Ante la caída de Maduro, la Managua sandinista se alinea con Caracas con pronunciamientos cautelosos y sin compromisos concretos
- Jairo Videa
- 3 days ago
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La reacción nicaragüense al ataque y a la captura de Nicolás Maduro revela una estrategia comunicacional medida y extremadamente cautelosa: un lenguaje de solidaridad y defensa de la "soberanía" que evita, por ahora, pasos diplomáticos que pudieran escalar el conflicto o implicar respuestas concretas. No hay rupturas ni reclamos directos. A la vez, la existencia de documentos judiciales y de análisis internacionales que conectan a actores del entorno chavista con flujos ilícitos sitúa a Nicaragua en una narrativa más amplia, en la que la geografía, las redes de complicidad y la política exterior convergen y aumentan el interés de Estados Unidos y de instituciones de seguridad hemisférica por lo que ocurra en Managua.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Caracas, Venezuela
El ataque aéreo de la madrugada del sábado 03 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, cuando permanecían en "un refugio seguro", y su posterior traslado para responder ante la justicia estadounidense, sacudió de inmediato el tablero político y social regional. Entre las primeras reacciones estuvo la del régimen nicaragüense, que se apresuró a emitir un comunicado el propio día de la intervención militar, por la tarde.
Sin embargo, lejos de un pronunciamiento rotundo o una hoja de ruta diplomática definida, el mensaje optó —según periodistas y analistas centroamericanos consultados por COYUNTURA— por una retórica prudente y ambigua, enmarcada en llamados generales a la paz y la soberanía.
El documento, difundido por los canales oficiales sandinistas y sin firma visible, apeló a la "dignidad de los pueblos" y denunció que "la paz ha sido profundamente herida". Nicaragua se adhirió al supuesto "clamor mundial" por el respeto a la soberanía venezolana y respaldó la exigencia de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez —ahora presidenta interina— de "defender la verdad, la justicia y la vida". No obstante, el comunicado evitó detallar acciones diplomáticas, mecanismos multilaterales o iniciativas de presión coordinada.
Pese a exigir la liberación inmediata de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el texto omitió compromisos verificables. Ni menciones directas a convocatorias de organismos regionales ni referencias a alianzas vigentes. El hecho de que el pronunciamiento no llevara la firma explícita de Daniel Ortega ni de Rosario Murillo subrayó su cautela. "Una postura que intenta expresar solidaridad sin elevar el costo político, de seguridad o diplomático ante un escenario todavía incierto y en escala", explica una politóloga guatemalteca.
Minutos después de la declaración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la Cancillería venezolana amplificó el vínculo bilateral. El ministro de Exteriores, Yván Gil, aseguró haber sostenido una "conversación enriquecedora" con Ortega y Murillo, a quienes describió como defensores firmes de la soberanía venezolana. De acuerdo con el relato divulgado, ambos habrían condenado "enérgicamente" la operación militar y reiterado su compromiso con "la paz regional".
Ese intercambio permitió a Caracas proyectar continuidad en sus alianzas, pese al colapso súbito del poder que encabezaba Maduro. Para Managua, en cambio, el gesto volvió a situarla en el eje político que, desde hace años, ha articulado resistencias comunes a Washington y ha tejido redes de cooperación económica, diplomática y militar.
Honduras, Cuba, España, México, Colombia y Brasil, del bloque izquierdista, también exigieron el cese de las hostilidades por parte de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.).
Acusaciones judiciales y ecos sobre Managua
En paralelo, la acusación judicial que pesa sobre Maduro, revisada por el equipo de esta Redacción, abre un flanco que roza directamente al régimen nicaragüense. La Fiscalía estadounidense sostiene que, durante una reunión de 2009 que habría involucrado a Maduro —cuando aún era canciller—, a Diosdado Cabello y a Hugo Carvajal, se coordinó el traslado de cuatro toneladas de cocaína de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hacia Estados Unidos, con escalas en Nicaragua y México.
La narrativa judicial encuadra el episodio dentro de un entramado mayor: el uso de canales diplomáticos para garantizar el tránsito de cargamentos ilícitos, y la supuesta incidencia sobre crisis políticas, sociales e institucionales que pudieran perturbar esas rutas. Aunque Managua rechaza de plano cualquier complicidad estatal, el caso revive sospechas de larga data sobre la utilización del territorio nicaragüense como corredor.
Informes y análisis independientes del Center for Strategic and International Studies (CSIS) e InSight Crime han descrito a Nicaragua como un "punto logístico viable" para el tráfico procedente de Venezuela. A estas conclusiones se suman denuncias sobre circuitos de oro, triangulaciones comerciales para el petróleo y mecanismos para aliviar los efectos de sanciones internacionales.
