Uso de poder, fondos públicos y presión institucional desde el oficialismo hondureño
- Redacción Central
- 23 jun
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Actualizado: 6 jul
El diputado Obed López, de Libertad y Refundación (LIBRE), aseguró que "el pueblo debe acostumbrarse" a las movilizaciones masivas como forma de presión legítima. Defendió así el llamado a tres días de protestas —del 26 al 28 de junio de 2025— hecho por la presidenciable Rixi Moncada y el exmandatario Manuel Zelaya, esposo de la presidenta Xiomara Castro y asesor del Ejecutivo. La movilización, convocada en conmemoración del golpe de Estado de 2009 que derrocó a Zelaya, busca también posicionarse "contra el fraude" ante las elecciones generales de noviembre.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
A pocos meses de las elecciones generales de 2025, Honduras vive una peligrosa fusión entre poder político, institucionalidad electoral y recursos públicos. En las últimas semanas, una cadena de hechos ha revelado el uso de mecanismos estatales para proteger a figuras del oficialismo, el desvío de fondos con fines partidarios y una creciente presión desde el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE) hacia la estructura institucional del país centroamericano.
Uno de los episodios más inquietantes involucra al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien intentó bloquear la participación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) como observador en las elecciones primarias. En el oficio CV-CNE-153-2025 de hace algunos meses, Ochoa acusó al CNA de orquestar una campaña de odio y calumnias en su contra y en contra de la entonces precandidata presidencial Rixi Moncada. La organización de la sociedad civil había presentado una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por presunta malversación de caudales públicos, acompañada de una campaña digital donde ambos aparecían rotulados como "Denunciado" y "Denunciada". Ochoa alegó que esta exposición vulneraba su derecho a la presunción de inocencia, y solicitó que el pleno del CNE emitiera un pronunciamiento en rechazo al CNA y vetara su participación como observador electoral.
A pesar de que su solicitud no fue atendida por el pleno, el intento de exclusión generó preocupación entre sectores independientes. Para muchos, se trató de un intento por utilizar la autoridad electoral para blindar a una figura afín, especialmente cuando el propio Ochoa advirtió que el CNA había utilizado imágenes de la papeleta electoral de Moncada, lo cual —según su interpretación— violaba la Ley Electoral. Además, pidió la conformación de una comisión que evaluara si las acciones de la directora del CNA, Gabriela Castellanos, podían tipificarse como violencia política, de género o difamación agravada. La propuesta generó reacciones adversas por el uso del aparato electoral para intimidar a una entidad de contraloría ciudadana.
Pero el intento de blindaje institucional es apenas un componente de una estructura más compleja. Una conversación telefónica filtrada entre la diputada Isis Cuéllar y el secretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, este lunes 23 de junio de 2025, expuso un presunto desvío de fondos públicos con fines proselitistas. En el audio, Cuéllar afirma haber entregado kits de sonido, sillas, carpas, mesas y equipos de sublimado —valorados en más de 125 mil lempiras cada uno— a 15 coordinaciones de LIBRE. La compra de esos materiales habría sido financiada, según su propio testimonio, con cheques otorgados por Cardona, quien validó la operación. El funcionario, además, se refirió en tono ofensivo a Lilian Montúfar, candidata a alcaldesa en Nueva Arcadia, Copán, quien habría rechazado uno de esos cheques argumentando principios éticos. "Yo ya sé la estrategia que vos habías manejado con esos cheques", expresó Cardona a la diputada, lo que sugiere una coordinación deliberada del uso clientelar de recursos del Estado. Hasta ahora, ni Cuéllar ni Cardona han ofrecido explicaciones públicas. La Fiscalía tampoco ha brindado declaraciones al respecto.
En paralelo, hoy, colectivos oficialista tomaron las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), exigiendo empleos para sus bases. En declaraciones ante medios locales, las y los manifestantes denunciaron incumplimientos por parte de las autoridades y amenazaron con desalojar al personal si la ministra Laura Suazo no atendía sus demandas. "No hay respeto a la base", afirmaron, como si fuera un derecho político. La ocupación, aunque pacífica, fue una muestra más del uso de presión directa por parte del oficialismo para forzar cuotas de poder dentro del Estado. La presencia de la Policía Nacional buscó evitar confrontaciones, pero el trasfondo del reclamo exhibe una dinámica en la que el Estado se convierte en botín de reparto político.
En este contexto, las movilizaciones masivas convocadas por Rixi Moncada y el exmandatario y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, para los días 26, 27 y 28 de junio, parecen la antesala de una escalada mayor. La conmemoración del golpe de Estado de 2009 ha sido utilizada como argumento simbólico para movilizar a la militancia de LIBRE en todo el país, en lo que Zelaya ha calificado como una "jornada de resistencia contra el fraude". Diputados como Obed López defendieron la iniciativa e incluso señalaron que "el pueblo tiene que acostumbrarse" a estas movilizaciones. Aunque se anunció que serían en horarios posteriores a la jornada laboral, el mensaje es claro: la calle será nuevamente un terreno de disputa política e ideológica.
Estos hechos no solo ilustran un patrón de instrumentalización de recursos públicos, instituciones y movilización partidaria. También evidencian cómo el aparato estatal se alinea cada vez más con los intereses de una sola fuerza política. A cinco meses de los comicios generales, la delgada línea entre gobierno, partido y Estado parece más borrosa que nunca.
Por otro lado, la advertencia sobre un posible plan de desestabilización institucional cobró fuerza tras las declaraciones del diputado opositor Tomás Zambrano, quien señaló que las movilizaciones masivas convocadas por Libertad y Refundación son apenas el inicio de una escalada diseñada para prolongar su permanencia en el poder. A juicio del congresista del Partido Nacional de Honduras (PNH), el verdadero jefe del país es el expresidente Manuel Zelaya, a quien acusó de dirigir maniobras desesperadas por saber que su partido no lograría una victoria legítima en las urnas. "Esto va a ir escalando hasta tomar decisiones radicales, porque saben que no tienen forma de ganar democráticamente", sentenció.
Zambrano también advirtió que LIBRE estaría dispuesto a boicotear el proceso electoral e incluso desconocer los resultados de los comicios del domingo 30 de noviembre de 2025. En una declaración que anticipa un escenario de alta tensión, afirmó que si su candidata no resulta ganadora, se autoproclamará presidenta legítima el 27 de enero de 2026, desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral. El legislador alertó que el país podría entrar en una crisis de gobernabilidad a partir de diciembre, marcada por una narrativa de fraude desde el oficialismo y una ocupación paralela del poder, como parte de un intento por consolidar un régimen sin alternancia.
En ese sentido, las señales de concentración de poder se extienden al ámbito diplomático. La administración de Xiomara Castro oficializó el ingreso de 20 figuras vinculadas a LIBRE al Servicio Diplomático y Consular sin someterse al examen de ley. El decreto, publicado en La Gaceta - Diario Oficial el sábado 14 de junio de 2025, incluye a exfuncionarios de alto perfil como la excanciller Patricia Rodas, el canciller Efraín Bu Soto, el exministro Edmundo Orellana y el actual vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino. El argumento legal esgrimido por el Ejecutivo fue el de "notoria experiencia", pero la medida ha sido interpretada por sectores críticos como un uso discrecional del aparato estatal para asegurar cuotas de poder en el exterior, bajo una figura legal ambigua y sin rendición de cuentas pública. La decisión ha generado controversia, sobre todo en un contexto preelectoral donde la legitimidad institucional está siendo cuestionada desde dentro y fuera del país.
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