Un cerco múltiple sobre la Nicaragua sandinista: sanciones, deportaciones y presión en el primer año del segundo mandato de Donald Trump
- Redacción Central
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La administración republicana también extendió el castigo a empresarios acusados de facilitar la migración irregular. Las restricciones se dirigieron a propietarios y ejecutivos de compañías de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos, señalados de brindar servicios deliberados para ayudar a extranjeros a ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Estas medidas se adoptaron tras documentarse que Nicaragua funcionaba como un "trampolín" para migrantes del Caribe y de otras regiones, con beneficios económicos para el régimen del Frente Sandinista a través de cobros y multas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El primer año del segundo mandato no consecutivo de Donald Trump ha significado un endurecimiento integral de la política estadounidense hacia la Nicaragua sandinista, con consecuencias directas en los ámbitos migratorio, económico y diplomático. Las decisiones adoptadas desde Washington han configurado un escenario de presión sostenida sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al tiempo que han impactado de forma contundente a miles de familias nicaragüenses dentro y fuera del país centroamericano.
Deportaciones masivas, cancelación de vías de migración legal, aranceles inéditos en la región, sanciones personales y restricciones de visado forman parte de una estrategia que redefine la relación bilateral y coloca a Nicaragua en una posición de creciente aislamiento.
Deportaciones récord y cierre de vías legales
Desde la misma noche del 20 de enero de 2025, cuando Trump asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos, comenzaron a ejecutarse los primeros giros de política hacia Nicaragua. La suspensión inmediata de los programas de migración legal impulsados por la Administración de Joe Biden marcó el inicio de una etapa caracterizada por el cierre de opciones regulares y el aumento de las expulsiones.
El balance anual es contundente: 8,045 nicaragüenses fueron deportados de Estados Unidos durante 2025, una cifra sin precedentes, de acuerdo con datos de Human Rights First y de un funcionario del Departamento de Estado. Del total, 7,431 personas regresaron a Nicaragua en 67 vuelos de deportación, lo que representa un incremento del 158 % respecto al año anterior. Otros 614 connacionales fueron expulsados vía terrestre a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
El aumento de los vuelos comenzó a ser visible en abril de 2025, cuando se documentaron tres vuelos mensuales, rompiendo el promedio histórico de dos. Sin embargo, el punto más alto se alcanzó en el último cuatrimestre del año, entre septiembre y diciembre, período en el que se registraron cifras récord de hasta diez vuelos mensuales con deportados.
Paralelamente, Trump ordenó la suspensión del programa de "parole humanitario", que permitía a migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití residir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante dos años. También fue cancelado el programa de Movilidad Segura, una vía legal utilizada por nicaragüenses en condición de refugio. Ambos mecanismos habían sido diseñados por la administración anterior para contener la migración irregular que se intensificó desde 2021.
En esa misma línea restrictiva, el presidente estadounidense intentó eliminar definitivamente el Estatus de Protección Temporal (TPS). No obstante, este beneficio migratorio continúa vigente para Nicaragua tras una resolución judicial que determinó que no se valoró adecuadamente el contexto sociopolítico del país desde el estallido de la crisis de 2018.
El cerco se amplió aún más en enero de 2026, cuando Nicaragua fue incluida en un listado de 75 países a los que se les suspendió la emisión de visados de inmigración para residencia permanente. Según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, la medida busca impedir el ingreso de personas que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos en Estados Unidos.
Aranceles y castigo económico
La presión migratoria ha ido acompañada de un castigo económico sin precedentes recientes. En abril de 2025, la Administración Trump impuso a Nicaragua un arancel del 18 % a sus exportaciones, el más alto aplicado en Centroamérica y Latinoamérica, como parte de un plan arancelario de alcance regional.
A esta decisión se sumó la aprobación de un esquema arancelario gradual anunciado por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR). La medida, que entró en vigencia el 1 de enero de 2026, afecta a mercancías importadas que no se originan bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta). El nuevo arancel parte de un 0 % en 2026, aumentará al 10 % en enero de 2027 y alcanzará el 15 % en 2028, acumulándose con otros gravámenes existentes, incluido el arancel recíproco del 18 %.
Según el USTR, la decisión responde a la necesidad de abordar "las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con abusos de los derechos laborales, violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho". El mensaje es claro: la política comercial se utiliza como herramienta de presión política frente al deterioro democrático del país.