En ese contexto, episodios como las importaciones irregulares de oro venezolano y la opacidad en los esquemas de cooperación económica han alimentado la percepción de sinergias de conveniencia entre Caracas y Managua, cuando el FSLN obtiene el mayor número de ganancias de su historia. El propio Donald Trump, durante su primer mandato, colocó a Ortega en el mismo espectro de "narco-terrorismo" que ha atribuido a la cúpula chavista.
Un vínculo con raíces más profundas
La controversia actual encuentra eco en antecedentes históricos. Testimonios como el del exnarcotraficante colombo-alemán Carlos Lehder, recogidos en su libro publicado en 2024, describen presuntos acuerdos durante los años ochenta para facilitar el paso de droga por países como Nicaragua, Cuba, Panamá y Bahamas a cambio de sumas millonarias. El relato conecta aquellos años con prácticas que —según los investigadores— persistieron bajo nuevas modalidades.
El sandinismo, por su parte, niega de manera sistemática esos señalamientos. Ortega suele enmarcar la "guerra contra las drogas" como una herramienta geopolítica diseñada para deslegitimar proyectos políticos alternativos y socialistas, y recalca que cualquier actividad criminal responde a carteles externos.
La captura de Maduro también reconfigura el discurso político en Estados Unidos. Carlos A. Giménez, congresista republicano por Florida y figura clave en debates sobre seguridad hemisférica, celebró la caída del líder chavista y sugirió que los regímenes de Cuba y Nicaragua podrían enfrentar presiones similares. Su mensaje proyecta una lectura de oportunidad histórica: un continente que, a su juicio, podría virar hacia una mayor apertura democrática.
Las declaraciones coincidieron con el anuncio del propio Donald Trump, quien describió la operación militar como un despliegue "a gran escala", "brillante", "de película", mientras Nicolás Maduro y su mujer —diputada oficialista en Venezuela— ya son procesados en Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo. El presidente republicano advirtió, además, que no permitirá que figuras cercanas al chavismo retomen el poder.
Prudencia calculada en Managua, y más vigilancia
Frente a este panorama, el comunicado de la monarquía nicaragüense queda como una pieza reveladora: expresa solidaridad, pero se mueve en el terreno de los principios abstractos. No promete mediaciones, no convoca aliados, no define una estrategia.
La moderación parece responder a dos dinámicas simultáneas: el afán de mantener coherencia ideológica con Caracas y, al mismo tiempo, el intento de evitar una exposición excesiva ante acusaciones que podrían aumentar. En un contexto de tensión regional y revisiones judiciales que cruzan fronteras, cada palabra pesa.
Por ahora, Nicaragua apuesta por el discurso —no por el movimiento— y observa cómo el tablero se reordena tras la caída del principal aliado del eje bolivariano.
En el escenario multilateral, la voz más clara de Managua no provino del binomio presidencial sino de su representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Jaime Hermida utilizó la sesión urgente del Consejo de Seguridad el día de ayer para exigir la "liberación inmediata" de Nicolás Maduro y Cilia Flores, alineándose explícitamente con el discurso de Delcy Rodríguez. El diplomático repitió, casi palabra por palabra, la retórica del comunicado oficial de Managua —"la paz ha sido profundamente herida"— y reforzó la idea de América Latina como "zona de paz", rechazando los bombardeos estadounidenses que inutilizaron instalaciones estratégicas en Caracas y provocaron víctimas aún no cuantificadas en total.
Por otro lado, mientras el mensaje exterior apela a la hermandad y la soberanía, hacia dentro del país centroamericano el régimen del FSLN activó mecanismos de control político y territorial. Fuentes consultadas por este medio señalan que estructuras sandinistas fueron movilizadas en barrios, municipios y departamentos para vigilar desde el lunes 05 de enero de 2025 "el clima social" y, de forma particular, las redes sociales digitales y los medios independientes en el exilio, último reducto de expresión crítica dentro de Nicaragua.
El despliegue incluye ya patrullajes combinados de Policía y Ejército, bajo la coordinación del comisionado Francisco Díaz y del general Julio César Avilés, ambos siguiendo instrucciones directas desde El Carmen. Con esta arquitectura de mando, el sandinismo busca blindarse ante nuevas fisuras internas y sofocar cualquier gesto de protesta, al tiempo que refina su demostración de fuerza: una marcha prevista para el sábado 10 de enero de 2026, con motivo de los 19 años del FSLN en el ahora Órgano Ejecutivo. La coincidencia entre vigilancia, movilización partidaria y retórica internacional revela un mismo objetivo: proyectar cohesión en medio de la incertidumbre que abre el derrumbe del chavismo.
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