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Violencia coordinada, cárceles desbordadas y disputa por el poder institucional: la ofensiva del Barrio 18 que sacudió al Estado guatemalteco

Las investigaciones policiales en curso refuerzan la hipótesis de una ofensiva planificada. En los últimos cinco meses, las autoridades habían intensificado pesquisas contra el Barrio 18, incluyendo la incautación de armas destinadas a cabecillas recluidos en Renovación 1, la detección de planes de fuga y la ocupación de viviendas y comercios cercanos a ese centro penitenciario por parte de miembros de la pandilla. Los ataques del domingo 18 de enero de 2026 ocurrieron en zonas donde operan al menos ocho de las 37 clicas identificadas del Barrio 18: Crazy Rich, Solo Raperos, Solo Para Locos, Los Carnales, Los Crazy Gangsters, Columbia Little Saycos, Crazy Chapin y Little Psycho Criminal.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

Ciudad de Guatemala, Guatemala
Oficiales de la Policía Nacional de Guatemala requisan a un joven durante un retén | Fotografía de Agencia Guatemalteca de Noticias
Oficiales de la Policía Nacional de Guatemala requisan a un joven durante un retén | Fotografía de Agencia Guatemalteca de Noticias

La secuencia de hechos violentos registrada en Guatemala entre el 17 y el 18 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la relación entre el Estado y las estructuras criminales que operan desde el sistema penitenciario. Motines simultáneos en al menos tres centros de privación de libertad, seguidos por una serie de ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el área metropolitana, evidenciaron un nivel de coordinación y capacidad operativa que, según analistas, trasciende la criminalidad común y se inscribe en un escenario de desestabilización política con implicaciones institucionales de largo alcance.


El saldo fue contundente: doce ataques armados en distintos puntos del país centroamericano, nueve agentes policiales fallecidos y al menos diez uniformados heridos. A partir de estos hechos, el Organismo Ejecutivo decretó estado de Sitio a escala nacional, una medida excepcional que refleja la gravedad del momento y el reconocimiento de que la amenaza no se limita al ámbito de la seguridad pública, sino que compromete la gobernabilidad y la estabilidad democrática.


Una violencia con patrón y objetivos


Los disturbios comenzaron el sábado 17 de enero con motines en los centros penitenciarios Renovación 1, Fraijanes 2 y el sector 11 del Preventivo para Hombres de la zona 18. Un día después, la violencia se trasladó a las calles mediante ataques dirigidos específicamente contra la PNC, ejecutados por integrantes del Barrio 18. Para el coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias, esta secuencia no responde a hechos aislados ni a reacciones espontáneas, sino a un esquema planificado que persigue objetivos políticos concretos.


Asturias sostiene que las pandillas funcionan como instrumentos de "actores políticos autónomos" interesados en erosionar la capacidad del Estado y condicionar los procesos de elección de segundo grado previstos para este año. Estos comicios definirán a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas, entidades clave para el equilibrio institucional, la fiscalización del poder y la continuidad democrática.


Desde esta perspectiva, la violencia busca crear un clima de inestabilidad que influya en las decisiones que deberán tomarse para la renovación de dichas instituciones, con una mirada puesta en el escenario electoral de 2027. Asturias advierte que este accionar forma parte de una estrategia más amplia de debilitamiento institucional, orientada a preservar o recuperar el control sobre instancias decisivas del sistema de justicia.


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