Restricciones de visado y sanciones personales
El viernes 18 de abril de 2025, Washington dio un nuevo paso al imponer restricciones de visado a 250 funcionarios del régimen sandinista, a quienes considera cómplices de violaciones a los derechos humanos y del destierro de opositores. Con esta decisión, el número total de funcionarios y operadores políticos sancionados por Estados Unidos superó los 2,000, según informó el secretario de Estado, Marco Rubio.
Aunque el gobierno estadounidense no publica los nombres de los sancionados, se sabe que las medidas alcanzan a personas del entorno cercano de Ortega y Murillo, diputados de la Asamblea Legislativa, fiscales, altos mandos policiales, jueces, alcaldes y algunos de sus familiares. La sanción migratoria se consolida así como un mecanismo de aislamiento personal y político.
La estrategia estadounidense también ha apuntado a sectores empresariales señalados de facilitar la migración irregular. La Administración Trump impuso restricciones migratorias a propietarios, ejecutivos y altos cargos de empresas de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos nicaragüenses acusados de colaborar deliberadamente en el traslado de migrantes hacia Estados Unidos.
El Departamento de Estado sostiene que Nicaragua fue utilizada como un "trampolín" para migrantes del Caribe y de otras regiones, y que el régimen se benefició económicamente mediante el cobro de "multas" por permitir el tránsito. En enero de 2025, Estados Unidos aseguró haber cerrado más de 70 rutas de vuelos chárter, incluidas conexiones entre Nicaragua, Cuba y Libia. "Nadie debe beneficiarse de los migrantes vulnerables: ni los traficantes, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos", enfatizó entonces la diplomacia estadounidense.
¿Apertura o mayor confrontación?
En este contexto de presión acumulada, el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) planteó recientemente la posibilidad de que el régimen de Ortega y Murillo explore una negociación con Washington, especialmente tras la caída de su aliado venezolano Nicolás Maduro. En un análisis generalista divulgado desde Costa Rica, el CETCAM interpretó el nombramiento del co-canciller Denis Moncada como encargado de negocios en Washington como un intento de abrir un canal de comunicación con Estados Unidos.
El informe subraya que la reacción del régimen ante la caída de Maduro fue inusualmente moderada, evitando referencias directas a Estados Unidos, y sugiere la existencia de contactos que podrían derivar en una negociación. También advierte que la pasividad de aliados como China y Rusia frente al desenlace venezolano habría reforzado la percepción en Managua de que su respaldo externo es limitado.
Según el CETCAM, el régimen del Frente Sandinista enfrenta un dilema: aferrarse a su retórica "antimperialista", asumiendo mayores presiones, o promover una apertura gradual que le permita mantenerse en el poder sin poner en riesgo intereses clave.
En ese escenario, sectores como la cúpula militar, empresarios afines o incluso cálculos de supervivencia política podrían alinearse en favor de una salida pragmática, incluso sin Rosario Murillo en el centro del poder.
Washington descarta el diálogo
Sin embargo, esta lectura contrasta con la visión del politólogo nicaragüense Manuel Orozco, quien sostiene que Estados Unidos no mantiene ni proyecta abrir canales de comunicación diplomática con el régimen sandinista. En un artículo publicado en Confidencial, Orozco afirma que Nicaragua figura en una lista de gobiernos "indeseables" para la Casa Blanca, que dispone de múltiples opciones para incrementar la presión.
Desde esta perspectiva, la política exterior estadounidense responde a prioridades estratégicas y no a gestos tácticos del régimen.
Washington observa a Nicaragua como un foco de preocupación por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sus vínculos con regímenes autoritarios y su rol en los flujos migratorios. Trump y Rubio, añade Orozco, consideran al país un refugio de actores que representan amenazas para Estados Unidos.
El análisis destaca además la profunda dependencia económica de Nicaragua respecto a Estados Unidos: más de la mitad del comercio exterior, cerca del 80 % de las remesas y una parte clave del turismo dependen del mercado estadounidense. Esta vulnerabilidad, lejos de disminuir, se ha acentuado durante los años de Ortega y Murillo, impulsada por la migración masiva y la expansión de zonas francas controladas por empresas vinculadas al poder.
En este escenario, una provocación menor podría desencadenar nuevas medidas, desde restricciones en la venta de hidrocarburos hasta presiones directas sobre el Ejército. Para Orozco, 2026 será un año decisivo, en la antesala de las elecciones de 2027, con una Casa Blanca decidida a endurecer su postura frente a las dictaduras de la región. Nicaragua, concluye, está en la mira y el margen de maniobra del régimen se reduce cada vez más.
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