fondo departamental, sino de "ayudas" amparadas en el Presupuesto General. En declaraciones públicas citó el artículo 349 del Presupuesto como base legal para que los diputados gestionen recursos, los cuales —según su versión— se ejecutan a través de instituciones del Estado y no mediante entregas directas a congresistas.
Sin embargo, el cierre de su gestión no solo estuvo marcado por cuestionamientos financieros. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) trazó una lectura crítica del período legislativo, señalando que el caos de la sesión preparatoria del 21 de enero de 2022 fue el punto de partida de una junta directiva "impuesta", cuya fragilidad institucional normalizó abusos, distorsionó la función parlamentaria y rompió equilibrios democráticos.
Según el CNA, la inactividad legislativa fue una decisión política. En 2023, el Congreso sesionó apenas 42 de los 104 días establecidos por ley; en 2024, aunque las sesiones aumentaron a 73, el número siguió siendo insuficiente. A ello se sumó la improvisación en el manejo de las normas parlamentarias, con sesiones sin quórum, uso discrecional de la palabra y episodios de confrontación.
El organismo también denunció el uso de la Comisión Permanente como atajo para tomar decisiones clave. En 2023, el fiscal general fue electo por solo nueve diputados, pese a que la Constitución exige al menos 86 votos, un hecho que el CNA calificó como una instrumentalización del órgano legislativo para imponer nombramientos afines al oficialismo.
Mientras el Congreso entraba en parálisis, las subvenciones continuaron fluyendo. El CNA cuestionó la inexistencia de informes públicos de liquidación y denunció que solicitudes de información sobre el uso de estos fondos fueron sistemáticamente denegadas, pese a que el Legislativo afirmaba contar con respaldo documental.
En paralelo, Redondo cerró su gestión con un discurso confrontativo en el plano político-institucional. Defendió la vigencia del Decreto No. 58-2025 frente a recursos de inconstitucionalidad y sostuvo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no es la única autoridad facultada para defender la soberanía nacional.
Aseguró que el Congreso remitió argumentos jurídicos y técnicos para sustentar su actuación y denunció un supuesto fraude en el proceso electoral de 2025, exigiendo un conteo "voto por voto".
El ahora expresidente del Legislativo advirtió sobre una "usurpación" de la soberanía popular y acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de actuar al margen de la Constitución y la Ley Electoral. Cualquier amparo otorgado en ese contexto, afirmó, constituiría una garantía de impunidad y una vergüenza institucional.
El calendario legislativo avanzó. El Congreso de Luis Redondo concluyó el 20 de enero; el 21 se instaló la Junta Directiva Provisional del período 2026-2030 y ayer, viernes 23 de enero de 2026, se eligió la directiva en propiedad. Sin embargo, el relevo no borra el balance institucional: una mora legislativa persistente, reformas anticorrupción que no llegaron y decretos que nunca se discutieron.
Y, pese a todo, el dinero sí se movió. Los 791.3 millones de lempiras en subvenciones quedaron registrados como la última línea del período: casi 800 millones visibles en cifras generales, pero imposibles de seguir hasta su último beneficiario.
Para dimensionar la magnitud, ese monto equivale a casi dos tercios del costo de los siete hospitales móviles adquiridos durante la pandemia de Covid-19 —estimados en unos 1,200 millones de lempiras— y representa alrededor del 12 % del desfalco atribuido al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), calculado en 6,399 millones de lempiras.
El nuevo Congreso recibe una advertencia explícita. La opacidad, la improvisación y el clientelismo no desaparecen con el cambio de período. Sin mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas, los números seguirán existiendo, pero la ruta del dinero público continuará siendo un territorio vedado para la ciudadanía.
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